La Justicia tumba los recortes salariales en LPGC
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria deberá devolver a sus empleados el dinero que que han dejado de cobrar en 2013 debido a los recortes en materia de personal que aprobó hace un año, porque excedieron, con creces, lo que su propio plan de ajuste preveía ahorrar en esta materia.
El Juzgado de lo Social número 6 de Las Palmas estima así la demanda de conflicto colectivo interpuesta por CSIF, UGT e Intersindical Canaria contra las medidas de ahorro presupuestario en materia de personal que el Consistorio de la capital aprobó el 27 de diciembre pasado, tras presentar al Ministerio de Hacienda el plan de ajuste imprescindible para acogerse al pago a proveedores.
Ese plan de ajuste disponía que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria debía rebajar sus gastos de personal en 2,25 millones de euros en 2013 y en 1,25 millones en 2014.
Con apoyo en ese plan de reequilibrio financiero, el Consistorio comunicó a su plantilla que suspendía todo un paquete de derechos laborales previstos en su convenio colectivo, de modo que eliminó asignaciones familiares, ayudas médicas, aportaciones a planes de pensiones, premios por jubilación anticipada, bonificaciones por productividad que se remontaban a 1993 y varios complementos.
Todo ello suponía un recorte de retribuciones para 2013 que oscila entre los 4,37 millones de euros que declaraba el propio equipo de gobierno (PP) y los 5,17 millones que calculaba el interventor municipal, cuyo informe sobre esta medida fue desfavorable.
La sentencia, difundida hoy por los sindicatos, reconoce que concurrían las causas excepcionales previstas en la ley para que el Ayuntamiento pudiera suspender la vigencia de los artículos de los convenios y pactos laborales que dejó sin efecto (la obligación de recortar gastos para cumplir un plan de reequilibrio financiero).
Sin embargo, la magistrada Yolanda Álvarez del Vayo considera que el Consistorio se excedió en el volumen del recorte.
“Resulta palmario y evidente que las medidas de ahorro propuestas por la corporación para 2013, que se traducen una minoración del gasto de más de cinco millones de euros, no se acomodan al plan de ajuste aprobado en marzo de 2012, el cual prevé únicamente una reducción en los gastos de personal de 2.250.000 euros”, apunta.
La juez razona que el procedimiento seguido por el Ayuntamiento para imponer a su plantilla ese recorte es “absolutamente extraordinario”, por lo que “debe sustentarse en principios de proporcionalidad, buena fe, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.
“No es de recibo, pues, que, si la justificación de las medidas adoptadas se apoya en el cumplimiento del plan de ajuste municipal vigente, la administración no respete el mismo y proponga medidas de ahorro que duplican las cantidades previstas en aquel, sin además intentar justificar en modo alguno el porqué de ese incremento tan elevado”, añade la sentencia.
El Juzgado considera que, de ese modo, el Ayuntamiento no solo tomó una medida desproporcionada, sino que vulneró “el principio de transparencia consagrado en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”.
La magistrada coincide con las objeciones que el interventor municipal puso a la medida y dispone que la reducción de 2,25 millones de euros en gasto de personal prevista en el plan de ajuste para 2013 constituye “el límite máximo que pueden suponer las medidas que se adopten en esta materia”.
La sentencia anula el acuerdo municipal casi en su integridad -solo mantiene la suspensión de un componente del complemento de incompatibilidad- y declara “el derecho de los trabajadores a percibir las cantidades que les correspondan en derecho por la aplicación de los artículos reseñados para 2013”.
Para CSIF, esta sentencia, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, marca “un hito histórico” y “refleja la falta de transparencia y la arbitrariedad que se ha hecho moneda común de trabajo para esta administración”.
“Esta sentencia viene a corroborar lo que los sindicatos no nos cansamos de denunciar: la arbitrariedad y el capricho político reinante en esta administración con su alcalde (Juan José) Cardona al frente”, añade CSIF.
Este sindicato advierte de que precisamente mañana el equipo de gobierno había convocado a los representantes de la plantilla a una reunión para informarles de la suspensión de convenios y pactos laborales que pretende aplicar en 2014, “repitiendo la misma forma de proceder declarada nula por la propia sentencia”.
