La concejala socialista Isabel Mena expone en un comunicado que una sentencia del Juzgado de lo Social número 7 “acaba de declarar nulo el despido de los siete trabajadores del Instituto Municipal de Empleo y Formación” (IMEF) del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que se produjo hace ocho meses.
“Es el segundo varapalo judicial al actual grupo de gobierno del PP, pues el pasado mes de junio otra sentencia declaró nulo el despido de nueve trabajadoras del área de Igualdad”, recuerda.
El fallo recoge de manera literal que “en el presente caso, existen más que indicios de que dicho despido operó como represalia por la interposición de demanda en reclamación de una relación laboral indefinida, lo que resulta de la testifical practicada en acto de juicio en la persona del gerente del IMEF?”.
Para Mena, “la sentencia deja clara la forma de actuar del Partido Popular que toma represalias contra los trabajadores que defienden sus derechos adquiridos, tal y como reconoció el gerente del IMEF en el juicio”.
El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ya criticó la decisión del Partido Popular de despedir a estos siete agentes de desarrollo local.
“Ya entonces advertimos que eran despidos ilegales y que además el IMEF se quedaba sin técnicos cualificados para tramitar planes de empleo y proyectos”, recuerda Mena.
Salarios de tramitación
La sentencia no solo supone la readmisión de estos trabajadores sino que “el Ayuntamiento tendrá que pagar sus salarios de tramitación, una media de 18.472 euros por trabajador, es decir, un total de casi 130.000 euros”.
Tras el despido, el PP contrató a otras siete personas como agentes de desarrollo local, pese a que la Intervención delegada del IMEF advirtió en un informe de que estas contrataciones eran irregulares.
“Quedó claro que no había motivos económicos para que se produjeran dichos despidos. Ahora el Ayuntamiento tendrá que pagar con dinero público el salario de estos 8 meses a los trabajadores, igual que ocurrió con las 9 trabajadoras despedidas en el área de Igualdad, y además readmitirlos, cuando ya hay otros 7 trabajadores ocupando sus plazas, es decir, ahora hay una plantilla de 14 personas”, señala.
“La mala práctica del Partido Popular, y su empeño en no atender los informes técnicos, no solo suponen una vulneración de los derechos de los trabajadores sino que cuesta dinero a todos los ciudadanos”, concluye Mena.