Los grupos del Parlamento de Canarias, a excepción de Vox, han vuelto a cerrar filas este lunes con la reforma de la ley de extranjería pactada entre el Gobierno central y el regional para que la derivación de menores migrantes no acompañados se haga de forma obligatoria hacia otras comunidades autónomas. Hasta ahora las competencias sobre la atención a estos niños y adolescentes es autonómica.
Así lo ha avanzado a los periodistas el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a la salida de una reunión con los siete grupos, subrayando que este martes y el miércoles se reunirá en Madrid con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y los portavoces de los grupos en el Congreso para perfilar el apoyo al documento.
El objetivo de ambos gobiernos es que la reforma quede ultimada esta semana para que a lo largo del mes de julio se acometa el trabajo parlamentario en las Cortes y pueda entrar en vigor a partir del mes de agosto.
Clavijo ha resaltado que Canarias “sigue absolutamente unida” en este asunto y ha tildado de “emocionante” el apoyo al documento pese a “algún dime y direte” de los últimos días, con un “cierre de filas total”.
En ese sentido, ha valorado la “generosidad” y el “compromiso” de todas las fuerzas políticas con un que texto es “bueno”, susceptible de algunas pequeñas mejoras, y destacando que, en su opinión, “era algo absolutamente impensable hace ocho meses”. Sin embargo, hay que destacar que la “unión” en el Parlamento canario respecto a este tema no se da fuera de la Cámara regional. Cabe destacar que el Partido Popular apoya en el Gobierno canario la modificación de la ley de extranjería para que los menores migrantes no acompañados salgan del Archipiélago, pero la postura de este partido varía fuera de las Islas. Son varios los presidentes autonómicos del PP que se han mostrado reacios, por diferentes motivos, a este pacto y a recibir siquiera a estos menores. De hecho, los mayores escollos a la hora de derivar migrantes llegan de las comunidades donde gobierna el PP, con y sin Vox. De hecho, la semana pasada el delegado del Gobierno en las Islas pidió al PP de Canarias que “convenza” a sus compañeros de otras comunidades autónomas donde gobierna para que salga adelante la modificación de la Ley de Extranjería.
Tal es el rechazo que aún no se ha ejecutado el traslado de 400 menores desde Canarias y Ceuta que el Gobierno de España pactó con las comunidades autónomas hace dos años. Tampoco las derivaciones de 374 jóvenes acordados en 2023. Estos traslados iban a negociarse el pasado martes en una Conferencia Sectorial. Sin embargo, las comunidades decidieron aplazarla poco tiempo antes de que se celebrara, tras conocer que se había sellado el pacto con el Archipiélago para el reparto obligatorio.
Ahora Clavijo espera que las reuniones con el equipo del ministro Torres y los grupos políticos del Congreso sean “fructíferas” y ha insistido en que el Ejecutivo canario sigue apostando por el real decreto-ley, porque su aplicación es más rápida, frente a la proposición de ley, vía escogida por el Gobierno central.
“Vamos mandatados por el pacto de migración y respaldados por la soberanía del pueblo canario en su Parlamento, la única fuerza política que se ha desmarcado ha sido Vox, como ha sido siendo en todas las reuniones”, ha detallado.
Así, ha apuntado que están “esperanzados” ante las reuniones de esta semana para “conseguir un gran acuerdo” y dar respuesta a las necesidades de los menores migrantes y para que Canarias no lleve “en solitario” todo el peso de la migración (solo de los menores, ya que los adultos son competencia del Estado y, de hecho, la gran mayoría de ellos pasan en las Islas solo un corto período de tiempo, continuando después hacia la Península y Europa).
“Hoy es en Canarias pero mañana puede ser en cualquier otra comunidad autónoma”, ha indicado.
La postura cambiante del PP
Clavijo ha apuntado también que el Partido Popular apoya “desde el minuto cero” el pacto migratorio que se ha seguido “a rajatabla” ha felicitado a los equipos técnicos del ministerio y el Gobierno canario por un “magnífico trabajo” dado que se “está innovando” y con un asunto “altamente complejo”.
El presidente ha reconocido que la ficha financiera no está redactada como defendía el Gobierno canario pues “se garantizaba independientemente de la conferencia sectorial” y permitía modular costes dependiendo de las necesidades de cada comunidad.
“El Estado lo cambió para decir que lo iba a remitir a una celebración de una conferencia sectorial, nosotros creemos que es peor porque los costes en Madrid o en Galicia son distintos que los de Canarias y los de Andalucía pero en este caso será uno de los asuntos que hablaremos con los distintos portavoces de los grupos políticos”, ha explicado.
Clavijo ha indicado que están “abiertos” introducir “matices” en el acuerdo tras las reuniones con los grupos del Congreso y ha adelantado que a comienzos de julio habrá una conferencia sectorial de Infancia y Juventud en Canarias para perfilar el acuerdo con todas las comunidades autónomas.
“Es imprescindible y necesario que esa conferencia se celebre en Canarias para que puedan ver de cerca la realidad”, ha apuntado.
PP: el acuerdo es “insuficiente”
La portavoz del Grupo Popular, Luz Reverón, aunque ha apoyado el documento, ha advertido de que es “insuficiente”, especialmente desde el punto de vista económico, porque entienden que la financiación no está garantizada y tampoco se ha obtenido el aval de las comunidades autónomas, que no han sido informadas (son partidarios de convocar una Conferencia de Presidentes).
Reverón también echa en falta en el acuerdo una declaración de emergencia para que todas las comunidades autónomas no se vean sometidas a los plazos de la ley de contratos para afrontar diversas necesidades relacionadas con la atención a los menores.
Jesús Ramos (ASG) ha resaltado el trabajo del Gobierno canario para alcanzar este principio de acuerdo y su agenda de trabajo de esta semana en Madrid y confía en el apoyo final del Congreso de los Diputados, que en opinión de su partido debe hacerse vía real decreto-ley.
En su opinión, este acuerdo “serviría para desahogar la situación que estamos viviendo con los menores y de esta forma podría hacerse pues un reparto muchísimo más rápido”.
Nicasio Galván, portavoz de Vox, ha lamentado que el acuerdo es “más de lo mismo” pues se está “intentando mirar para otro lado” e “intentar repartir un problema” a modo de “patada a seguir”.
Para Galván, la propuesta es una “rendición” ante las mafias y la inmigración ilegal y confirma el “desencuentro” entre la Unión Europea y Marruecos.
Por ello ha señalado que ante “bajar los brazos” hay que tener una “posición fuerte en Europa”, algo que se ha mejorado tras las últimas elecciones europeas, y “presionar” a Marruecos y a los países que permiten la salida de pateras de sus costas.
José Miguel Barragán, portavoz del Grupo Nacionalista, ha celebrado que se ha “avanzado muchísimo” con un texto de “mayor consenso” entre el Estado y Canarias, y a la espera de cerrar si se tramita como proposición de ley o proyecto de ley.
Ha admitido que “quedan algunos matices”, especialmente mejorar la redacción de la parte financiera, pero ha señalado que se está en el “camino correcto” para rematar el trabajo esta semana y se empiece ya a “pasar página”.
NC-BC afea que los portavoces canarios no vayan a las reuniones
Luis Campos, portavoz de NC-BC, ha dicho que ve el “vaso medio lleno” pues se ha logrado consensuar un texto, algo “impensable” hace ocho meses (con PP y CC en la oposición), y en línea con las demandas aprobadas en el pacto canario por la inmigración.
Ha lamentado que la Junta de Portavoces del Parlamento de Canarias no acompañe a Clavijo a las Cortes, tal y como se había acordado, pero ha dejado claro que “lo más difícil” se ha hecho y ahora queda se que se “abandone la lucha partidista” y se apoye la reforma.
“No hay excusa para ningún otro partido político ni para ninguna otra comunidad autónoma”, ha señalado, pidiendo especialmente al PP “responsabilidad”.
Sebastián Franquis, portavoz del Grupo Socialista, ha mostrado su alegría por el acuerdo “que era francamente complicado”, pero permite “encontrar la solidaridad” del conjunto de las comunidades autónomas.
Ha dado por asegurada la financiación del reparto y confía en que las reuniones que se inician este martes abran la puerta a la aprobación a lo largo del mes de julio en el Congreso.
Franquis ha vuelto a poner sobre la mesa el voto de los 120 diputados del Grupo Socialista y espera que el resto de las fuerzas políticas “hagan lo mismo y se comprometan a lo mismo” porque es el “mejor mensaje” que se puede dar de “unidad”.