Canarias es la Comunidad Autónoma que menos personas en situación de dependencia atiende en relación con la población. Los datos oficiales del Ministerio de Sanidad y Política Social ?enviados por el propio Gobierno de Canarias a 1 de febrero? reflejan que el número asciende a 6809 (un 0,32%), según hizo saber este martes la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, además, denuncia “el incumplimiento de los compromisos de financiación con la Ley de Dependencia por parte del Gobierno de Canarias y la falta de atención a las personas en situación de dependencia” que residen en el Archipiélago. También recuerda que “Canarias es la Comunidad Autónoma que más personas en situación de dependencia, que tienen reconocido el grado y nivel que les genera el derecho ?y por las cuales reciben la financiación del nivel mínimo de la AGE?, esperan a que se les realice el Plan Individual de Atención por lo que no se les presta ninguna atención ni servicio”.
Entre las personas dependientes que el ejecutivo regional desatiende, la asociación subraya que también se incluyen “aquellas que tienen reconocido el derecho a las prestaciones y servicios de la Ley al haber sido dictaminadas, y por las que la Administración General del Estado (AGE) transfiere los fondos correspondientes del nivel mínimo de acuerdo con las cantidades explicitadas en el Real Decreto 74/2009, de 30 de enero, por el que se determina el nivel mínimo de protección garantizado a los beneficiarios del sistema para la autonomía y atención a la dependencia para el ejercicio 2009”.
Por último, la Asociación de Directorias y Gerentes de Servicios Sociales apunta que el Gobierno de Canarias recibe, para la atención de personas en situación de dependencia, un total de 53.686.175 euros, repartidos de la siguiente manera: 40.784.222 euros (30.992.277 euros para el nivel mínimo y 9.791.944 euros para el nivel acordado) aportados por la AGE; y 12.901.953 euros que el propio ejecutivo obtiene procedente de los convenios suscritos al amparo de los créditos previstos en el Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo.