El Gobierno de Canarias y los sindicatos mayoritarios (representación del 80%) CCOO, SEPCA, UGT y CSIF han firmado este jueves, tras prácticamente dos años de negociaciones, el acuerdo para el proceso de estabilización y temporalidad del empleo público en el área de Administración Pública, lo que repercutirá en 3.499 trabajadores.
El acuerdo ha sido suscrito por el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el consejero regional de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, junto a los sindicatos en la sede de Presidencia del Ejecutivo autonómico en Las Palmas de Gran Canaria.
Los representantes sindicales -Pedro Costeras por CCOO, Manuel González por Sepca, Francisco Bautista por UGT y César Martínez por CSIF- han celebrado este acuerdo, al tiempo que han recordado que quedan otros asuntos por negociar, como la consignación presupuestaria que precisa el desarrollo de la carrera profesional.
Tras la firma, todos se han felicitado por llegar a este fin después un largo trayecto y de esta forma se responde así a lo marcado por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Sin embargo, también se ha recordado que aún quedan por cerrarse las bases relacionadas con el personal interino de las áreas de educación, sanidad y justicia.
El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha indicado que este acuerdo es un “faro que debe iluminar lo que ocurra en esos otros campos”, además de que “en cierto modo afecta a todas las consejerías” porque esos casi 3.500 trabajadores están repartidos por todos los departamentos.
Pérez explicó que la ley nacional, que es la que está motivando el proceso de estabilización, impide que una vez que se resuelva la temporalidad en las administraciones públicas haya más de un 8% de personal temporal. Añadió que la Administración Pública “está obligada a que no ocurra y a resolverlo si procede”.
Actualmente en el área de Administración Pública hay un 30% de personal en temporalidad y, cuando concluya el proceso para el que se han suscrito las bases, se espera estar por debajo del 8%.
A modo de ejemplo, Pérez citó el caso de justicia, donde ha afirmado que se ha podido bajar del 30% de temporalidad con procesos ordinarios.
Asimismo, se ha matizado que la ley 20/2021 regula el tiempo de interinidad, que establece en un máximo de tres años. De todas formas, Pérez ha admitido que “muy probablemente” el acuerdo que se ha firmado será objeto de recursos, tanto de los sindicatos no firmantes como de personas individuales, aún así ha asegurado que desde el Gobierno de Canarias “no” renuncian a entenderse “con quien haga falta”.
Procedimientos fijados para la estabilización de personal interino
En cuanto a los procedimientos que se han fijado en dicho acuerdo para la estabilización del personal, el secretario de Acción Sindical del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), Manuel González Arencibia, ha explicado que habrá cuatro.
Uno de estos procesos que consolidará las plazas será el de concurso y es el que realizará el personal laboral de larga duración, para los contratados antes de 2016; los laborales de corta duración (posteriores a 2016); y los funcionarios de larga duración (antes de 2016).
En cuanto a los funcionarios de corta duración, el proceso que se realizará será el de concurso-oposición donde habrá una batería de preguntas con sus respuestas, que se publicarán en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), para posteriormente seleccionar el tribunal las que considere.
Este proceso no es eliminatorio, por lo que después se pasa a una fase de concurso donde, al igual que en los concursos que se realizan en el resto de grupos, un 40 por ciento --según establece la ley-- se puntuará méritos profesionales, antigüedad genérica, formación y titulación, principalmente.
“Diálogo y negociación”
Por su parte, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que siempre han considerado que “el camino era el del diálogo y la negociación”, por lo que felicitó a las centrales sindicales, así como al consejero Julio Pérez y al viceconsejero Manuel Martínez, por un “trabajo excelente”.
Torres también quiso destacar que en los acuerdos “siempre hay renuncias y, por tanto, responsabilidad”, subrayando que el “exceso de temporalidad para miles y miles de trabajadores en las islas acabará a finales de 2024”.
Ahora, dijo el presidente canario, el Gobierno regional continuará “trabajando para que se sumen el resto de sindicatos y plataformas”, matizando que el acuerdo suscrito supone una “respuesta de justicia”, por lo que espera que pronto se alcance un consenso similar en el área de sanidad y educación.
En relación con educación, Torres ha asegurado que el Gobierno de Canarias “está al lado de las reclamaciones de los docentes canarios”, ya que entiende que los baremos estatales “deben ser otros”, por lo que afirmó que buscarán “todos los mecanismos que la ley” les permite para “llegar al mejor acuerdo posible”.
Por otra parte, César Martínez, de CSIF, ha matizado que lo que les ha preocupado en este proceso siempre ha sido la seguridad jurídica para que una vez se estabilice el puesto de trabajo, no haya problemas con la normativa, por lo que ha admitido que ha habido que “hilar muy fino”.
El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO), Pedro Costeras, señaló que aún queda “trabajo pendiente” en cuestiones relacionadas, por ejemplo, con la carrera profesional; mientras que el secretario de la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de Canarias (FeSP-UGT), Francisco Bautista, aunque feliz por el acuerdo alcanzado, sí que se mostró “triste” porque en educación no se vaya a regir por este documento y espera que se busquen alternativas para encontrar una “fórmula legal”.
El sindicato Cobas se desmarca del acuerdo
Otras fuerzas sindicales discrepan de este acuerdo. En opinión de José Valido, delegado de Cobas Canarias y miembro del comité de huelga, con él el Ejecutivo y los sindicatos de la Mesa General de Empleados Públicos de Canarias “han firmado la sentencia de muerte laboral de, al menos, un 10 % de los trabajadores en fraude de ley, unos 350”.
Valido ha explicado ante la sede de Presidencia del Gobierno, donde se manifestaba junto a más compañeros, a los que “no les vale” este acuerdo porque “deja atrás a los trabajadores de la Administración general con menos de doce años de antigüedad quienes, con estas bases, van a obtener una puntuación que no les va a alcanzar para consolidar su puesto de trabajo”.
Por este motivo, el representante de Cobas Canarias ha asegurado que este acuerdo “está impugnado judicialmente” y ha añadido que su recorrido en los tribunales “dependerá de si se alcanza un acuerdo para la gente que va a estar despedida”.