IUC ve “ridícula” la multa para los que escondieron dinero en las Dunas de Maspalomas

IUC ha considerado este martes “ridícula” la multa de 600 euros anunciada por el Cabildo de Gran Canaria a los organizadores de la búsqueda de un maletín con 1.000 euros escondido en las Reserva Natural de las Dunas de Maspalomas y ha solicitado que se aumenten las multas para este tipo de acciones.

En un comunicado, IUC ha advertido que sanciones como la anunciada suponen “un incentivo para el terrorismo ecológico”, y ha señalado que con esta acción “se vio amenazado uno de los espacios naturales más emblemáticos y frágiles de Gran Canaria”.

También mostró “una falta alarmante de conciencia y responsabilidad por parte de quienes lo promovieron”.

“Es inaceptable que la destrucción de nuestro patrimonio natural se vea recompensada, pues la sanción impuesta no solo es insuficiente, sino que también envía un mensaje peligroso de que el daño ambiental puede ser económicamente rentable”, ha señalado el responsable de IUC en Gran Canaria, César Santana.

Por ello, Santana ha exigido al Cabildo Insular de Gran Canaria que revise las cuantías de este tipo de sanciones “y las ajuste al patrimonio de cada cual, para asegurar que la destrucción de nuestra tierra no salga gratis ni quede impune”.

IUC demanda, por ello, una revisión urgente de las políticas y sanciones relacionadas con delitos ambientales en Gran Canaria.

La formación política ha insistido en que las multas deben ser proporcionales al daño causado y al beneficio económico obtenido de acciones que comprometan la conservación de espacios naturales protegidos.

Además, IUC subraya la necesidad de implementar medidas preventivas y educativas para fomentar el respeto y la protección del medio ambiente entre la población local y visitante de la isla.

La formación hace un llamado a la responsabilidad de todos los sectores de la sociedad canaria para proteger y preservar el patrimonio natural de las islas.

IUC ha reiterado su compromiso con la defensa del medio ambiente e insta a las autoridades competentes a tomar medidas más firmes y efectivas contra aquellos que, por negligencia o por interés económico, pongan en riesgo la riqueza natural de Canarias.