La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, se ha comprometido a hacer “todo lo que esté en su mano” para ayudar a localizar a los niños robados durante la dictadura hasta los primeros años de la democracia y acelerar los reencuentros con sus familias.
Así lo han expresado los representantes del Colectivo sin Identidad de Canarias que se han reunido este miércoles con la Defensora del Pueblo para pedir su amparo ante la vulneración de los derechos constitucionales que están sufriendo los afectados por el robo de niños durante la dictadura.
En declaraciones a los medios de comunicación tras una hora de reunión con Becerril y su equipo jurídico, el abogado Miguel Ángel Rodríguez y el historiador Francisco González de Tena han valorado “positivamente” el encuentro. “Ella se ha comprometido a acogerlo y que hará todo lo que esté en su mano para que estas personas se encuentren”, han explicado.
Ante el cauce abierto por Becerril, la asociación anima a todas las víctimas del caso de los 'bebés robados' que hayan denunciado la desaparición, y cuando la Policía no esté buscando “con toda diligencia”, a hacer llegar una copia de su denuncia al registro de entrada del Defensor del Pueblo, sito en el número 22 de la calle Zurbano de Madrid.
“Cualquiera que haya denunciado una desaparición y la Policía no esté buscando con toda diligencia puede hacer llegar una copia de la denuncia con sus datos personales al registro de la Defensora”, ha destacado a Europa Press el letrado Miguel Ángel Rodríguez Arias, autor del libro 'El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad'.
El historiador Francisco González de Tena, miembro también de la Coordinadora X-24 en representación de 22 asociaciones de 'niños robados', ha alertado del archivo “masivo” de sus casos ante los tribunales, algo que resulta “frustrante” y “doloroso” para las víctimas.
Según ha dicho, los jueces se sienten amparados para sobreseer los procedimientos ante la falta de documentación. Sin embargo, las familias se encuentran a menudo sin posibilidad de acceder a los archivos, por lo que difícilmente pueden documentar sus demandas.
“Determinados archivos eclesiásticos permanecen cerrados. En España no pueden existir archivos cerrados cuando tienen datos que pertenecen por titularidad a las víctimas”, ha indicado el historiador, para indicar que custodian documentos con datos fundamentales para las personas.
Búsqueda de ''máxima urgencia''
Para el colectivo, que reúne a decenas de afectados en las Islas Canarias, es de “máxima urgencia” que el Estado español busque cuanto antes a sus desaparecidos. “Hay madres y padres que se están muriendo. Hablamos de robos de niños cometidos desde finales de los años 30 hasta finales de los 80. En España ha habido 50 años de desapariciones infantiles forzadas”.
En este sentido, advierten de la “demoledora situación de espera” que padecen las familias que confían en encontrar a los hijos, hermanos o padres que buscan. “La desaparición prolongada hace que la familia esté sometida a un sufrimiento inhumano”, ha añadido.
El abogado del colectivo ha explicado que los familiares “no pueden cerrar el duelo”, se sienten impotentes, se culpan a sí mismas por si “pudieran haber hecho algo más para impedir la desaparición” y se sienten desamparadas porque las instituciones no buscan a su ser querido. “Los efectos psicológicos son demoledores”, ha remachado.
Por otra parte, ha anunciado que el colectivo está llevando a cabo una investigación en Canarias de una presunta trama de niños robados que tendría una “fuerte actividad” en las islas y que habría vendido a “muchos niños” a otros países. “Muchos niños iban a otros países y el tránsito por Canarias tenía un significado clave”, ha destacado.
Así, el abogado Miguel Ángel Rodríguez ha afirmado que todavía se está desarrollando la investigación, si bien cuentan con “fuertes indicios” de la existencia de esta organización y ha apuntado que cuando finalice la darán a conocer ante los medios de comunicación.
Poder reunirse con sus seres queridos en Navidad
En este contexto, enmarcan la vulneración del derecho a no recibir un “inhumano” y del derecho a la vida familiar que recogen los artículos 15 y 18.1 de la Constitución española. “Tienen derecho a la vida familiar, a poder sentar a la mesa en Navidad a todos sus hijos y su familia y a saber quienes son sus seres queridos”, han advertido.
A su entender, la omisión del Estado en las labores de búsqueda prolonga el sufrimiento de las familias. “El nivel de sufrimiento es difícilmente imaginable para quien no está en ese contexto”, dicen, para denunciar el “anómalo” funcionamiento de las instituciones.
Denuncian que hay más de 1.200 diligencias abiertas por la Fiscalía y, sin embargo, no hay “ninguna unidad policial” dedicada a averiguar el paradero de los 'niños robados' y que los afectados por este tipo de sustracciones no están incluidos en la base de desaparecidos del Ministerio del Interior. “Si los casos no están incluidos, difícilmente las unidades policiales podrán utilizar esa información para poder localizar los niños”, señalan.
“En este momento puede haber cientos de ciudadanos con la identidad cambiada”, ha concluido el historiador, para poner el ejemplo de que esta situación afecta a cuestiones como las enfermedades hereditarias. “Ha habido un caso de un trasplante de médula ósea frustrado porque no coincidía el ADN con ninguno de los presuntos familiares”, ha finalizado.