Seis consejeros del Cabildo de La Palma van camino de conseguir la ruptura en el Partido Socialista Canario-PSOE. Fueron expulsados por la dirección federal en diciembre de 2013 tras pactar el gobierno de la Isla con el Partido Popular, a pesar de las advertencias que en persona hizo Alfredo Pérez Rubalcaba y de las promesas de los rebeldes de no hacerlo. Pero están pudiendo más las presiones internas que ejercen sectores del partido aglutinados en torno a los críticos al secretario general regional, José Miguel Pérez, vicepresidente del Gobierno, y del equipo de la candidata a la Presidencia del Gobierno, Patricia Hernández, elegida en primarias en noviembre de 2014. Alegan el daño electoral (entre uno y dos diputados regionales menos,calculan) que podría sufrir el partido si se mantiene la expulsión disciplinaria.
Entre los expulsados del PSOE de La Palma se encuentra el secretario general de la formación en la Isla, Anselmo Pestana, que se hizo con la presidencia del Cabildo en noviembre de 2013 al encabezar junto al Partido Popular una moción de censura contra la presidenta, Guadalupe González Taño, de Coalición Canaria. Unos meses antes, los nacionalistas habían destituido sin miramientos y sin más razones que las puramente tácticas, a los socialistas del gobierno insular, que mantenían en coalición desde las elecciones locales de 2011.
En el fondo del conflicto palmero subyacen las viejas rencillas entre socialistas y nacionalistas tras mandatos y mandatos de poder absoluto de Coalición Canaria (a través de su franquicia local, la Agrupación Palmera de Independientes) y situaciones de persecución y humillación a los dirigentes del PSOE. A ese ambiente poco propicio se sumó el pacto que en el contexto regional firmaron Paulino Rivero (CC) y el secretario general del PSOE canario, José Miguel Pérez, actual vicepresidente del Gobierno y miembro de la Ejecutiva Federal de Pedro Sánchez. Ese pacto, que devolvía a los socialistas al poder regional tras 16 años ininterrumpidos de gobiernos conservadores de CC con el PP, no agradó a toda la organización nacionalista, y en algunas plazas donde se impuso el acuerdo regional, pronto empezaron las desavenencias.
El Cabildo de La Palma fue escenario de una de las más sonadas tras la expulsión inopinada de los socialistas de las áreas que ocupaban. Su reacción casi inmediata fue la de promover una moción de censura con el Partido Popular, prohibida expresamente por la dirección federal. Pérez Rubalcaba mantuvo varias conversaciones –una de ellas en La Palma- con Anselmo Pestana para prohibirle expresamente que celebrara ese pacto con el PP porque podía poner en peligro la integridad del acuerdo del Gobierno regional. Pestana prometió que no lo haría, pero incumplió su promesa presionado por los suyos y abrazando la doctrina general que habla de que este tipo de expedientes se acostumbran a saldar en el PSOE con la amnistía.
Pero no fue así, o al menos no lo había sido así hasta finales de 2014, coincidiendo con la elección de Patricia Hernández en primarias abiertas como candidata del PSOE a la Presidencia de Canarias. Durante su campaña, la hoy diputada nacional por Santa Cruz de Tenerife había prometido a sus compañeros palmeros que lograría su readmisión si a cambio ellos lograban en La Palma un apoyo significativo a su candidatura, tanto entre militantes como simpatizantes. Una vez conseguido su objetivo, Patricia Hernández se puso manos a la obra. Además de presionar a Ferraz de manera contumaz, hizo que los siete secretarios insulares del PSOE firmaran un manifiesto de apoyo a esa readmisión, y no ha cesado de reclamarla pública y orgánicamente en Canarias.
Los motivos formales para solicitar que los seis palmeros sean readmitidos son puramente electorales. El PSOE teme perder entre uno y dos diputados por la isla de La Palma, lo que complicaría sus maltrechas expectativas electorales, complicadas por la irrupción de Podemos. Pero en el trasfondo late una vieja operación contra el secretario general regional, José Miguel Pérez, al que se acusa de no haber hecho “vida de partido” y de no haber rentabilizado adecuadamente estos casi cuatro años de Gobierno regional.
Al día siguiente de ser proclamada oficialmente candidata del PSOE a las elecciones autonómicas, tras un polémico proceso de captación de votos de simpatizantes que fue puesto durante 48 horas en entredicho por Ferraz, Patricia Hernández ya estaba pidiendo un congreso extraordinario que la proclamara a ella secretaria general, vía primarias entre militantes. Pero la actual dirección regional del partido ha pospuesto cualquier proceso interno a después de las elecciones de mayo en evitación de desgastes mayores.
Desde su elección como candidata, Patricia Hernández y el también diputado Sebastián Franquis, amigo de Pedro Sánchez y uno de los más destacados opositores a José Miguel Pérez, han ejercido una fuerte presión sobre Ferraz para que amnistiara a los seis palmeros rebeldes. Ha habido muchas negociaciones sin acuerdo, entre otras cosas porque los seguidores de Pestana se han negado a aceptar una condición que al principio parecía innegociable: que rompieran en enero con el PP palmero para así poder tramitar su readmisión.
La dirección federal, donde se sienta como secretario de Educación José Miguel Pérez, parece conformarse ahora con que los rebeldes se comprometan a cumplir con los pactos que se les indiquen después de las locales de mayo. En unos días se conocerá su resolución y la situación en la que Pedro Sánchez y César Luena secretario de Organización, dejan a José Miguel Pérez y a los que, junto a él, han defendido en Canarias las resoluciones disciplinarias adoptadas en la sede federal del PSOE.
Las encuestas otorgan al PSOE canario entre doce y catorce diputados (estos son los que tiene en la actualidad), lo que le mantendría como tercera fuerza política por debajo de Coalición Canaria y el Partido Popular, que perderían muchos más apoyos electorales (de 21 a entre 13 y 15 diputados, en el caso del PP, y de 21 a 17, en el caso de CC). Los socialistas tienen actualmente dos diputados por la circunscripción de La Palma.
Pero la brecha abierta en esta isla por problemas disciplinarios no es la única. En La Gomera, sin ir más lejos, el poderoso dirigente local Casimiro Curbelo amenaza con presentarse por un nuevo partido si finalmente el PSOE no le permite concurrir a las elecciones de mayo por su imputación en un caso de presunto enriquecimiento ilícito. Su Agrupación Socialista Gomera, partido registrado hace mucho tiempo, mantendría al menos uno de los dos diputados que los socialistas tienen por la Isla, lo que se le restaría a la marca federal.