El Gobierno de Canarias, que el pasado 22 de mayo aprobó en el Consejo de Gobierno la normativa que regula las viviendas de alquiler vacacional, considera “imposible” conciliar intereses de los empresarios de la hostelería y de las personas que arrendan este tipo de viviendas.
El portavoz del Ejecutivo canario, Martín Marrero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha señalado que se han intentado llegar a un consenso “partiendo de la base de que era imposible”.
La normativa aprobada ha logrado el máximo consenso posible, ha destacado Marrero, quien no tiene constancia de que la presidenta de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav), Doris Borrego, haya solicitado una reunión urgente con el jefe del Gobierno canario, Paulino Rivero, al considerar que el decreto deja al 90 por ciento de las viviendas ubicadas en zonas turísticas fuera.
Borrego, en la misiva que envió Rivero denuncia que el Ejecutivo, en virtud de “enmascarar” una prohibición casi total de las zonas turísticas y sucumbir a las exigencias del “lobby” hotelero, incluyó en el decreto final como “aclaración” la exclusión de los suelos y urbanizaciones mixtas turísticas residenciales.