El gobierno de Las Palmas de Gran Canaria ha retirado del orden del día del pleno que se celebrará el próximo viernes la aprobación de la modificación parcial del Plan General de Ordenación (PGO) en el entorno del cementerio de San Lázaro, en la zona de Siete Palmas. Lo hace después de la polémica suscitada por la decisión de ceder y recalificar una parcela situada en la rotonda de acceso al camposanto capitalino para permitir que la petrolera Disa, propiedad de los hermanos Carceller, instale una estación de servicio mientras se le niega a otra empresa, Pedruzcos Oil, la licencia que había solicitado para levantar una gasolinera en el terreno colindante. El concejal de Urbanismo, Javier Doreste (Podemos), ha asegurado a este periódico que la corporación va a revisar todo el expediente “para asegurar que no tenga fisuras”.
El asunto se debatió en la junta de portavoces del pasado viernes, después de que el PP solicitara la paralización de ese cambio en el planeamiento, una modificación que el concejal Ángel Sabroso tacha de “escándalo” urbanístico. Los populares, que contaron con el apoyo de los otros dos grupos de la oposición, han pedido informes tanto de la secretaria general del pleno como de la intervención municipal para que certifiquen si el Ayuntamiento tiene un compromiso en firme de entregar esa parcela (a Disa) y si, para ello, se ha seguido la tramitación correcta, con los preceptivos informes (técnicos, jurídicos, de control presupuestario), la fase de información pública y alegaciones y la aprobación definitiva. La propuesta de modificación del planeamiento municipal estipula el cambio de la calificación de suelo, de rústico a urbano consolidado.
La mercantil Pedruzcos Oil ha presentado dos contenciosos contra la administración local, uno por la licencia negada y otro por el acuerdo para el inicio de la modificación del planeamiento. En el punto de mira se sitúa una adenda al convenio inicial -firmado en marzo de 2015- entre Disa y el Ayuntamiento capitalino para la expropiación de la estación de servicio que la petrolera aún explota en la avenida Alcalde Díaz Saavedra, en la parcela contigua a otro cementerio, el de Vegueta. Es en esa adenda, que está fechada en 2018, donde se recoge la cesión a la empresa de los Carceller de cerca de 2.500 metros cuadrados en la rotonda de acceso a San Lázaro en lugar del solar previsto en un principio en el acuerdo de compensación, el ubicado en el número 10 de la calle Alicante, en la Vega de San José.
Los demandantes sostienen que en el expediente tan solo consta un borrador de la adenda del convenio, que no es más que el documento con la propuesta formulada por Disa para la reubicación de las estaciones de servicio, sin firma por parte del Ayuntamiento. La tramitación posterior se limita a un informe técnico rubricado por un arquitecto municipal que asume el planteamiento de la petrolera, incluida su tasación sin valoración contradictoria, y la posterior aprobación de la adenda “sin informe jurídico, ni informe del órgano de gestión presupuestaria, ni informe de la intervención municipal, ni trámite de información pública”.
El convenio que da origen a este litigio se aprobó en marzo de 2015, aunque su tramitación comenzó en 2013 con un informe firmado por José Setién, a la sazón jefe de Urbanismo de la corporación local y hoy coordinador de la misma área. La estación de servicio que Disa continúa explotando al lado del cementerio de Las Palmas se encontraba dentro de los límites de una unidad de actuación del PGO vigente que contemplaba la ejecución de un viario y una rotonda para conectar la avenida Alcalde Díaz Saavedra con la calle Eufemiano Jurado, en la zona de Vegueta, y la desaparición del “fondo de saco” en el que termina la vía entre ambas, la calle Luis Fajardo Ferrer. En aquel momento se justificó por la necesidad de solucionar el hipotético incremento del tráfico rodado en la zona por la apertura de los nuevos juzgados, de la Ciudad de la Justicia, que sería inaugurada en enero de 2014.
A cambio de ese suelo, el Ayuntamiento cedía a la petrolera la titularidad de la estación de servicio de Obispo Romo (en Escaleritas), la parcela de la calle Alicante y la compensaba con una serie de recalificaciones urbanísticas que suman más de 12.000 metros cuadrados de edificabilidad con distintos usos (residencial, oficinas, aparcamiento...) tanto en la parte no expropiada del terreno de la gasolinera de la avenida Alcalde Díaz Saavedra como en la estación de servicio que se encuentra a pocos metros, en la plaza Nuestra Señora de los Reyes. El acuerdo se cerraba con el pago de cerca de 900.000 euros por parte de Disa al Ayuntamiento, para cuadrar los números de las tasaciones realizadas por esas permutas.
Es en 2017, ya con el tripartito progresista en el poder (PSOE, Nueva Canarias y Podemos), cuando se renegocia con Disa el convenio para sacar de la ecuación la parcela de la calle Alicante e introducir la de San Lázaro. Javier Doreste defiende que con este cambio la ciudad sale ganando. Sostiene que en la Vega de San José había oposición vecinal a la gasolinera y que con la nueva ordenación del suelo se aleja la estación de servicio de un núcleo urbano con alta densidad de población. Defiende también que a través de esta operación la ciudad “recupera suelo” en la zona de San Lázaro para hacer un tanatorio, aparcamientos y un vial que rodea el cementerio y lo conecta con Las Torres. Para ello será necesaria la expropiación de la parcela de unos 6.000 metros cuadrados en la que Pedruzcos Oil pretendía instalar sus surtidores.
Esta tercera empresa solicitó en septiembre del año pasado la revisión del expediente al entender que la actuación de la administración solo ha beneficiado a Disa y ha resultado lesiva para las arcas públicas. Sostiene que el ayuntamiento ha cumplido con “casi todas” las estipulaciones pactadas en el convenio (cesión de parcelas y recalificaciones) y que, sin embargo, no ha obtenido la contraprestación de la petrolera, “ni el vial, ni el espacio libre, ni la erradicación de la estación de servicio” en el entorno del cementerio de Vegueta. Y ello a pesar de que, a su juicio, Disa tenía desde su origen “la obligación de ceder los terrenos afectados de forma gratuita”, al encontrarse estos dentro de una unidad de actuación del PGO, por lo que el ayuntamiento tan solo debía compensar a la propiedad privada con el edificio de aparcamientos que se proponía en la propia ficha de esa figura urbanística.
Tasaciones contradictorias
Pedruzcos Oil encargó un informe a una sociedad de tasaciones para analizar si el acuerdo entre Disa y el Ayuntamiento había sido equilibrado. Este estudio sostiene que las valoraciones aportadas al convenio no se ajustan a la legislación de aplicación a efectos expropiatorios y, por tanto, no son válidas. La conclusión de la perito que lo firma es que no es necesaria la parcela situada en San Lázaro para compensar el valor de la expropiación del suelo en Vegueta. Es decir, que la petrolera ha sido ampliamente beneficiada en la operación con la administración.
Los cálculos difieren de forma considerable. La primera brecha radica en la estimación del valor del terreno colindante al cementerio de Las Palmas, el afectado por la expropiación. El Ayuntamiento estableció el justiprecio en 1,78 millones de euros. Según el informe encargado por Pedruzcos Oil, debió quedar fijado en 3,41 millones. Tampoco coinciden en el valor de las compensaciones que recibió Disa. Para la administración, suman 2,71 millones de euros. Para la tasadora externa, 5,74 millones contando con los terrenos de San Lázaro y 4,4 millones sin computarlo. O lo que es lo mismo, casi un millón por encima del valor de la expropiación.
Pero más allá de estas divergencias, lo que, a juicio de la perito que elaboró el estudio, “no tiene explicación lógica” es que el Ayuntamiento establezca un valor de expropiación de 1,78 millones de euros por el suelo de Vegueta y que “todavía asuma el deber de cesión” de otra parcela de propiedad municipal -la de San Lázaro- valorado por la propia corporación en una cifra muy cercana, 1,72 millones de euros. Por lo tanto, el resto de las compensaciones, la recalificación de 12.500 metros cuadrados de edificabilidad -que cifra en 3,64 millones-, ha constituido “una mera liberalidad a favor de la entidad privada”. Y ello, insiste, cuando la cesión del viario y espacio libre “debió ser gratuita”. Pedruzcos Oil calcula en unos diez millones de euros el coste para el erario público de esta operación, entre aumento de edificabilidades y cambios de usos para Disa y la expropiación de los terrenos para la construcción del tanatorio y los aparcamientos.
Además defiende, en contra de lo manifestado por el concejal de Urbanismo, que la parcela de su propiedad que el Ayuntamiento pretende expropiar para construir el tanatorio admitía como uso compatible la estación de servicio. Pedruzcos Oil compró esos terrenos a un banco. Su titular originaria era Inmobiliaria Betancor SA (IBSA).