El abogado Ignacio Cáceres ha valorado en declaraciones al programa Tiempos Modernos de CANARIAS AHORA RADIO la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que anula la expansión urbanística de Santa Brígida.
“Ya va siendo hora de que la sociedad en general empiece a pedir responsabilidades directas tantos a políticos como funcionarios de cualquier clase de administración que de una forma negligente dañen a los particulares y a la hacienda pública”, afirmó, refiriéndose “sobre todo” al Ayuntamiento satauteño. “Son ellos los que tendrán que responder”, expuso.
Cáceres, que planteó el recurso que dio lugar a la sentencia del TSJC, recordó que las normas subsidiarias de Santa Brígida aprobadas en 1990 “a día de hoy siguen sin estar en vigor” y eso afectó al Plan Parcial Sector 2 de Suelo Apto para Urbanizar de la Villa.
Esta irregularidad afectará “a varios cientos” de viviendas. “Desde el año 90, todas las licencias que ha podido haber otorgado el Ayuntamiento de Santa Brígida en base a una normativa que no ha entrado en vigor nunca, también esas están en una situación delicada”, concluyó.