El Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, ha aprobado declarar en situación de disponibilidad, por razones de interés general, una partida de 9.700,806,75 euros tanto para continuar con las obras ya licitadas como para continuar con los procesos de licitación en curso e iniciar otros nuevos durante este año.
Esta decisión del Consejo de Gobierno se produce después de que la Dirección General de Infraestructura Viaria de la Consejería emitiese una propuesta de disponibilidad de crédito, por importe de 9.700.806,75 euros, para liberar fondos del Estado destinados al actual Convenio de Carreteras 2018-2027.
Estos fondos se declaran no disponibles en virtud del artículo 73.1 de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2020, que señala que los créditos que cuenten con financiación del Estado figurarán en un 25% en situación de no disponibilidad al principio del ejercicio. El consejero Franquis ha explicado durante el consejo de Gobierno de hoy que su área ha hecho valer otra premisa del citado artículo en el que se especifica que el Gobierno podrá modificar por razones de interés general dicha limitación.
Las razones de interés general esgrimidas por el consejero han sido la imposibilidad de continuar con muchas de las obras que ya están en marcha, o iniciar otras nuevas del convenio de Carreteras, en el caso de considerar como no disponible esta cantidad cercana a los 10 millones de euros. Al disponer de esta cantidad se evitarán retrasos en las certificaciones de obra ante la Administración General del Estado lo que permitirá poder continuar dichas obras, impulsar los procesos de licitación en curso e iniciar otros nuevos.
Modificar la regla de gasto
Por otro lado, el portavoz del Gobierno de Canarias ha indicado que la Comunidad Autónoma acudirá al Consejo de Político Fiscal y Financiera (CPFF) de este viernes con la propuesta de modificar la ley de estabilidad presupuestaria para “suavizar” la regla de gasto y poder utilizar el superávit en los servicios básicos.
Pérez ha comentado que se deben “rectificar las estrecheces” normativas dado que tras un periodo de “austeridad extrema” se debe dar paso a otro de “más flexibilidad”. El portavoz del Ejecutivo no ha concretado si Canarias va de la mano con otras Comunidades Autónomas en este exigencia pero afirma que hay otros gobiernos regionales, de distinto signo político, que tienen las mismas demandas.
Ha dicho que en el caso concreto de las islas, que acabarán el año 2019 con un ligero superávit que se dedicará a inversiones financieramente sostenibles, los cabildos y ayuntamientos tienen casi 1.500 millones de los que no pueden disponer.
“Ellos dicen: nos portamos bien, ahorramos, no gastamos pero eso que ahorramos no sirve para hacer más cosas, tenemos que gastarlo en pagar deuda y si no hay deuda que pagar se queda en los bancos que además, quieren cobrar por eso”, ha explicado.