La última gran infraestructura adjudicada en Canarias a la compañía OHL corre peligro de quedar suspendida. Los cuatro partidos firmantes del pacto de progreso que gobernará en el Archipiélago a partir del mes que viene han incluido en su “Agenda del cambio” la paralización del proyecto de ampliación del muelle de Agaete, en Gran Canaria, envuelto en polémica desde que se planteó por primera vez en 2016, cuando quedó paralizado, y al que se opone tanto el ayuntamiento de la villa como el Cabildo de la isla y las organizaciones ecologistas.
En el bloque de desarrollo económico, el documento suscrito este sábado por el PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos Canarias y la Agrupación Socialista Gomera se puede leer que el Gobierno resultante priorizará “el mantenimiento y mejora, así como la construcción de infraestructuras urgentes, paralizándose proyectos sobredimensionados y cuestionados socialmente, revisándose el macromuelle de Agaete”.
El macromuelle de Agaete, con una inversión de 44,6 millones, contempla una ampliación de su actual línea de atraque hasta los 400 metros y un brazo de otros 500, lo que permitiría la puesta en funcionamiento de 234 atraques para embarcaciones pesqueras y de recreo.
La obra fue adjudicada en junio de 2018 a la UTE formada por SATO Trabajos y Obras, filial de OHL, y Hermanos García Álamo, pero los trabajos no han dado comienzo aún.
Al menos tres grandes infraestructuras ejecutadas en Canarias por OHL, entre ellas las ejecutadas en el puerto de Granadilla (Tenerife) y en el puerto de La Estaca (El Hierro), están siendo investigadas por la Audiencia Nacional al haberse detectado supuestos pagos de comisiones a altos cargos de Coalición Canaria que tuvieron que ver con esas adjudicaciones. En total, la Guardia Civil ya ha cifrado en casi tres millones de euros las comisiones desembolsadas.
El macromuelle de Agaete fue adjudicado por el vicepresidente en funciones y consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, también de Coalición Canaria.
El proyecto del macromuelle de Agaete ha estado envuelto permanentemente en la polémica desde que el Gobierno saliente, de CC, decidió retomarlo tras haber quedado aparcado en 2016. En ese recinto opera la naviera Fred Olsen cubriendo la línea Gran Canaria-Tenerife con media docena de frecuencias diarias mediante un barco rápido. Una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de marzo de 2018 determinó que una sola naviera no podía estar operando en régimen de monopolio en un solo muelle ante la existencia de un competidor, Naviera Armas, que reclamaba poder hacerlo también. Así que la solución del Gobierno canario, en lugar de repartir las frecuencias entre las dos operadores, optó por ampliar el muelle para que Fred Olsen no viera reducido su negocio.
Pero han sido los movimientos ambientales y los vecinos de Agaete los que más fuertemente se han opuesto al proyecto por considerarlo perjudicial para el medio ambiente, sobredimensionado e ineficiente. Una oposición a la que se unió el ayuntamiento de esa villa, entonces en manos de un gobierno progresista y desde el pasado mayo, del Partido Popular. También el Cabildo de Gran Canaria, gobernado por Nueva Canarias, el PSOE y Podemos, ha rechazado el macromuelle.
Esas tres formaciones políticas, firmantes del pacto de progreso, prometieron en la reciente campaña electoral que pararían el proyecto.
Para colmo, la Unión Europea ha abierto una investigación para conocer las posibles irregularidades del proyecto al detectar que es falso que haya sido seleccionado para ser financiado al 85% por los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder), como han sostenido reiteradamente las autoridades canarias.