“Desde 2013 no se ha pagado ni un sólo euro por el saneamiento de Emalsa”. Así lo ha asegurado este jueves el alcalde de la capital grancanaria, Augusto Hidalgo (PSOE), quien ha anunciado que tras el último informe del interventor estiman que la deuda contraída con la empresa de suministro público de aguas se sitúa en 15 millones de euros, una cifra que se podría incrementar hasta en 20 millones si se le suman intereses.
Hidalgo sostiene que desconoce cómo va a hacer frente el actual Gobierno a esta deuda, ya que estas cantidades no estaban presupuestadas, pero adelanta que analizarán todas las vías para que “no cueste ningún esfuerzo a los ciudadanos”, puntualizó.
Este miércoles finalizó la intervención y el Consistorio recibió un informe lleno de irregularidades. Entre ellas, Hidalgo subraya la “incapacidad del anterior mandato para ejercer un control sobre esta empresa”. Además, se advierte un deficiente cumplimiento en la concesión de sus contratos.
En este punto, el Ayuntamiento se muestra especialmente crítico con la empresa Sercanarias. El informe del Interventor afirma que se trata de una “subcontratación irregular” ya que esta entidad realiza la mayor parte de las obligaciones derivadas del contrato de saneamiento. Asimismo, refleja que se podría haber producido una subrogación del contrato sin que el titular del servicio lo haya autorizado.
Hidalgo anunció que su grupo de gobierno va a “aumentar” el control sobre esta empresa, de la que dispone el 34% de las acciones y ha puntualizado que si dependiera de ellos recuperarían el control total de la empresa, pero que, por lo pronto, “no es posible”.
Del anterior mandato, el primer edil también denunció la falta de inversión que Cardona efectuó para mejorar el servicio de la empresa. “No buscó recursos para infraestructuras”, aunque considera que Emalsa está llevando a cabo un servicio adecuado y que los ciudadanos no se han visto perjudicados sí que admite que es necesario pensar en el futuro y mejorar algunos aspectos. Por ello, informó de que están trabajando en las nuevas depuradoras de Tamaraceite y Tenoya.
Un informe cargado de incumplimientos
Por otro lado, en el documento del interventor, Rafael Bolívar se advierte del “abandono” en la limpieza programada de saneamiento. De hecho, no se ha cumplido con el compromiso de limpiar dos veces al año la red existente.
Asimismo, se evidencia la falta de confección de los balances hidráulicos y de una estrategia eficaz para abordar los vertidos industriales. Otra irregularidad son los errores de bulto de su base cartográfica, algo que limita su utilidad como herramienta de diagnosis, planificación y gestión.
Además, el mantenimiento de los emisarios submarinos del Teatro “no ha sido eficaz” por parte de Emalsa. La cantidad residual vertida al mar sin depurar desde el año 1998 asciende a 117 millones de metros cúbicos.
Otro déficit detectado hace referencia a las galerías de servicio, pues muchas de ellas se encuentran en estado próximo a “la ruina”. Esta situación ha generado, según se recoge en el informe, que en estos momentos se estén llevando a cabo labores de apuntalamiento y refuerzo en diversos tramos.
En cuanto a la depuración de aguas, se detectan problemas en los lodos, que precisan de una “calificación técnica y jurídica específica”.
Agusto Hidalgo ha denunciado que este último documento recoge varias irregularidades que se han producido en los últimos 22 años en el Ciclo Integral del Agua de Las Palmas de Gran Canaria y que de todos los informes que ha realizado el interventor, sólo se ha hecho público este último a la ciudadanía. El alcalde señala que el Gobierno municipal no sólo no los hizo públicos sino que no puso en marcha “nada” para remediar esta situación.
El primer edil destacó este jueves que, a pesar de estos incidentes, seguirá apostando por la tarifa social del agua, que según explicó, busca dar facilidades a las familias que peor llevan la crisis para que paguen el agua o para que no se les corte el suministro porque “no tienen recursos ni para comer”, concluyó el alcalde.