La consejera de Empleo del Gobierno canario, Francisca Luengo, ha dicho este sábado que celebra que los tribunales “tumben poco a poco” la reforma laboral del PP, partido al que pide que dé marcha atrás y la retire, y, en un comunicado, indica que en Canarias se hizo lo correcto al acordar la prórroga de los convenios colectivos.
Francisca Luengo, consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, señala que la última decisión judicial que afecta a la reforma laboral aprobada por el PP es la del Tribunal Supremo sobre la ultraactividad en los convenios colectivos.
Indica la consejera que el PP estableció en la reforma que todos los derechos de los trabajadores “quedaban prácticamente eliminados al caducar los convenios colectivos sin que las partes llegaran a un acuerdo”.
Añade que el Tribunal Supremo ha dado un “duro golpe” a uno de los pilares de la reforma laboral: el fin de la prórroga indefinida y automática de los convenios.
La sala de lo social del Tribunal Supremo ha fallado que los derechos recogidos en los convenios colectivos siguen vigentes a pesar de que hayan caducado y se haya agotado el año prórroga legal sin acuerdo.
La reforma laboral de 2012 acabó con la ultraactividad, un concepto jurídico que dictaba que los convenios colectivos se prorrogaban automáticamente de forma indefinida hasta que empresarios y trabajadores pactasen uno nuevo, de forma que limitó a un año la prórroga.
Francisca Luengo destaca que el Tribunal Supremo dice que aunque los convenios decaigan al año de expirar su vigencia por no haber acuerdo, los derechos colectivos laborales pactados pasan a ser individuales, es decir, se integran en el contrato.
“Esta es la tesis que mantuvimos en el Gobierno de Canarias y por ello firmamos un acuerdo con patronales y sindicatos para prorrogar los convenios y proteger así a los trabajadores canarios”, afirma Francisca Luengo.
De hecho, añade la consejera, los convenios colectivos se siguieron negociando en Canarias tras el acuerdo alcanzado entre las patronales canarias y UGT y CCOO para que las empresas privadas los prorroguen y no pierdan la ultraactividad eliminada en la reforma laboral, que implica su extinción.