El exasesor del exministro Transportes, Koldo García, y el denunciante del caso Mascarillas, Juan Manuel Pérez, no han acudido este lunes al Parlamento de Canarias donde debía comenzar la comisión de investigación sobre la compra de material sanitario en las islas durante la pandemia.
El presidente de la comisión, Raúl Acosta (AHI), ha indicado que no ha logrado contactar con los dos primeros comparecientes de la comisión ni por los medios tradicionales ni a través de los servicios de la Policía Canaria.
Acosta ha añadido que aunque el exasesor y el empresario no estaban debidamente citados, pues no han podido ser notificados, se ha efectuado su llamamiento “por si se personaban, habida cuenta de que es público y notorio que hoy se celebraba esta sesión y que estaban convocados”.
No obstante, una vez hecho el trámite formal de ser llamados (y no comparecer ninguno) los miembros de la comisión han aprovechado para continuar sus deliberaciones y tomar acuerdos referentes al plan de trabajo, ha indicado el diputado del grupo Mixto por la Agrupación Herreña Independiente.
La comisión inició este lunes una reunión interna de trabajo para reprogramar el calendario y fijar el orden del día de la comisión dado que el próximo jueves, día previsto para la segunda jornada, tampoco habrá reunión al no haberse podido contactar con los comparecientes.
Nuevo calendario
Así, se ha acordado que los miembros del comité de expertos durante la COVID-19 Lluís Serra y Beatriz González comparecerán el 8 de julio ante la comisión, que seguirá intentando notificar al exasesor Koldo García tras su ausencia este lunes.
El actual rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluís Serra Majem, y la catedrática de Economía del mismo centro Beatriz González López-Valcácer serán de esta manera las primeras personas que comparezcan en la citada comisión.
Entre los asuntos tratados también este lunes se ha discutido la citación del presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, Agustín Manrique de Lara, que era una propuesta del grupo Socialista y este finamente ha declinado que asista, por lo que ha quedado excluido del plan de trabajo.
Por otro lado se ha buscado encaje para otra de las personas citadas para este jueves y que no ha sido notificado en plazo, Carlos Sánchez Muñoz, CEO de ACJ SAU, que fue el principal proveedor de material sanitario al Servicio Canario de la Salud durante la etapa de emergencia.
Esta persona ha presentado un escrito en el que indicaba varias fechas alternativas para acudir a la comisión, por lo que se ha optado por suspender la sesión del jueves y emplazar su comparecencia para el 15 de julio, pues aún no se ha enviado la citación a los comparecientes de dicho día.
La comisión ha llegado además al acuerdo de que si en el futuro hay otra sesión en la que no han sido debidamente citados los comparecientes o no pueden asistir se delega en la Mesa la potestad de suspender la reunión parlamentaria para evitar que tengan que desplazarse los diputados.
Hasta ahora se ha notificado a cuatro personas del listado de comparecientes, ha señalado Raúl Acosta, quien ha indicado que las notificaciones se pueden repetir y este proceso puede cobrar ahora “un nuevo impulso” porque la Policía Nacional ha hecho llegar más información acerca de otros domicilios y se van a enviar las citaciones a estas nuevas direcciones.
El protocolo utilizado por la comisión consiste en enviar dos notificaciones vía burofax y, si son infructuosas, se recurre a las fuerzas de seguridad, en este caso la Policía Canaria o la Policía Local de los municipios donde reside el compareciente.
“Entre los nuevos domicilios aportados por la Policía Nacional y las pesquisas que hemos encargado esperamos que el número de notificados aumente”, ha declarado Raúl Acosta.
Como ejemplo ha citado al exasesor del Ministerio de Fomento Koldo García, pues la Policía Nacional se personó en uno de sus domicilios, donde tampoco se encontraba pero una persona que manifestó ser una inquilina aportó otra dirección de otra vivienda donde previsiblemente pudiera estar.
Por ello la comisión no ha descartado que vuelva a enviarse el requerimiento correspondiente a esta nueva dirección “a ver si es posible su notificación mandando a las fuerzas de seguridad”, ha explicado Acosta, quien no obstante ha señalado que aún no se ha establecido el calendario de trabajo de la comisión en septiembre.
“Todavía no tenemos la fecha para incluirlo a él o a otros que estén en la misma situación” en septiembre, ha continuado el presidente de la Mesa, para recordar que si en los siete días hábiles previos a la citación no se ha notificado al compareciente se podrá suspender la sesión parlamentaria salvo que expresamente esa persona indique que desea acudir a la comisión.
Los casos Mascarillas en Canarias
La primera vez que se escuchó hablar en Canarias de un caso Mascarillas fue en mayo de 2022. Entonces, la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas anunció que investigaba al Servicio Canario de la Salud, que pagó cuatro millones a una empresa de compraventa de vehículos, RR7 United SL, por unas mascarillas que nunca llegaron. La querella se dirigía al que era entonces el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez (que dimitió de su cargo) por prevaricación administrativa y tráfico de influencias, mientras que al adjudicatario, Rayco Rodríguez, se le imputa una estafa agravada y blanqueo de capitales. Casi dos años después, la comunidad autónoma volvió a estar señalada por haber comprado gran parte del material sanitario de la trama Koldo, el presunto fraude por parte de un asesor del exministro José Luis Ábalos. Y en la misma semana se conocía un tercer caso relacionado con la compra de este material y que investiga a cuatro empresarios por delito contra la Hacienda Pública.
Los tres casos Mascarillas de Canarias tienen en común los contratos de material sanitario que se adjudicaron a empresas en los primeros meses de la pandemia, en un contexto marcado por la incertidumbre y la escasez de este producto, pero los tres tienen protagonistas y niveles de responsabilidad diferentes. La primera causa la ha asumido la Fiscalía Europea al emplearse fondos de la UE en la compra de productos.
En la segunda, no hay canarios investigados y las pesquisas se centran en una trama de cobro de comisiones ilegales en contratos de compra de material sanitario que habría perjudicado a varias administraciones. Y la tercera es la que mantiene bajo la lupa al presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez y a un exdiputado de CC (antes dirigente del PP), Lucas Bravo de Laguna, entre otros.