El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, ha garantizado este martes que su Ejecutivo no va a subir impuestos ni bajará el gasto público para afrontar la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus.
“Podemos resistir a este momento crítico. Lo vamos a mantener contra viento y marea”, ha señalado en comisión parlamentaria, incidiendo en que se utilizarán los “ahorros” de 4.000 millones que acumulan las instituciones públicas de las islas, se “pelearán” transferencias a la Unión Europea y el Gobierno central y se acudirá al endeudamiento si es necesario.
Sobre ese capítulo, ha destacado que los cálculos de la comunidad autónoma pasan por un endeudamiento “moderado” de en torno a 500 millones anuales entre 2021 y 2023, el 1,5% del PIB canario, si bien ha mostrado mucha confianza en el uso del superávit de las administraciones canarias. “Bien gestionado y administrado puede ser la solución”, ha indicado.
Ha dicho que no van a “poner en la calle” a los trabajadores sanitarios como hizo el PP en la anterior crisis económica y en cambio, no van a “retroceder ni un euro” en gasto público, entre otras cosas porque la crisis sanitaria “no está resuelta”.
“Vamos a ver como nos manejamos porque un segundo susto será mortal para la economía y el confinamiento no es descartable”, ha comentado en referencia a los rebrotes que están surgiendo en diversos puntos de la Península.
Rodríguez ha pronosticado que la caída del PIB en España alcanzará este año el 13% y en Canarias rondará el 20%, una “muy mala noticia”, pero ha insistido en que la fiscalidad no se tocará hasta que pase la crisis, que “durará tres años”, incluido el impuesto de sucesiones y donaciones, que seguirá como marca la ley de presupuestos autonómica.
En ese sentido, ha comentado que ahora no es momento de implantar 'impuestos verdes' aunque es un compromiso de su partido (NC) y del Gobierno progresista, y ha advertido de que a nivel nacional apoyan otras iniciativas como la 'tasa Tobin' o la 'tasa Google'.
A preguntas del Grupo Nacionalista, ha dicho también que los 500 millones del convenio de carreteras reconocidos por el Tribunal Supremo “son indiscutibles” y con el segundo bloque de 500 millones --cantidades previstas en el convenio no ejecutadas-- ha señalado que hay un “acuerdo político” para hacer una adenda al convenio actual.
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