España, denunciada por Bruselas por no revisar y actualizar los planes hidrológicos de Canarias
La Comisión Europea ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) por no haber revisado y actualizado los planes hidrológicos de cuenca para las siete demarcaciones hidrográficas de las Islas Canarias (El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, La Palma, Lanzarote y Tenerife).
Bruselas ha subrayado que el Gobierno español tenía que haber revisado y actualizado los planes hidrológicos de cuenta de su territorio antes del 22 de diciembre de 2015, así como haber informado de las medidas adoptadas antes del 22 de marzo de 2016.
“Las autoridades españolas tampoco han velado por el cumplimiento de las obligaciones de información y consulta públicas en relación con el establecimiento de estos planes”, denuncia el Ejecutivo comunitario.
La Comisión Europea abrió este expediente a España en abril de 2017 y amenazó con denunciar al Gobierno ante la Justicia europea en octubre del año pasado. Seis meses después, Bruselas ha dado finalmente este paso y ha presentado la demanda ante el tribunal con sede en Luxemburgo.
La directiva marco sobre el agua concibe la elaboración de planes hidrológicos de cuenta que los Estados miembros deben revisar y actualizar como muy tarde quince años después de la entrada en vigor de la normativa, el 22 de diciembre del año 2000, y posteriormente cada seis años.
La directiva también exige a los Veintiocho que publiquen un calendario y un programa de trabajo sobre la elaboración de los planes hidrológicos con las medidas de consulta que hayan de adoptarse, un esquema de los temas importantes en materia de gestión de aguas y ejemplares de los proyectos de los planes hidrológicos. Los Estados miembros también deben permitir el acceso, con solicitud previa, a los documentos de referencia.
El TUE ya condenó a España en octubre de 2012 por retrasos en la elaboración de planes de gestión de sus cuencas hidrográficas. En aquel momento, la Justicia Europea dio la razón a la Comisión Europea, que había denunciado que España sólo había adoptado y publicado el Plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña antes de la fecha límite del 22 de marzo de 2010.
