Metrópolis Comunicación, empresa que ha mantenido durante los últimos años en plantilla a periodistas sin estar dados de alta en la Seguridad Social y que ha pagado en negro parte del salario a empleados en nómina, sigue acaparando contratos para prestar los servicios de seguimiento de medios y apoyo a los gabinetes de prensa de distintas consejerías del Gobierno de Canarias. En lo que va de año se ha hecho con dos de las tres licitaciones públicas convocadas: una por concurso, en el área de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, por un importe de 42.900 euros, y otra en Presidencia, Justicia e Igualdad a través de un negociado con publicidad con dos lotes y un montante total de 20.436,11 euros.
El tercer procedimiento, también por concurso, fue declarado desierto después de que la mesa de adjudicación descartara por un error formal concedérselo a MMI, la empresa que había ganado en primera instancia tras presentar la oferta económica más ventajosa para la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento. La consecuencia inmediata es que el servicio sigue en manos de Metrópolis, que resultó adjudicataria en el concurso del año pasado. El presupuesto de licitación para este ejercicio era de 53.124 euros.
La agencia de cabecera del Gobierno regional, que cuenta con 38 trabajadores en plantilla, sigue, por lo tanto, quedándose con la práctica totalidad del pastel comunicativo en un sector donde compiten decenas de pequeñas y medianas empresas y profesionales. Y ello a pesar de que algunas consejerías del Ejecutivo han empezado a introducir pequeños cambios con respecto a la fórmula repetida miméticamente en los pliegos desde febrero de 2016, fecha en la que la Viceconsejería de Comunicación, con José Luis Méndez al frente, dio carta de libertad a cada consejería para que contratara su propio servicio de seguimiento de medios, hasta ese momento centralizado para todo el Gobierno a través de un único contratista, junto al de apoyo a los gabinetes de prensa de los departamentos.
Es el caso de Presidencia, Justicia e Igualdad. Por primera vez desde que se impusiera el mencionado sistema de contrato unificado, un departamento del Gobierno ha dividido en dos lotes la licitación, una para el seguimiento de medios (finalmente adjudicada por 14.633,89 euros) y otra para el apoyo al gabinete (concedida por 5.802,22 euros). Además, ha introducido cláusulas sociales en los pliegos y ha puntuado, entre otras cuestiones, que la empresa tuviera mayoría de personal femenino, trabajadores menores de 35 años o mayores de 50, así como el compromiso de contratar a personas con discapacidad o a parados de larga duración (más de dos años inscrito en el Servicio Canario de Empleo).
Con todo, la licitación sigue adoleciendo de la mayoría de los defectos que han sido denunciados sistemáticamente por varias agencias del sector en estos dos últimos años y que se resumen en la imposibilidad material de prestar el servicio con los requisitos fijados en los procedimientos y el precio de licitación presupuestado, una combinación que ha provocado que a la mayoría de estos concursos se presente una empresa en solitario.
“Las condiciones que hay en el pliego son condiciones que no puedo asumir sin mentir”, sostiene una veterana empresaria del sector que prefiere que no se publique su nombre. Pone como ejemplos de esta desproporción la cláusula que fija la obligación de disponer, por un precio de entre 40.000 y 50.000 euros al año, de al menos cuatro trabajadores a tiempo completo (un periodista, un diseñador gráfico, un documentalista y un fotógrafo con capacidad para trabajar en el ámbito local, nacional e incluso internacional), y aquella que valora como mejora de la oferta la aportación de un profesional más, extra, en cada uno de los tres primeros perfiles. “Yo no puedo decir, si soy honesta, que voy a cubrir este servicio con mis propios medios. O mientes o no te presentas”, explica.
Esta empresaria, una de las cinco consultadas por este periódico, recuerda que los trabajadores adscritos a este tipo de contratos deben estar sujetos a los honorarios establecidos en el convenio de empresa o del sector, en este caso, el de publicidad. Con un cálculo de costes realizado en función de este convenio, el gasto anual del servicio debería ser, al menos, “del doble” del presupuesto de licitación.“Hace unos años se licitaban por 90.000-100.000 euros. Ahora estamos en 40.000. Es una falta absoluta de respeto hacia los periodistas y hacia nuestro trabajo. No me vuelvo a presentar hasta que no cambien las condiciones”, apunta.
Otra profesional del sector, Doris Martínez, de Marisma Comunicación, admite que su empresa “no tiene capacidad” para poder concurrir a estos concursos. “Las condiciones no son accesibles para la mayor parte de las empresas de comunicación que hay en Canarias, salvo que vayas en una UTE (Unión Temporal de Empresas) con otras cuatro o cinco, pero es muy complejo”, relata Martínez, que considera que una mayor apertura en los concursos sería beneficioso para el sector y le permitiría “crecer y crear empleo”.
“Los pliegos te dejan muy poco margen de maniobra. Están encaminados a una determinada empresa, están perfectamente adaptados para que entren por el agujero de una sola empresa”, sostiene otro profesional de la comunicación que también opta por permanecer el anonimato. “Somos pocos y nos conocemos todos”, dice este empresario, que duda de que una agencia sea capaz de cumplir con los criterios establecidos en las bases, como el de disponer de guardias localizadas las 24 horas del día y los 365 días al año, con esos importes. “Para quien está empezando es imposible hacer este servicio, yo no me voy a jugar las manos, sé que no lo voy a poder ofrecer”, concluye.
Opacidad en algunas consejerías
Una de las empresas más combativas contra los criterios de adjudicación del Gobierno de Canarias en servicios de comunicación es MMI, especializada en el servicio de seguimiento de medios, ámbito en el que sólo compite con Metrópolis y en el que resultó adjudicataria de los sucesivos contratos centralizados del Gobierno desde 1998 hasta 2016. Su administrador único, Enrique Fárez, ha presentado en estos dos años multitud de escritos para reclamar que se liciten esos servicios por separado, con baremación y precio propio, en la línea que promueve la Unión Europea, y que se modifiquen las condiciones para permitir que otras empresas del sector puedan participar en los procedimientos y que exista la máxima competencia.
A las quejas ya citadas sobre la dificultad de poder concurrir con las exigencias requeridas y el precio de las licitaciones, MMI añade dos: la opacidad de algunos departamentos en relación con estos servicios y la concentración de adjudicaciones negociadas sin publicidad, uno de los procedimientos menos transparentes de la administración, en un único licitador, Metrópolis Comunicación. Fárez ha denunciado que, a pesar de que en las Islas sólo hay dos agencias que prestan el servicio de seguimiento de medios, entre ellas la suya, en numerosas ocasiones no han recibido la invitación para poder participar. Alude, en concreto, a las áreas de Presidencia de Gobierno, Presidencia, Justicia e Igualdad, Educación y Universidades, Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas y Obras Públicas y Transportes.
A uno de los últimos concursos convocados, el de la Consejería de Economía, presentaron oferta MMI, que logró que se introdujeran algunas modificaciones en los pliegos tras presentar un recurso, y Metrópolis. La propuesta económica de la primera fue la más ventajosa y, por ello, fue reconocido como “posible adjudicatario” y se le dio cinco días para que presentara la documentación requerida para proceder a la formalización.
Sin embargo, una vez cumplimentado este trámite, la Consejería dictaminó que no había quedado acreditada la disposición de los medios personales comprometidos. Alegaba, en síntesis, que la potencial contratista no había aportado los documentos necesarios para acreditar la formación y experiencia de alguno de los trabajadores propuestos, un defecto de forma “subsanable”, en opinión de MMI. Tampoco Metrópolis pudo acreditar este extremo, ya que no incorporó los contratos de trabajo de los cinco empleados que figuraban en la oferta y se limitó a presentar un informe de situación de las cotizaciones a la Seguridad Social en el que constaba que tenía 38 trabajadores dados de alta. Finalmente, el concurso fue declarado desierto.
Como reveló Canarias Ahora en octubre del año pasado, Metrópolis, agencia de cabecera del Gobierno, aplica desde hace años una política laboral que incluye el mantenimiento de trabajadores sin contrato y el pago de parte del salario sin cotizar a la Seguridad Social, camuflado en gastos de dietas y de transportes fuera del centro habitual, una fórmula de ahorro de cargas sociales que se ha disparado desde que estallara la crisis y que puede representar un fraude a la Seguridad Social y un delito contra los trabajadores. Desde la empresa atribuyen la publicación de las informaciones relativas a estas prácticas, basadas en el testimonio de extrabajadores de la agencia y en diversos soportes documentales (contratos, recibos, vida laboral...), a un acto de venganza de una trabajadora despedida.