La Fiscalía General del Estado, que dirige Cándido Conde-Pumpido, de la cual depende la Fiscalía Anticorrupción, en manos del fiscal-jefe, Antonio Salinas, ha informado a CANARIAS AHORA que el Ministerio de Justicia prepara ya el desembarco en Canarias de nuevos fiscales que apoyen la labor de Luis del Río en Las Palmas y María Farnés Martínez en Santa Cruz de Tenerife debido al “aumento espectacular” de denuncias que se están produciendo en Canarias, Costa del Sol, Cataluña y Comunidad Valenciana.
La Fiscalía General del Estado va a proveer “en breve” un total de 150 plazas, de las cuales “una parte” irán destinadas a las dos fiscalías anticorrupción canarias. Algunas de ellas se cubrirán “este mismo año 2009” para “reforzar” a Luis del Río y María Farnés Martínez, y el resto se producirán durante 2010. También se ofertarán oposiciones para 220 plazas de jueces y 290 plazas para secretarios judiciales, también con su cuota parte canaria.
La inversión que el Ministerio de Justicia prepara dentro de este paquete de medidas alcanza los 600 millones de euros en cuatro años. La convocatoria del concurso oposición ofertará estas 220 plazas de jueces (frente a 150 de 2008) y 150 de fiscales (frente a 83 del año pasado) de forma “inmediata”. En esa misma línea, el ministro Francisco Caamaño se ha comprometido ante Conde-Pumpido a “consensuar con los grupos parlamentarios” del Congreso una fórmula intermedia que concilie la competencia de señalamiento de los magistrados con las nuevas funciones de los secretarios.
La razón es que las funciones del secretario judicial se ampliarán y se van a adoptar “medidas muy concretas” que “estimulan y favorecen” las sustituciones entre jueces, secretarios judiciales y fiscales titulares. De igual modo, se va a reducir la duración de los procesos para evitar que los litigantes “puedan alargarlos en su beneficio y con coste para todos” y se van a informatizar las oficinas judiciales para que “los juzgados y tribunales puedan trabajar en red y estén conectados entre sí”. La nueva Oficina Judicial, el Registro Civil único y medidas para la conciliación familiar y laboral de quienes ejercen la función jurisdiccional están incluidas en el paquete de reformas.