El Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes solicitar al Tribunal Supremo que anule el Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, que regula las condiciones de las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato, las pruebas conocidas como reválidas.
El Gobierno canario ya había impugnado las evaluaciones finales de tercero y sexto de Primaria, con un argumento que ahora reitera: que han generado “indefensión a la comunidad autónoma por la omisión clara, manifiesta y ostensible del trámite de consulta previa”.
“Frente a la justificación expresada por los representantes estatales de que sí se consultó a las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial del pasado mes de mayo, el Gobierno de Canarias considera que ese no es el cauce legal previsto en la tramitación de la normativa y que no hubo una información previa del documento para poder presentar las correspondientes alegaciones”, argumenta el Ejecutivo canario, en un comunicado.
El Gobierno presidido por Fernando Clavijo subraya además que en esa Conferencia Sectorial “lo que sí quedó de manifiesto fue el categórico rechazo de doce de las diecisiete comunidades autónomas a estas evaluaciones finales”.
En el recurso que presentará ante el Tribunal Supremo, el Ejecutivo canario también alega que el Consejo de Ministros “se ha extralimitado al aprobar un Real Decreto de carácter reglamentario mientras está en funciones”.
Desde su punto de vista, “las razones de urgencia esgrimidas en el preámbulo del Real Decreto como fundamento para su aprobación carecen de sustantividad”.
En este sentido, el Gobierno de Canaria que considera que la decisión de regular las evaluaciones finales de Secundaria y Bachillerato es “más una decisión política que una necesidad perentoria de desarrollo de una norma básica”.