El real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros este miércoles para hacer frente al impacto económico de la crisis de Ucrania incluye una liberalización de la instalación en Canarias de las plantas regasificadoras, a las que hasta ahora había renunciado el Gobierno de la comunidad autónoma.
Se trata en concreto de la disposición final cuarta del decreto, que añade una nueva coletilla al artículo 55 de la Ley del Sector de Hidrocarburos de 1988, que en su redacción original eximía de la obligación de obtener autorización administrativa a las instalaciones energéticas “necesarias para la defensa nacional consideradas de interés militar”.
Ese artículo también exime de autorización administrativa a “las plantas de regasificación ubicadas en el archipiélago canario que tengan como uso principal alimentar a instalaciones de generación de energía eléctrica, pudiendo tener usos secundarios como la alimentación a puertos y a buques”.
Hasta el comienzo de esta legislatura, estaba previsto construir dos plantas de regasificación en Canarias, una en Tenerife y otra en Gran Canaria, las dos islas con más población, cercanas al millón de habitantes cada una, y con mayor actividad económica.
Sin embargo, ese proyecto se ha encontrado con la oposición frontal del Cabildo de Gran Canaria, presidido por Antonio Morales (Nueva Canarias), que lleva dos mandatos defendiendo que el gas es innecesario para la isla y que las plantas solo servirían para retrasar la apuesta de su corporación por las energías renovables.
En la última legislatura, NC se ha incorporado al Gobierno de Canarias como socio del PSOE y ha trasladado esos mismos postulados al cuatripartito que conforma el Ejecutivo, hasta el punto de que el pasado 4 de junio el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, del PSOE, afirmaba en el Parlamento que no estaba prevista ya “ninguna regasificadora” en Canarias, en respuesta a las dudas de si se iba a instalar o no la anunciada tiempo atrás para el puerto de Granadilla, en Tenerife.
Valbuena hacía esas declaraciones casi al mismo tiempo que el PP presentaba una moción en el Cabildo tinerfeño, donde también gobierna el PSOE, para reclamar que sí se construya la planta de regasificación del puerto de Granadilla.
El diputado de Nueva Canarias en el Congreso, Pedro Quevedo, ha anunciado este jueves su oposición a esa disposición adicional y el presidente del Cabildo de Gran Canaria, su compañero de partido Antonio Morales, ha convocado una rueda de prensa urgente.