La Ley del Suelo de Canarias no cumple con las expectativas: dos años de dudas jurídicas y bloqueo

Salió adelante con la excusa de que permitiría agilizar proyectos. Abanderada por el expresidente del Gobierno de Canarias Fernando Clavijo (CC) como medida estrella, la Ley del Suelo no ha cumplido con sus propósitos dos años después de su entrada en vigor. No ha sido aprobado ningún plan general municipal en este tiempo y los trámites se han vuelto un quebradero de cabeza ya que uno de los principales escollos de la norma es su interpretación, que da lugar a dudas y puede conllevar a la judicialización de muchos casos. “Creemos que hay que hacer una importante revisión”, señala la consejera de Política Territorial del Cabildo de Gran Canaria, Inés Miranda (Nueva Canarias). Su partido fue uno de los más beligerantes contra esta ley. 

El Gobierno de Canarias aún no ha tomado una decisión sobre la ley, que hereda de la pasada legislatura. Sin embargo, desde el Ejecutivo sí matizan que habrá una ronda de contactos con las administraciones insulares y locales con el fin de estudiar qué se debe modificar. Se trata de una Ley sobre la que el ambientalista Ezequiel Navío llegó a afirmar que era incompatible con la lucha contra el cambio climático. “Pediríamos que fuera más clara, que hubiera menos supuestos y que si hay una construcción en suelo agrícola tenga que estar vinculada a esa actividad”, explica el concejal de Urbanismo de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste (Podemos). Y es que, según recuerda, hoy día es posible construir en el campo cualquier centro que desarrolle una actividad “que esté vinculada a los ingresos del agricultor”, con lo cual se podría edificar en plena zona rural un colegio privado o un hospital, por ejemplo. Por ello, subraya que debería matizarse este punto.

Para Inés Miranda, una de las grandes dificultades de la Ley es precisamente que el suelo rural queda apartado del Cabildo. Desapareció la figura de las calificaciones territoriales y todo lo que se opere en el suelo rústico queda en manos de los ayuntamientos. Se trata de uno de los puntos donde mayor cantidad de dudas se produce ya que hay consistorios que no tienen suficiente personal para hacerle frente. También destaca la consejera otras contradicciones que existen en el texto, por ejemplo en el apartado de los proyectos de interés público y social. Y añade que en la parte de los planes insulares existe un vacío de contenido que puede ralentizar y que considera conveniente que se revise. 

Doreste también es muy crítico con el hecho de que la norma no respete el principio de jerarquización, y considera que un plan general de ordenación urbana puede contradecir en algún momento al Plan Insular de Ordenación del Territorio. Con ello se genera “inseguridad jurídica”. Otro defecto es que el ayuntamiento puede desestimar la pretensión de un promotor por considerarla dañina para la ciudad o que no le conviene, pero este puede acudir al Gobierno autonómico y amparándose en las excepcionalidades declararlo de interés general. Del mismo modo, un gobierno municipal puede considerar que ese proyecto no le interesa y venir otro gobierno y entender que sí es de interés general. 

La desaparición de la Cotmac, uno de los escollos

No hay ningún proyecto que se haya paralizado en Las Palmas de Gran Canaria por la Ley del Suelo, pero sí los hay que se han ralentizado. Como ejemplo, el teniente de alcalde cita los barrios pendientes (actuaciones en los Riscos de la ciudad). Uno de los escollos es que antes de esta norma, los planes se enviaban directamente al órgano ambiental y ahora la Ley del Suelo estipula que el pleno municipal es el único que puede enviar un planeamiento a ese órgano. “Con lo cual existe un trámite más”, lamenta, porque es necesario primero tramitar un expediente para el pleno y pedir autorización; después el órgano ambiental propio emite un informe que hay que llevar de nuevo a pleno y, cuando pasan los 45 días de exposición pública, se lleva al pleno de nuevo. “Te hace pasar tres veces por el pleno, lo que antes se enviaba directamente a la Cotmac”. 

Para Doreste, la desaparición de la Cotmac tenía “la intención clara de quitar un órgano de control”. Explica que la norma puede generar una serie de polémicas innecesarias al dar la potestad a los ayuntamientos. Por ejemplo, si un municipio es limítrofe con otro y sus alcaldes no se llevan bien, se puede decidir, por ejemplo, construir un vertedero en esa zona… Considera que la ley tampoco ha tenido suficiente impacto, además de las dudas que genera, por el contexto de crisis en el que sigue el país. “Si no, hubieran hecho el desastre que hubieran querido”, apunta. 

La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) desapareció con la entrada en vigor de esta ley. A partir de ese momento, los ayuntamientos tuvieron que empezar a desarrollar sus propios órganos de evaluación ambiental. En consistorios  grandes como Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife no hubo problemas, pero en los más pequeños ha sido imposible ponerlo en marcha debido a la ley de armonización del gasto, que no permite ampliar plantillas en esas instituciones. Muchos se han acogido a los que han constituido diferentes cabildos o al del Gobierno regional. En Gran Canaria, la consejera de Política Territorial afirma que son seis los que se han sumado y apunta que son más de 20 proyectos y algún plan los que se han presentado. No obstante “la ley pretendía una eficacia en el planeamiento y no se ha conseguido”. 

Planes empantanados

El abogado experto en urbanismo Javier Díaz-Reixa opina sobre la ley lo mismo que hace un año: “Se crearon unas expectativas que no se han cumplido”; tal y como anunciaba Clavijo la ley iba a suponer “un antes y un después”, pero no ha sido así. No es partidario de que la evaluación ambiental la lidere cada ayuntamiento ya que en la práctica no tienen capacidad ni plantilla cualificada. “Bastante tienen con lo que hay que sacar a diario”. Recuerda que esto se traduce en que no hay ni un solo plan aprobado, solo planes de ordenación supletorios que ya estaban en tramitación antes de la ley, como por ejemplo, el de Santa Brígida. 

Díaz-Reixa asegura estar muy pendiente de lo que ocurre en ayuntamientos como Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, La Orotava, Arico… “En todo el Archipiélago hay planes empantanados”. Asegura que es el sentir de las personas que se dedican al urbanismo: “El bloqueo existe y a corto plazo no hay forma de solucionarlo”. A la introducción de esta norma se le suma que, debido a todos los casos que han sido judicializados en los últimos años, no debido a la ley de suelo sino a otras irregularidades, existe mucha presión por el temor de realizar una interpretación inadecuada de la norma. Por otro lado, la ralentización en los planes urbanísticos considera que también tiene como consecuencia la parálisis en uno de los principales problemas de Canarias: la vivienda. Así mismo, destaca que una modificación de la Ley del Suelo podría tardar como mínimo entre uno y dos años. 

La norma, no obstante, sí tiene algunos aspectos positivos. “No todo es culpa de la ley”, matiza Díaz-Reixa. La consejera de Política Territorial del Cabildo de Gran Canaria valora de la ley que en un mismo texto se puede encontrar gran parte de la normativa y también destaca de ella figuras como las ordenanzas provisionales, que “pueden ser instrumentos muy válidos que permitan la agilización de algunos trámites”. Sin embargo, el sentir generalizado es que se debe realizar una profunda revisión, especialmente matizando aquellos artículos que dan lugar a una doble interpretación.