La construcción de grandes obras emblemáticas suelen esconder en sus cimientos historias de personas que muchas veces se sienten pisoteadas por las administraciones. Es el caso del matrimonio formado por Julieta Escuela y Antonio Barroso quienes eran propietarios de una huerta de más de 800 metros cuadrados y una vivienda de otros 70 situada en el Barranco de Santos de Santa Cruz. En el año 2006 fueron expropiados con el fin de construir la que con el futuro se llamaría vía arterial y que pretendía unir en minutos el barrio de La Salud con el centro de la ciudad.
Sin embargo, la valoración que hace Escuela de lo ocurrido en aquel entonces no es tan positiva como se planteaba en los folletos que se imprimieron para celebrar la inauguración de la casi milagrosa carretera. “Nos echaron de nuestra casa y de nuestros terrenos como si fuéramos agua sucia”. Seis años después de todo aquello su situación no sólo no acaba de arreglarse sino que cada vez se complica más.
Durante las negociaciones les ofrecieron o bien pagarles 162.000 euros o entregarles dos apartamentos que se iban a construir en los alrededores. Alternativa esta última que fue la que eligieron. Mientras, el Ayuntamiento les pagó el alquiler de una vivienda en La Cuesta. Sin embargo, al poco tiempo la Gerencia de Urbanismo “descubrió” que esta familia era propietaria de un apartamento en el que vivía su hijo y les retiró la ayuda. El resultado es que el matrimonio tuvo que marchar a La Gomera donde residen actualmente y la negociación ha vuelto a situarse en la casilla cero.
“Nosotros nunca negamos que tuviéramos ese apartamento. Todo lo que teníamos lo compramos con no poco esfuerzo vendiendo números de lotería porque mi marido es ciego. Después dijeron que habían descubierto que teníamos otras propiedades cuando jamás lo escondimos. Lo que no sabemos es si ellos pretendían que toda la familia se fuera a vivir a un solo apartamento”, indica Escuela.
A su hija también le han retirado el alquiler que le pagaban por el mismo motivo. “Nos han tratado como si fuéramos delincuentes. Nosotros estuvimos 28 años tirados en la calle vendiendo números de ciegos para poder comprar lo poco que teníamos”. Esta vecina aún recuerda el día en el que los echaron de la vivienda que ocupaban en el Barranco de Santos con una orden judicial en la mano. “Nos dijeron que o nos íbamos por las buenas o tiraban la casa con nosotros dentro”. Al final se trasladaron a La Cuesta y durante un tiempo el Ayuntamiento pagó religiosamente los 550 euros mensuales de alquiler. Mientras supuestamente se iba a construir en un solar de propiedad municipal situado en la calle Plácido Sansón el edificio en el que realojarían a todos los expropiados del Barranco de Santos y cuyas obras aún ni siquiera han comenzado. “Nosotros les dijimos que si nos podían dar una vivienda en la primera planta porque mi marido es ciego”.
Negociar
Ahora el Ayuntamiento les ha convocado para volver a negociar, pero solo se muestra dispuestos a ofrecerles una indemnización, “así que si no hay ningún acuerdo no nos quedará más remedio que ir a los tribunales como lo han hecho otros vecinos nuestros”, señala Escuela.
“Ellos dicen que nosotros mentimos porque nunca dijimos que teníamos otra propiedad, pero lo cierto es que nunca lo escondimos, ni nunca nos lo preguntaron. Cuando me dijeron que los estábamos engañando yo les solté: ¿Pero es que acaso me ha pagado usted el apartamento?”. No es el único problema que se ha producido a la hora de ejecutar las numerosas expropiaciones que llevó consigo las obras de la vía arterial. No muy lejos de la antigua casa de Escuela y Barroso otros vecinos acudieron a los tribunales para denunciar la brutalidad que utilizó el Ayuntamiento para desalojarlos.
En primera instancia los juzgados les dieron la razón e incluso llegaron a imponer una pena de nueve meses de inhabilitación al entonces gerente, José Tomás Martín, aunque luego la Audiencia Provincial revocó este fallo.
El Ayuntamiento de Santa Cruz llegó a invertir 1,5 millones de euros en el proceso de ejecución de las 14 expropiaciones que era necesario acometer en la tercera fase en la que se situaban los terrenos de estos propietarios. En 2006 el entonces concejal de Urbanismo Manuel Parejo anunció que las negociaciones con la totalidad de los afectados “han sido en algunos casos muy duras” y algunos optaron por recibir una indemnización y otros unas viviendas sociales, siguiendo los criterios que se marcaron tras las lluvias torrenciales del 31 de marzo de 2002. En esta cifra estaba incluida el precio del terreno, el alquiler y la mudanza de las familias que lo precisaran, los pisos para ser realojadas y las indemnizaciones acordadas. En esta fase nueve vecinos optaron por recibir una casa en la misma zona y el resto una compensación económica. El caso de Barroso y Escuela, sin embargo, aún no se acaba de resolver.