La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, ha anunciado este lunes que el Ejecutivo destinará 21 millones de euros a su plan contra la pobreza en el presupuesto de 2018, de los que la Comunidad Autónoma aportará 15 millones y el Estado seis.
En su comparecencia en comisión parlamentaria para informar del próximo presupuesto, Valido indicó, ante las críticas de PSOE, Podemos y Nueva Canarias, que le gustaría contar con más recursos para el próximo año en su departamento, y confió en que las cuentas puedan ser mejoradas en el proceso de enmiendas y en las negociaciones con el Estado, que no se han cerrado aún.
El presupuesto del conjunto de la Consejería para 2018 supera los 700 millones de euros, un 22% más de lo presupuestado inicialmente en 2017, y las políticas sociales suben un 24%.
Una gran parte del incremento presupuestario, en concreto 45 millones de euros, se destinan a un plan de infraestructuras sociosanitarias, un proyecto plurianual con el que la Comunidad Autónoma aspira a contar con 8.000 plazas residenciales públicas que permitirán aliviar la actual lista de espera, sin perjuicio de la concertación de plazas privadas en función de las necesidades, explicó Valido.
La consejera indicó que se gastarán 15 millones de fondos propios en la lucha contra la pobreza, a los que se sumarán otros seis millones de un convenio recién firmado con el Estado gracias a la negociación presupuestaria desarrollada por Nueva Canarias, dijo.
Esos fondos contra la pobreza incluyen mejoras en la Prestación Canaria de Inserción, así como nuevos fondos para que los ayuntamientos gestionen mejor las listas de espera.
Uno de los nuevos programas para la PCI incluye un plan de inserción sociolaboral para los perceptores a los que se les ha agotado la prestación y siguen en situación de exclusión social.
El Gobierno también prevé mejorar el plan concertado con los ayuntamientos para reforzar las dotaciones de personal de políticas sociales.
En cuanto a los fondos para el empleo, se han presupuestado los mismos que para este año, sin incorporar el Plan Integral de Empleo ante la ausencia de momento de presupuesto estatal para 2018.
En cuanto a vivienda, el presupuesto cuenta con diez millones de euros que se destinarán a adquisición de viviendas vacías para promoción pública y a iniciar proyectos de construcción de nuevas unidades.
La diputada del PSOE Teresa Cruz denunció que las partidas de políticas sociales disminuyen porcentualmente excepto las destinadas a las infraestructuras sociosanitarias.
“No hay medidas de inclusión social en la lucha contra la pobreza, salvo que se pretende maquillar los horrorosos datos de dependencia”, dijo Teresa Cruz, para quien el presupuesto de la Consejería es injusto, insuficiente y consagra el desequilibrio territorial.
En cuanto a empleo, dijo la diputada del PSOE Patricia Hernández, la Comunidad Autónoma solo aporta 600.000 euros de fondos propios, mientras que la Unión Europea destina 12 millones.
Josefa Luzardo, del PP, consideró que el presupuesto, apoyado por su partido, “es manifiestamente mejorable” y para eso su grupo va a presentar enmiendas parciales.
Noemí Santana, de Podemos, acusó a la Consejería de mantener políticas continuistas y clientelares que han demostrado hasta ahora escasos resultados, sin medidas efectivas para la inserción social, la vivienda o la dependencia.
La representante de Podemos propuso una renta básica universal para que las familias puedan sufragar sus gastos básicos, o al menos una renta mínima garantizada.
Román Rodríguez, de Nueva Canarias, denunció que de los 99 millones de euros en los que aumenta el presupuesto de esta área, se destinan 66 millones para políticas sociales, pero de estos son 43 millones para infraestructuras sociosanitarias, “para cemento”.
“La PCI se queda igual, las transferencias a los ayuntamientos para plan concertado y las prestaciones básicas se quedan igual”, aseguró.
Calificó de ridícula la aportación autonómica para vivienda y empleo, ya que casi todos los fondos los aporta el Estado y consideró que la inversión en infraestructuras sociosanitarias se distribuye de forma clientelar.
Para Melodie Mendoza, de ASG, el Gobierno de Canarias hace “una apuesta decidida por las áreas sociales”, aunque anunció que su grupo presentará algunas enmiendas para mejorar los fondos contra la pobreza.