Los cuatro grupos que respaldan al Gobierno de Canarias han aprobado este lunes en el Parlamento, con el voto en contra de los tres de la oposición, ampliar de seis a siete el número de miembros de la futura junta de control de Radio Televisión Canaria (RTVC), según han argumentado, para darle “pluralidad”.
Este cambio está motivado también para evitar que un número par de miembros en la junta de control dificulte su gestión por la posibilidad de empates en las votaciones, y para que en consecuencia no haya que recurrir en exceso al desempate por el voto de calidad de su presidente.
El Parlamento ha optado por ampliar el órgano de control a siete miembros en vez de reducirlo a cinco, como propuso Ciudadanos y apoyaron CC-PNC y PP, en aras de dar más plurarilidad a ese órgano de control del futuro director general del ente, según expusieron los grupos que apoyan al ejecutivo (PSOE, NC, SPC y ASG).
El debate se suscitó con ocasión del dictamen en la Comisión de Gobernación del Parlamento de Canarias del informe de ponencia de modificación de la ley de Rtvc, que procede de un decreto ley aprobado por el Gobierno de Canarias en junio.
El ejecutivo regional aprobó el decreto debido a que el bloqueo parlamentario para la designación de una junta de control y un director general impedía que el administrador único, que está al frente interinamente, realizara contrataciones imprescindibles para la continuidad de las emisiones, sobre todo la licitación del transporte de la señal.
El decreto ley ampliaba las competencias del administrador único, cargo que actualmente ejerce Francisco Moreno, para realizar este y otros contratos necesarios para la continuidad del servicio, como los de equipamiento, algo en lo que básicamente están de acuerdo todos los grupos parlamentarios.
Pese a ello, el pleno del Parlamento, además de convalidar el decreto, acordó tramitarlo como proyecto de ley y en ese trámite parlamentario es en el que se ha incluido la enmienda para la ampliación a siete de los miembros de la junta de control bajo dos premisas: evitar los empates en las votaciones e incrementar la “pluralidad”, según argumentaron los grupos proponentes.
El diputado de Ciudadanos, Ricardo Fernández de la Puente, se mostró de acuerdo con que el órgano de control tenga un número de miembros impar, pero enmendó el texto legislativo para que en vez de aumentarlo a siete se redujera a cinco, y de esa manera reducir el gasto, puesto que sus integrantes percibirán emolumentos.
Como la enmienda fue rechazada, se volverá a votar en el pleno parlamentario, en el debate final del proyecto de ley
José Alberto Díaz-Estébanez, de CC-PNC, denunció que el único objetivo de tramitar este decreto como proyecto de ley era “colarnos de rondón” un miembro más de la Junta de Control, “no por pluralidad precisamente”, sino por “un reparto de cuotas” entre los cuatro grupos progubernamentales que quieren mejorar su posición de control “en el órgano de control, nunca mejor dicho”.
Luz Reverón, del PP, también interpretó que la ampliación de la Junta de Control a siete miembros responde a los intereses políticos de los grupos que apoyan al ejecutivo, puesto si lo que se pretendía era que el número fuera impar bastaría con reducirlo a cinco.
La representante del PP ya había visto previamente incorporada una de sus enmiendas en el informe de la ponencia, la que obliga al administrador único a informar a la Comisión de Control de Rtvc del Parlamento de Canarias de los contratos que realice al amparo de esta ampliación de competencias.
La representante del PSOE, Nira Fierro, defendió la ampliación del número de miembros de la Junta de Control por la necesidad de “reforzar” sus funciones y evitar los empates en las votaciones que tengan que dirimirse por el voto de calidad del presidente del órgano, cargo que será rotatorio.
También admitió que es necesario que el Parlamento acabe con la “situación anormal” que hace que el ente público esté regido desde hace dos años por administradores únicos.
Fierro anunció la disposición de los grupos progubernamentales a buscar una enmienda transaccional para su votación en pleno a la propuesta de Ciudadanos para que RTVC se comprometa a seguir el código deontológico europeo de la profesión periodística.
Luis Campos, de Nueva Canarias, defendió la necesidad de ampliar las competencias del administrador único como “salida de emergencia” ante la situación “extraordinaria” de que el Parlamento no haya designado los órganos rectores desde hace dos años.
Sostuvo que hay un compromiso para que “de manera inmediata” tras la aprobación de esta ley se proceda a designar al director general y a la junta de control para que “esté constituida” al final de este periodo de sesiones o al comienzo del próximo.
El diputado de Sí Podemos Canarias Francisco Déniz aseguró que “lentamente alcanzamos un grado de consenso significativo sobre la necesidad de ir sentando las bases definitivas para que la Rtvc abandone toda la ambigüedad e indefinición sobre la gestión”.
Para “acabar con la interinidad” Déniz habló de un plazo de “dos o tres meses”.
La diputada de ASG Melodie Mendoza justificó esta ley ante la situación “transitoria” de “bloqueo” de la designación de los cargos directivos de Rtvc.
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