La fiscal para los delitos medioambientales, Inmaculada Violán, ha ordenado el inicio de una investigación para determinar el origen de unos vertidos de escombros, grandes movimientos de tierra, edificación de una nave y de un almacén de una empresa de construcción y aparcamiento en el Barranco Castro, en Icod de Los Vinos. La fiscal jefe, Carmen Almendral, avala que se determine si son ciertos los hechos denunciados por el abogado, Felipe Campos, quien ha puesto en conocimiento de la Justicia que en un suelo no urbanizable de Protección Agraria e Hidrológica se están llevando a cabo actuaciones que significan “una agresiva alteración morfológica del terreno y contaminación del suelo”.
La Fiscalía interpreta que de los hechos puestos en su conocimiento se desprende que en esta zona protegida se están llevando a cabo actividades “no compatibles con la naturaleza del suelo y lo usos permitidos”. Parte de los hechos se sitúan en una parcela que pertenece a un solo propietario,siendo los diferentes impactos localizados de “mayor o menor gravedad”, según cada uno de los casos, pero que apunta a la posible existencia de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Por ello, Almendral, ha ordenado que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil realice estudios complementarios a los ya redactados sobre las empresas responsables y sus titulares y a partir de aquí se les llame a declarar en calidad de imputados.
Estos hechos se producen en las cercanías del Centro Hospitalario del Norte y de un polígono industrial y han dado lugar, según la denuncia, a un estrechamiento del cauce del barranco. La Fiscalía quiere que se concreten las actividades que se están desarrollando en este enclave y si están amparadas por algún tipo de permiso. En su momento la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APNUM) detectó que se están llevando a cabo tres actuaciones diferenciadas al Este del Polígono Industrial Las Almenas. Los técnicos de este organismo han podido comprobar que efectivamente se está realizando el vertido de residuos de construcción y demolición que se sitúa sobre unos 200 metros cuadrados de suelo rústico de protección agrícola y que ha dado lugar al inicio de un expediente sancionador.
Este lugar según el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) ha sido declarado Area de Regulación Homogénea, Protección Económica 1 lo que garantizaría su protección.
El organismo también constató una “agresiva alteración” del terreno y posible contaminación del suelo rústico por el uso indebido como almacén para material de una empresa de construcción y como aparcamiento para camiones. Los técnicos pudieron constatar la presencia de una edificación que albergaba todo tipo de materiales de construcción sobre una superficie de mil metros cuadrados. “La afección sobre el paisaje es significativa desde la perspectiva cercana del entorno agrícola”, indican los responsables del APNUM. Igualmente se pudo verificar la existencia de un vertido de escombros y materiales, movimiento de tierras en el barranco lo que ha dado lugar a la reducción de su cauce con el fin de ganar terreno para uso empresarial para la transformación de áridos, mármoles, talleres y acopio de escombros en un suelo que no tiene este uso. En este enclave operan varias empresas y se ha podido constatar que los primeros aportes tienen su origen en el año 1982 hasta alcanzar los límites y dimensiones actuales en 2004. También se apreciaron vertidos de hidrocarburos por pérdidas accidentales de la maquinaria que desde el punto de vista paisajístico “tienen una incidencia notable”.
Por su parte el Seprona también documentó varias intervenciones llevadas a cabo y la apertura de un procedimiento sancionador contra dos particulares. El Consejo Insular de Aguas informó que impuso una sanción por infracción leve contra uno de estos empresarios al considerar que la ocupación del cauce del barranco es incompatible con la función de drenaje del mismo. Almendral solicita también al Cabildo que recabe más informes sobre si las actividades denunciadas resultan o no compatibles con el PIOT y el Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Ganadera de Tenerife.