El Cuerpo Nacional de Policía ha desalojado este martes en el barrio de Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria, un edificio que había sido ocupado ilegalmente hacía meses y que albergaba a medio centenar de personas sin hogar, entre ellas alguna familia con niños pequeños.
Los efectivos policiales participantes en la operación, que han movilizado numerosos vehículos de distintos tipos y cerrado al tráfico durante horas varias vías en un radio de seis manzanas en torno al edificio, ubicado en la calle Secretario Padilla, han procedido antes del amanecer a entrar en el inmueble, que se ha dado por desocupado sobre las 10.00 de la mañana.
La actuación se ha llevado a cabo por orden judicial, según ha asegurado el gabinete de prensa de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, cuya versión han contradicho algunos de los desalojados y personas cercanas a ellas, que se concentraron en los alrededores y que han declarado que no se ha recibido notificación alguna al respecto.
Varios de los afectados, que no han querido dar sus nombres en ningún caso, han apelado a su experiencia en ocupaciones anteriores para denunciar que, para proceder al desalojo por orden judicial, las autoridades deberían haberlo anunciado con antelación a quienes vivían en el inmueble, de acuerdo a lo previsto en la ley, y que eso no ocurrió.
En cuanto a la sucesión de los hechos registrada durante la actuación policial en sí, tanto las fuentes de la Jefatura Superior como las de los ocupantes del edificio, de cinco plantas, han coincidido en señalar que se inició en horas de la madrugada y por sorpresa.
De hecho, algunos cristales rotos en los alrededores de la puerta principal daban fe de que para acceder al interior se había forzado la entrada, según han destacado testigos presenciales, ya que los numerosos periodistas congregados en el lugar solo han podido atravesar el cordón policial establecido en la zona por un tiempo limitado y sin llegar más allá de la acera de enfrente.
Entre quienes han querido hablar sobre lo ocurrido una vez que los agentes se introdujeron en el inmueble, uno de los desalojados ha querido subrayar, precisamente, que vivían allí no sabían nada de que había planes de sacarlos, “porque no llegó ningún tipo de carta, ninguna notificación”.
Y respecto a cómo se produjo la actuación de los policías, ha declarado que han actuado sin tener “en ningún momento miramientos por los niños ni por las familias que estaban allí”.
“Nos han mandado callar varias veces, no nos han dejado fumarnos un cigarro y ni siquiera desayunar”, ha recalcado.
Y ha expuesto: “Han llegado, han buscado sobre todo a la gente que estaba ilegal que estaba aquí, porque era su prioridad, por lo que nos han dejado claro, y luego a la gente la han ido sacando de sus cuartos y despertando a medida que iban subiendo hacia arriba”.
Tanto este afectado como otros ocupantes del inmueble y personas cercanas a ellos que se acercaron al lugar para expresarles su apoyo han insistido en cuestionar este desalojo, que el primero ha dicho no entender porque se trataba, según ha señalado, de “gente pacífica”, que “en ningún momento ha montado ningún alboroto”.
Unos y otros testigos han asegurado, además, que prueba de que la ocupación contaba con el respaldo de los vecinos es que muchos de ellos habían expresado su satisfacción por la limpieza que se había llevado a cabo en el inmueble, que tras años cerrado acumulaba numerosas basuras y palomas muertas, y habían participado en talleres y otras actividades que se habían organizado en él.
Las fuentes policiales consultadas han dicho no poder confirmar, de momento, si entre los desalojados hay algún detenido y lo que sí han corroborado es que algunos de los ocupantes del lugar eran niños, al menos dos y con edades aproximadas de siete años uno de ellos y de dos años, el otro.