La derecha canaria se ha quitado la careta a año y medio de las elecciones: ya no es solo Vox, también el Partido Popular (PP) y su escisión, Unidos por Gran Canaria (UxGC), han apoyado una manifestación de vecinos de uno de los barrios con mayor renta bruta de Las Palmas de Gran Canaria, que reclamaron el pasado 13 de noviembre más vigilancia y control porque dicen que los recursos para menores extranjeros no acompañados en el barrio están generando una sensación de inseguridad. Coalición Canaria (CC), aunque no estuvo presente en la protesta, se ha sumado con un comunicado en el que hace suya la misma petición de los residentes, pero para evitar que crezca el discurso racista y xenófobo. Tan solo Ciudadanos, que continúa tratando de no desaparecer en Canarias, ha faltado a la cita.
“¡Basta ya! Tafira no aguanta más”; “inseguridad en las calles” o “queremos la tranquilidad que teníamos”, fueron algunos de los carteles que pudieron leerse durante la manifestación. Berta Herrera, presidenta del colectivo, sostiene que en los 40 años que lleva viviendo en Tafira “nunca, jamás” había vivido una situación similar. Herrera dice que hace “más o menos dos años” se producen altercados con relativa frecuencia en el barrio, que se han incrementado en los últimos meses, coincidiendo, añade, con la apertura de nuevos recursos para menores extranjeros: “Nos asaltan por la calle; entran en nuestras casas, en nuestro jardín; nos interpelan; roban; queman contenedores. En fin, un infierno. Cada vez vamos a peor. Esto es el Bronx”.
Herrera defiende que no es “ni xenófoba”, ni está en contra “de ayudar a la gente que lo necesita”, pero “lo que no puede ser es que para que vivas tú, me pongas la pierna encima a mí”. Por ello, reclama a las administraciones que “cumplan con su obligación, que es vigilar que esos centros funcionen como deberían funcionar”. Estas peticiones han sido ampliamente atendidas entre el PP, Vox y UxGC, que además de acudir a la protesta se han comprometido a llevar a cabo diversas acciones. Enrique Hernández Bento, exdelegado del Gobierno en Canarias con el PP y ahora candidato a la alcaldía con UxGC, explica que el partido respalda la manifestación porque la seguridad es uno de los pilares de su programa para Las Palmas de Gran Canaria.
“Hay mayor inseguridad y sensación de inseguridad, es evidente, no hay presencia policial suficiente”, señala Hernández Bento, quien remarca que vive en Tafira y dice que ha presenciado una pelea de “un grupo de 10 o 15 niños” en una parada de guagua a la que se dirigía. “¿Eso es esporádico? No lo sé. ¿No ponen denuncias? Yo no pongo una denuncia por ver a 15 personas pegándose. La inseguridad es una cuestión muy subjetiva”, añade. En este punto, matiza que “el problema” no lo achaca a los menores extranjeros, sino a que no se les presta la atención debida porque estima que en Gran Canaria no hay capacidad de atenderlos correctamente.
Bento también puntualiza que no solo han hablado con los vecinos, también con directores de centros, que le han trasladado que hay recursos que funcionan bien, pues los niños y niñas “están bien supervisados, controlados y escolarizados”, pero otros no tienen medios para “atenderlos correctamente” y los menores “se escapan, están por la calle y no tienen nada que hacer”. Por ello, además de reclamar la repatriación de los chicos y chicas “que generen violencia”, también solicita que se modifique la Ley de Extranjería para establecer cupos entre autonomías y atender a los menores de forma equitativa. Una petición que, dice, no pueden hacer ni Vox ni el PP porque, al ser de ámbito nacional, “ninguno quiere el problema en su casa”.
El Partido Popular no ha atendido a Canarias Ahora y se remite a los comunicados y publicaciones que ha realizado sobre el asunto. En un video lanzado en sus redes sociales, el portavoz municipal del partido, Ángel Sabroso, sostiene que los vecinos de Tafira están viviendo “una problemática seria” y por ello su formación quiso mostrar su apoyo al acudir a la manifestación. Recordaba que en mayo de este año presentó un escrito al Consistorio para que corroborara si se ajustaba a la normativa urbanística la habilitación de los recursos alojativos en el barrio, que amplió en noviembre adjuntando la dirección de todos los inmuebles que, según defendía en el documento, “no reúnen los requisitos” para acoger menores.
En concreto, el PP solicitaba que la Dirección General de Edificación y Actividades llevara a cabo inspecciones en los inmuebles habilitados en Tafira para menores porque “estarían siendo utilizados de forma irregular (…) en viviendas unifamiliares que han sido objeto de obras e instalaciones modificadoras de la realidad urbanística previa”. El partido pedía que la Concejalía de Urbanismo comprobara las condiciones de higiene, el número de plazas, la seguridad o si se había llevado a cabo alguna modificación. En una primera respuesta del 21 de octubre, el Consistorio respondió que se dirigirá a la Consejería de Derechos Sociales para que le informe sobre la actividad denunciada por el PP y, en su caso, comunique si cuenta con autorización pertinente.
En el ámbito de sus competencias, el Ayuntamiento reconoció que ha constatado la ampliación de contenedores en una de las parcelas sin licencia ni título autorizado, por lo que formuló una propuesta con informe técnico negativo. También refleja que no se le permitió la entrada al recurso y desconoce más obras que hayan sido realizadas ni la cantidad de personas acogidas. Respecto al resto de recursos alojativos mencionados por el PP en su escrito, la Dirección General de Edificación y Actividades dice que no le constan otras denuncias de vecinos al respecto y añade que estudia junto a la Policía Local llevar a cabo “las inspecciones necesarias para determinar la procedencia de la incoación de expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística”.
Además de estos escritos, el PP ha presentado una moción en el Ayuntamiento para debatir el próximo 26 de noviembre “la situación que está viviendo Las Palmas de Gran Canaria ante la aglomeración de centros improvisados para albergar menores extranjeros no acompañados”. A dicha cita acudirán vecinos de Tafira y el partido incide que “la situación en el barrio es especialmente grave”, por lo que propone al Ayuntamiento que elabore un plan especifico de seguridad para las zonas donde se ubiquen recursos alojativos para niños y niñas migrantes; que inspeccione los inmuebles para constatar que se cumple con la legalidad y las condiciones de seguridad e higiene necesarios o que solicite al Gobierno de Canarias toda la información posible sobre los espacios habilitados en la ciudad.
En Tafira habitan más de 4.200 personas y la renta bruta media según su código postal (CP) es de 41.049 euros, mientras que la media nacional se sitúa en 35.000 euros; de los 20 CP existentes en la capital, solo Ciudad Jardín (62.618 euros) y Triana (44.796) están por encima. Y en el barrio y alrededores existen un total de doce recursos para menores. Seis son del Cabildo de Gran Canaria, dos gestionados directamente por la Corporación Insular y cuatro a través de ONG como Quorum Social 77, Mundo Nuevo y Fundación Diagrama, con entre 10 y 20 plazas cada uno y mixtos, es decir, conviven niños y niñas nacionales y extranjeros. El Gobierno de Canarias gestiona los otros seis recursos, a través de Quorum Social 77; Mundo Nuevo, Fundación SAMU; Fundación Respuesta Social Siglo XXI y Asociación Oportunidades de Vida
Iratxe Serrano, directora general de Protección a la Infancia y la Familia, dice que puede entender “que exista preocupación o miedo” por parte de los vecinos y reconoce que “ha habido cuestiones puntuales en momentos determinados que han podido generar conflicto”, pero “están más que solventadas”. Además, recuerda que en los recursos, mayoritariamente con edades entre los 16 y 18 años, hay horarios de entrada y de salidas, actividades escolares y extraescolares o deportivas. “No todo lo que pueda pasar en esa zona tiene que ver con los menores. Ni de lejos”.
Por su parte, la consejera de Gobierno de Política Social y Accesibilidad en el Cabildo, Isabel Mena, explica que los centros de la Corporación Insular “llevan muchos años instalados y nunca ha habido problemas, más allá de los propios roces que puede haber entre adolescentes que vivan en cualquier comunidad, son hogares estables”. Dice que ha escuchado “que han aumentado los delitos en Tafira”, pero considera que es una percepción subjetiva porque “según los datos que aportan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, en el último año no han aumentado los índices de criminalidad, ni de robos, ni de hurtos”.
De hecho, según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior más actualizado, del tercer trimestre de 2021, en Las Palmas de Gran Canaria (más de 380.000 habitantes) descendieron las infracciones totales, de 12.429 a las 12.006 el año pasado, año en el que comenzó la pandemia y se decretó el confinamiento en España. El documento no incluye datos desglosados por barrios, pero la Policía Local asegura que no se ha tenido que desplegar ningún dispositivo especial en la zona y las labores se desarrollan con las patrullas que recorren habitualmente la urbe.
La directora general de Protección a la Infancia y la Familia recuerda que en Canarias se tutela actualmente más de 2.600 menores extranjeros y hay habilitados 48 recursos. “Estamos desbordados desde hace mucho tiempo, para esta comunidad es altamente complicado y difícil”, señala. Serrano recuerda las críticas recibidas por habilitar los hoteles para acoger personas migrantes: “De ahí que nos hayamos tenido que ir a zonas en las que se han podido conseguir (otros recursos) para tener suficiente espacio y poder hacer el trabajo que se tiene que hacer”.
Serrano insiste que entiende que se pueda generar alarma, porque para determinados vecinos y vecinas de la ciudad su zona nunca es la más adecuada para habilitar recursos de acogida. “Pero se les olvida que tenemos medios, vehículos, con los cuales se transportan a los chicos, se les lleva a sus actividades; probablemente para ellos no sea la mejor zona, para nosotros lo está siendo porque nos permiten espacios que son grandes, porque no tenemos capacidad”. Y, añade, “después de todo el tiempo que llevan los recursos abiertos, no ha habido situaciones graves de conflicto”.
Además, Serrano recuerda los obstáculos en la integración de los menores en las Islas. La pandemia de coronavirus ha dificultado la escolarización de los chicos y chicas, “sobre todo aquellos que tienen más de 16 años”. Además, a esto se suman los retrasos en las pruebas óseas para determinar la edad; según datos de la Consejería de Derechos Sociales, más del 50% están pendientes de este trámite que también dificulta su integración. Respecto a la redistribución entre autonomías, Serrano dice que ya son 193 los menores que han salido hacia otras diez comunidades desde el primer trimestres del año. “Nos falta, para completar, País Vasco y la Comunidad de Madrid. Con eso acabamos todos los traslados que se habían acordado en su momento en el seno de la Comisión Interautonómica de Infancia en el ámbito estatal”.
No es la primera vez que desde la política se vincula a la inmigración con la delincuencia a pesar de que los datos lo desmienten. A inicios de año, los meses de bloqueo a los que se sometía a las personas migrantes que llegaban a las Islas a través de la ruta atlántica avivaron la crispación en Gran Canaria, donde surgieron brotes racistas con protestas xenófobas. En aquella ocasión, y a diferencia de la manifestación en Tafira, las escenas se sucedieron en barrios con rentas más bajas, algunas cerca de donde se ubicaban los campamentos del denominado Plan Canarias.
A pesar de no contar con representación en ninguna administración de Canarias, Vox encabezó varias manifestaciones para abanderar el discurso anti-inmigración, llegando incluso a solicitar un bloqueo naval en las aguas canarias como única solución a lo que denominó como “invasión organizada”. Pero no fue el único. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Ciudadanos para el Cambio), fue protagonista cuando el muelle de Arguineguín hacinaba a más de 2.000 personas; decidió enviar a más de 200 migrantes a la capital y se erigió en su defensora.
Poco después, se la pudo ver en alguna manifestación junto con Alberto Rodríguez, diputado de Vox por la provincia de Las Palmas, y carteles al grito “no a la invasión”; también amenazó a los hoteleros con hasta 30.000 euros si cedían sus instalaciones con fines humanitarios, usando el turismo como arma arromadiza contra la inmigración. Y Coalición Canaria imitó el discurso de Vox al afirmar el exalcalde de La Laguna José Alberto Díaz, ya retirado de la política, que el ayuntamiento tinerfeño ofrecía un trato favorable a las personas migrantes frente a la población local.
Ante el aumento de la crispación, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, instó al delegado del Gobierno de España, Anselmo Pestana, a ofrecer cifras sobre la criminalidad en las Islas. Y poco después, en una rueda de prensa, se desmintió que la llegada de inmigrantes provocara un aumento; de hecho, en los dos meses con más llegadas de 2020, octubre y noviembre, la criminalidad cayó en un 1% y un 3% respectivamente y, en diciembre, el descenso fue de un 18,8%. En su intervención, Pestana remarcó que las Islas, tras un año en el que recibieron la llegada de 27.000 personas a través de la ruta atlántica, contaban con “medios suficientes para garantizar un clima de seguridad” y remarcó que ''no cabe neutralidad contra la xenofobia“.
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