Hace ya cinco años, el 21 de julio de 2010, el pleno del Senado aprobó una moción por la que se instaba al Gobierno central “a que comprometa los esfuerzos necesarios para respaldar el impulso de las administraciones autonómicas, insulares y locales, para hacer realidad el proyecto de creación en la Comunidad Autónoma de Canarias de una Zona Internacional para la Cultura de Paz y Derechos Humanos, de manera que se constituya y se introduzca en el ámbito de la Unesco y de las Naciones Unidas, así como en el Consejo de Europa, la figura de Zona Internacional para la Cultura de Paz y Derechos Humanos”.
El proyecto para esta lograr esta Declaración lo inició la Asociación canaria Zona internacional para la cultura de paz y de los Derechos Humanos y lo han apoyado por el camino, personalidades como el ex presidente del Senado Javier Rojo o el ex Director general de Unesco, Federico Mayor Zaragoza.
En octubre de 2010 se adoptó la Declaración de Lanzarote por la Paz bajo el lema de Cultura de Paz y Vida Cotidiana y se trasladó al Secretario General de las Naciones Unidas y a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El Parlamento de Canarias también aprobó una adhesión a esa Declaración, a la que también dieron su apoyo los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura; los ayuntamientos de Arrecife, Teguise, San Bartolomé, Tías, Tinajo, Haría, Puerto del Rosario, La Oliva, Pájara, Tuineje, Antigua y Betancuria, la Cámara de Comercio de Lanzarote y Casa África en Las Palmas.
Desde entonces, sin embargo, no se ha avanzado mucho. Hace unos meses la diputada socialista Pilar Grande hacía una pregunta en el Congreso de los Diputados para conocer o bien las gestiones que había hecho el Gobierno en los últimos años o bien los motivos por los que no había hecho ninguna gestión. También preguntaba “cuándo tiene previsto el Gobierno llevar a cabo el mandato de la iniciativa aprobada por 212 Senadores el 21 de julio de 2010?”.
La respuesta no ha sido satisfactoria pero sí ha sido clara. El Gobierno dice que el establecimiento de una Zona internacional de Paz se encuentra supeditado a la previa constitución de esa Zona en el territorio de Canarias y añade que, a pesar de las múltiples declaraciones al respecto, no consta “que las instituciones canarias hayan constituido formalmente esa Zona, de manera que difícilmente podría elevarse al mundo de las organizaciones internacionales lo que, en principio, no paree estar legalmente constituido”.