La Dirección General de Política Energética y Minas dependiente del Ministerio de Industria concedió este lunes la autorización administrativa para la construcción de la planta regasificadora del futuro puerto de Granadilla sin contar con ningún tipo de instrumento urbanístico y de ordenación territorial que le otorgue cobertura legal.
El propio Ministerio lo admite así en la resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero acto seguido aclara que “el trámite medioambiental y la autorización administrativa pueden resolverse independientemente del trámite urbanístico-territorial”. En respuesta a una de las alegaciones presentadas en contra de la instalación de esta planta en el sur de Tenerife, el Ministerio puntualiza que no se iniciará la construcción ni la explotación de la planta de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado hasta que se hayan obtenido todas las autorizaciones y permisos que imponga la legislación vigente.
Asimismo, el Ministerio señala que la tramitación de la construcción del puerto “en modo alguno” interfiere con la de la Planta de Regasificación, “toda vez que si no es viable el Proyecto del Puerto, la instalación proyectada no podrá ser ejecutada tal y como ahora se concibe”. En cuanto a la cercanía de núcleos urbanos e incumplimiento de la normativa aplicable la empresa encargada de la construcción de esta instalación, Compañía Transportista del Gas de Canarias (GASCAN), apunta que se han aplicado todas las medidas necesarias para evitar y minimizar los accidentes y sus consecuencias. La empresa también presentó cartografía en la que muestra que las instalaciones se localizarán a más de dos kilómetros de los núcleos más cercanos, cumpliéndose, según su punto de vista, lo contenido en la actual legislación.
En cuanto a las alegaciones relacionadas con la seguridad del proyecto, el Ministerio garantiza que las instalaciones “cumplirán lo previsto en la normativa técnica y de seguridad”, y que asimismo “se atenderá al cumplimiento de lo previsto el Real Decreto por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, con objeto de limitar sus consecuencias para las personas, los bienes y el medio ambiente”.
Gascan defiende que la ubicación de esta planta se justifica precisamente por la construcción del puerto industrial de Granadilla y por la cercanía al principal centro de consumo de gas natural de la Central térmica de este municipio. “Todo ello supone ventajas económicas de integración de ambas infraestructuras”.
En cuanto a las críticas por las emisiones de CO2 asociadas a la implantación del proyecto y su relación con el cumplimiento del Protocolo de Kyoto, la promotora explica que la introducción del gas natural implicará con toda seguridad una reducción de las emisiones de CO2 de Canarias. Y ello será debido a la sustitución de combustibles como el fuel oil y el gasóleo, que son los combustibles que se utilizan actualmente en los grupos de generación eléctrica existentes en la isla.
Gascan expone que el gas natural no competirá con las energías renovables, sino con los otros combustibles fósiles, de forma que el gas natural será la principal fuente energética que “complemente a la energía obtenida de fuentes renovables para aportar toda la energía que requiere el lógico desarrollo de la isla, en la que sus propias limitaciones hacen necesaria la existencia de un equilibrio entre energías renovables y fósiles. De esta manera, el porcentaje de energías renovables será el mayor posible que la técnica permita, salvaguardando a su vez las condiciones de calidad del suministro energético que actualmente y en el futuro se prevé sea demandado”, indica la empresa.
En cuanto a las deficiencias del estudio de impacto ambiental elaborado para el proyecto, Gascan indica que se ajusta en su totalidad a los requisitos establecidos en la legislación estatal y autonómica, viéndose ampliado su contenido en aquellos aspectos que se han considerado particularmente relevantes para el proyecto. Dicho estudio junto con el proyecto básico de la instalación, han sido sometidos a información pública y al trámite de evaluación de impacto ambiental. La instalación fue aprobada con fecha 30 de mayo de 2008 por el Consejo de Ministros y su puesta en funcionamiento estaba prevista para el año pasado. El Ministerio indica que la planta de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado de Tenerife se enmarca en los criterios de política energética de introducción de gas natural en nuevas regiones, tanto a nivel nacional como europeo. De esta forma se quiere de forma contribuir a que Canarias “no dependa exclusivamente del petróleo en la generación eléctrica, reduciendo la vulnerabilidad del sistema al introducir otra fuente energética alternativa en las centrales térmicas que permita satisfacer con las debidas garantías las necesidades de los sectores turístico, doméstico e industrial”. El presupuesto de la obra pasó de los 345,5 millones de euros iniciales a 271,5.
El proyecto consiste en la construcción de una planta de regasificación de gas natural licuado con una capacidad de almacenamiento de 150.000 m3 y otra de emisión de gas al sistema de 150.000 m3(n)/h. El almacenamiento se efectuará en un tanque de 150.000 m3 en el que el gas natural se mantendrá en forma líquida a baja temperatura. Dicho tanque será aéreo, de forma cilíndrica, y del tipo denominado de contención total. Dispondrá de un depósito interior, destinado a contener el gas a temperatura criogénica, totalmente aislado y separado de todo contacto con el exterior, cuyas paredes estarán constituidas por chapa de acero aleado al 9% de níquel, con espesor variable según la altura, asegurando una tensión de trabajo prácticamente constante. Habrá también un depósito exterior, estanco a los vapores, constituido por chapa de acero al carbono y pared de hormigón, que deberá permitir cumplir la función de actuar como contenedor secundario en caso de rotura del depósito interior. A partir del día de hoy y en el plazo de un mes Gascan deberá constituir una fianza por valor de 5,4 millones, una cantidad que supone el 2% del coste total del proyecto.