Han pasado 16 años desde que el expresidente de Canarias Paulino Rivero (CC) anunciara la creación de la Policía Canaria, un cuerpo de seguridad que generó polémica en aquellos años marcados por la crisis económica. En 2008 se aprobó la ley que la regula y se estableció que en una primera fase se contaría con 300 agentes hasta llegar a los 1.700 efectivos en 2020. La fotografía real es que, en la actualidad, el cuerpo cuenta con 280 efectivos y con solo dos comisarías, una en cada isla capitalina. Por ello, el Ejecutivo regional (CC-PP) trabaja ahora para desplegarla con comisarías en todas las islas y maneja la previsión de cerrar la legislatura con 800 agentes.
Esa falta de agentes en todas las islas ha ocasionado problemas como retrasos ocasionales en el traslado de menores migrantes llegados a El Hierro o Lanzarote porque los agentes no pudieron conseguir billetes. Unos hechos que han sido denunciados por la Fiscalía.
Desde la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias señalan que cuando el nuevo equipo llegó al Gobierno había 192 efectivos, que en los últimos años el cuerpo no había crecido y que su intención es ir abriendo comisarías insulares. Hasta hace poco tiempo, cuando se enviaba a un policía de este cuerpo a otra isla había que pagarles horas extra. Por ello, en la última convocatoria se ha cambiado el lugar de trabajo de los agentes como “las siete islas”, de manera que los efectivos se puedan mover. De esta manera, cada vez que un ayuntamiento lo solicita o por distintas causas los policías tienen que moverse a una isla no capitalina, se hospedan en hoteles que suelen ser pagados por los consistorios.
La consejera del área, Nieves Lady Barreto, anunció hace unos meses que había publicado ya la orden de ese despliegue. Desde su departamento afirman a este periódico que ya se ha empezado a negociar con los cabildos para llegar a acuerdos para proporcionar locales a esas nuevas comisarías. Explican que, “por seguridad”, hay islas que necesitan más refuerzos y que se comenzará con La Gomera, Lanzarote y La Palma.
Desde la consejería señalan que el Cabildo de Lanzarote ha hablado con el Ayuntamiento de Arrecife y se va a ceder una comisaría de policía. Así mismo, en La Palma se siguen barajando locales, aunque lo más seguro es que se instale en Los Llanos de Aridane y con el Cabildo de Fuerteventura, aunque no era una de las tres islas prioritarias, ya se cuenta con un convenio.
Para poder destinar efectivos a esas comisarías, afirman que se está trabajando en incorporar unos 140 nuevos efectivos. Así mismo, hay un convenio en materia de Seguridad para poder cubrir eventos en todas las islas, que es una cuestión que desde la Consejería insisten en que los consistorios lo piden, “piden la presencia de la Policía Canaria”. Este año, además, se han dado situaciones extraordinarias como que en Valle de Gran Rey se pidieran refuerzos de varias semanas por una crisis de seguridad y se pidió un destacamento varias semanas hasta que la situación se recondujo.
Desde la Consejería de Seguridad creen que no se puede hablar de Policía Canaria si solo está en Tenerife o Gran Canaria. Por eso, se han convocado plazas para nutrir esas comisarías. Cuando se cumpla esa primera etapa de comisarías insulares, el siguiente paso serán las comisarías locales. “La Policía Canaria puede crecer porque todo el mundo reclama la Policía Canaria, los ayuntamientos la solicitan a la dirección general de seguridad” , indican fuentes de la Consejería.
Nieves Lady Barreto señaló en abril que “promocionan 81 miembros de la Policía Canaria, 141 plazas que tenemos en fase convocatoria y estamos modificando el catálogo para la 150 del presupuesto de este año. El año que viene, tendremos más de 400 policías de la Policía Canaria cuando en julio del año pasado había 192”. También defendió un nuevo convenio con la FECAM (Federación Canaria de Municipios) para reforzar y coordinar en materia de seguridad, que pasa fundamentalmente, en este caso, por tener más presencia en la calle y dar respuesta, entre todos, a las demandas que han trasladado asociaciones comerciales de Gran Canaria, La Palma y La Gomera, “preocupadas por el índice de robos y de hurtos en los comercios”.
Además, hace unos meses el Gobierno canario creó un servicio de Inteligencia en la policía autonómica a las órdenes de un cargo político. Se trata de una unidad cuyo objetivo es que “detecte y evalúe nuevos fenómenos que puedan representar un riesgo para la seguridad a medio y largo plazo”. Un servicio que no venía contemplado en la Ley de 2008.
Entre las funciones que sí se recogen para la Policía Canaria están la de colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; velar por el cumplimiento de las disposiciones y órdenes dictadas por los órganos de la Comunidad Autónoma de Canarias; la vigilancia y protección de personas, órganos, edificios, establecimientos y dependencias de la Comunidad Autónoma de Canarias; inspección de las actividades sometidas a la ordenación o disciplina.
Según sus competencias, se prestará especial atención a la protección del medio ambiente y velará por el cumplimiento de la legislación de ordenación del turismo de Canarias. Los agentes ejercerán “inspección del transporte terrestre en las vías públicas interurbanas y del transporte marítimo interinsular”, además de “velar por el cumplimiento de la normativa sobre el patrimonio cultural canario evitando su expolio o destrucción”. También deberán “informar, asistir y orientar a los ciudadanos, así como colaborar con las instituciones públicas de protección y tutela de menores”. Además, tendrán que colaborar con las instituciones públicas y privadas de “protección y tutela de los inmigrantes y cualesquiera otras formas de marginación y con los servicios de salvamento marítimo”.
Para asumir ese mayor despliegue de la Policía Canaria, el Gobierno deberá destinar más presupuesto a este fin en 2025. Sin embargo, todavía no se ha presentado al detalle cuál será la partida de la Consejería y de esta área en concreto. Se prevé que el próximo 5 de noviembre la consejera Nieves Lady Barreto lo presente en el Parlamento. El pasado año, el presupuesto conjunto de seguridad ya creció un 1,44% al pasar de 52,9 millones a 53,7.
Retrasos en la acogida de menores migrantes
El Gobierno de Canarias ha delegado en la Policía Canaria la entrega de los menores migrantes a los centros de acogida. Cuando los niños y adolescentes llegan a puerto sin familia, la Policía Nacional se encarga de su identificación y filiación. Después, según han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno, es competencia del Ejecutivo autonómico “ir a buscarlos”. La falta de billetes y la ausencia del cuerpo policial autonómico en las islas no capitalinas ha provocado retrasos en la entrada de los menores en la red de protección.
La Fiscalía Superior de Canarias cifra en 24 los menores llegados en pateras y cayucos que no recibieron la protección inmediata que exige la ley y que pasaron varios días en dependencias policiales a la espera de entrar en un centro de acogida. En septiembre, dos jóvenes de 17 y 16 años pasaron tres días bajo custodia policial sin que el Gobierno autonómico se hiciera cargo de ellos. Los migrantes fueron rescatados por Salvamento Marítimo al este de Lanzarote, en una neumática con 47 personas a bordo. La saturación de los recursos de la isla obligó a Salvamento a trasladarlos al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Fuerteventura, donde permanecieron tres días esperando a que un agente de la Policía Canaria los recogiera.
Lo mismo sucedió en El Hierro, donde esperaron once menores de entre 13 y 17 años rescatados en dos cayucos diferentes el 20 de septiembre. También en Lanzarote, once menores que llegaron en cuatro pateras diferentes sufrieron retrasos en su protección. Todos estos casos se produjeron a pesar de que la Fiscalía envió comunicaciones a la Dirección General de Protección a la Infancia para advertir de la llegada de estos menores. En declaraciones concedidas a El País, el viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, aseguró que estos casos se dieron por las dificultades para encontrar billetes de transporte y por la falta de plazas en los recursos de las islas no capitalinas, que obligaba a reubicar a los menores.
La gestión del Gobierno de Canarias sobre la acogida de menores migrantes ha recibido múltiples varapalos por parte de la Justicia. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), atendiendo a las advertencias de la Fiscalía, suspendió el protocolo impuesto por el Ejecutivo regional, que exigía a los menores pasar por un enjambre de trámites policiales antes de entrar al sistema de acogida. Unos requisitos que, de acuerdo con el Ministerio Fiscal, podrían vulnerar los derechos fundamentales de los niños migrantes al quedar desprovistos de protección inmediata y en situación de desamparo. Por esta razón, el Tribunal Constitucional ha eliminado todos los apartados que la Fiscalía ha señalado como inductores de un posible delito de abandono.
A raíz de esta suspensión, la Consejería de Seguridad emitió el 23 de septiembre una directriz a la Policía Canaria. El texto, al que ha tenido acceso este periódico, establece que dada la suspensión del protocolo territorial deben acogerse al protocolo marco estatal de 2014. Sin embargo, la orden sigue estableciendo una serie de requisitos previos. Antes de la recepción, la Policía Canaria exige a la Policía Nacional la identificación del menor y “obligatoriamente” una foto, datos sobre su edad, nacionalidad, última residencia y la documentación que tenga de su país de origen.
Según la directriz, la Policía autonómica no puede recibir al menor hasta que Infancia comunique a qué centro debe ser trasladado. Es entonces cuando los agentes autonómicos trasladarán a los menores al recurso indicado confeccionando “un formulario de entrega”. En este punto, el documento subraya que para la acogida de un menor migrante extranjero no acompañado externamente, es decir, en lugares distintos de las comisarías insulares de la policía autonómica canaria, es necesario como requisito previo un oficio de las fiscalías provinciales encomendando a la policía autonómica la recepción y posterior entrega del menor en centro de acogida.