Dos amenazas de huelga en los primeros seis meses de mandato ya hacían presagiar que el periodo que se abrió en la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias tras las elecciones de mayo de 2019 y el pacto progresista de Gobierno no iba a ser, precisamente, un remanso de paz. Los sindicatos mayoritarios en el sector amenazaron con los paros al entender que no se estaban respetando compromisos adquiridos por el anterior equipo. La intermediación en las negociaciones del presidente, el socialista Ángel Víctor Torres, evitó ese desenlace.
Fue el preludio de lo que se avecinaba. El 31 de enero de 2020 se diagnosticaba en Canarias el primer caso de Covid-19 en España, un turista alemán que se hospedaba en la pequeña y escarpada isla de La Gomera. Menos de un mes después, en un hotel del sur de Tenerife se producía el primer ensayo del confinamiento que estaba por venir. Uno de sus huéspedes había dado positivo y hubo que mantener en cuarentena durante 14 días a cerca de un millar de personas. El reto de coordinación se saldó con éxito. La pandemia ya había irrumpido y el 14 de marzo el presidente Pedro Sánchez decretó el estado de alarma en el país.
Desde esa fecha, Canarias ha tenido tres consejeros de Sanidad (uno interino) y cinco directores del Servicio Canario de Salud (también uno interino). Además, numerosos altos cargos y cargos intermedios han abandonado o han sido destituidos de sus puestos. Los últimos meses del mandato más agitado han estado marcados por el caso Mascarillas, que investiga a dos ex altos cargos del SCS por la presunta comisión de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias en la adjudicación de un contrato de emergencia de cuatro millones de euros a una empresa sin experiencia en el sector sanitario (dedicada a la compraventa de vehículos) para surtir a los hospitales públicos de mascarillas de máxima seguridad que nunca alcanzaron su destino, que no llegaron a las Islas.
Este convulso periodo tiene como protagonista principal a Conrado Domínguez. Su nombre aparece en el antes, el durante y el después. Este licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales es personal estatutario del SCS y ha ocupado puestos de responsabilidad en gestión con gobiernos de distinto signo. Ha sido director del organismo autónomo en dos ocasiones. La primera, entre enero de 2017 y mayo de 2019, con Coalición Canaria (CC) en solitario en el poder. La segunda, de septiembre de 2020 a noviembre de 2022, con el llamado pacto de las flores, formado por el PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos y la Agrupación Socialista Gomera.
Hay una fecha clave. El 23 de marzo de 2020. Ese lunes, Domínguez era nombrado coordinador del Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria para hacer frente al impacto de la pandemia. El comunicado difundido ese día por el Gobierno de Canarias precisaba que el entonces secretario general técnico de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda (cargo al que había llegado de la mano de uno de sus principales valedores, el socialista Sebastián Franquis) se encargaría de la “gestión técnica” del comité. Es desde ese puesto desde el que negociaría el polémico contrato de las mascarillas por el que ha sido imputado.
La designación de Domínguez provocó un cisma en el seno del Ejecutivo y del propio PSOE. Su nombramiento contaba con el aval de un sector de la formación socialista, de Nueva Canarias y de la Agrupación Socialista Gomera, además de los sindicatos mayoritarios en el sector (CCOO, UGT y Cemsatse), que llegaron a defender públicamente su continuidad en el cargo tras las elecciones de 2019.
En cambio, causó un profundo malestar en las filas de Sí Podemos y de una rama del PSOE que se había mostrado beligerante contra su gestión durante su primera etapa como director del SCS, al atribuirle una deriva privatizadora y un afán por incrementar las derivaciones a clínicas concertadas. En especial a Hospitales San Roque, el grupo del que había sido gerente José Manuel Baltar, a quien Fernando Clavijo (CC), a la sazón presidente del Gobierno canario, había nombrado consejero de Sanidad en enero de 2017, tras la ruptura del pacto de Gobierno con el PSOE y meses después de que el entonces vicepresidente de la patronal de la sanidad privada dijera en una radio que las listas de espera se solventaban inyectando más millones a los conciertos sanitarios. Fue él quien colocó a Domínguez como su mano derecha en el SCS.
Primeras salidas en pleno inicio de pandemia
La entrada de Conrado Domínguez en el comité de gestión de la pandemia precipitó el primer movimiento de piezas. La entonces consejera Teresa Cruz (PSOE) expresó públicamente que se sentía víctima de una campaña de desgaste. El detonante de su destitución fueron unas declaraciones que evidenciaban su malestar con ese nombramiento. “Yo soy la que da órdenes y él asesora”, dijo en el periódico La Provincia. Horas más tarde era cesada. Con ella cayó también la primera directora del SCS, Blanca Méndez. En mayo de 2021, catorce meses después de su salida, Cruz rompía su silencio en el programa de la Televisión Canaria Trópico Distópico. “Que se defienda la sanidad pública y ser honesta parece que no son valores para estar al frente de la Consejería”, afirmaba en una entrevista en la que hablaba de presiones “desde el minuto uno” para que no formara parte del Ejecutivo regional.
La fulminante destitución se consumó el 25 de marzo de 2020. Es decir, tan solo once días después de la declaración del estado de alarma. El presidente Torres nombró como sustituto de Cruz, de manera interina, a Julio Pérez, consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Las funciones de dirección del SCS las asumió, también temporalmente, Antonio Olivera, viceconsejero de Presidencia. Es en este ínterin, en los primeros compases de la pandemia, cuando Conrado Domínguez negocia con RR7 United el contrato de emergencia para la adquisición de un millón de mascarillas FFP3 sin comprobar la solvencia ni la experiencia de la empresa adjudicataria, amparándose en las excepcionales circunstancias que concurrían en aquellas fechas de escasez de material de protección sanitaria en los mercados internacionales y de alta competencia internacional por hacerse con mercancía de este tipo.
Esas interinidades duraron tres meses. El 23 de junio, el Gobierno de Canarias nombraba el tercer consejero de Sanidad del mandato. Torres entregó el timonel del área a un histórico del PSOE, Blas Trujillo, que había sido portavoz parlamentario de los socialistas durante dos legislaturas pero que desde hacía ocho años estaba apartado de la primera línea política. Con Trujillo llegó a la dirección del SCS una persona de su máxima confianza, Alberto Pazos, con quien había trabajado los últimos cuatro años en el Consejo Social y Económico de Canarias.
Pazos no estuvo ni tres meses en el cargo. En los ambientes sanitarios se atribuyó su salida a desavenencias con determinados contratos suscritos durante la pandemia, aunque en las dos ocasiones que ha sido preguntado por Canarias Ahora por las razones de su dimisión se ha limitado a responder que hubo “diversos motivos” y ha negado que uno de ellos fuera el polémico contrato de las mascarillas que originó la querella de la Fiscalía Anticorrupción.
El regreso de Conrado Domínguez
Y es ahí, a principios de septiembre de 2020, cuando vuelve a salir a la palestra el nombre de Conrado Domínguez. Con los apoyos con los que contaba en marzo, se convierte en el cuarto director del SCS en este mandato. Su regreso provoca un efecto dominó. Abraham Luis Cárdenes y Elizabeth Hernández, dos personas de su máxima confianza, vuelven a los puestos que ya ocuparon la anterior legislatura con el Gobierno en solitario de CC y caen las personas nombradas por Teresa Cruz. La Secretaría General Técnica el primero y la Dirección General de Programas Asistenciales la segunda.
También salieron dos cargos socialistas por incompatibilidad manifiesta con Domínguez: el exconsejero Jesús Morera, hasta aquel momento gerente del Hospital Doctor Negrín, y Ricardo Redondas, a la sazón gerente de Atención Primaria en Gran Canaria. Fueron sustituidos, respectivamente, por Pedro Rodríguez y Jorge Acosta. Ambos con experiencia previa en el mismo puesto durante gobiernos nacionalistas. Meses antes, Sanidad ya había rescatado a otros altos cargos del equipo de CC en la etapa como consejero de Baltar. Poco queda ya del plantel que había conformado la consejera Teresa Cruz después de mayo de 2019.
Durante su segunda estancia al frente del SCS, Conrado Domínguez ha tenido que lidiar con la pandemia, pero también, entre otras cuestiones, con la huelga de los médicos temporales de la sanidad canaria o la de los inspectores de Salud Pública, además de las críticas por no plantear soluciones “efectivas y duraderas” al ya histórico problema de los colapsos en las urgencias hospitalarias, cronificado por el envejecimiento de la población y la falta de camas y de personal en las plantas hospitalarias, o por el retraso en la construcción de la torre del Materno Infantil de Gran Canaria o de la ampliación del Hospital Insular.
La dimisión forzada por el caso Mascarillas
Sin embargo, su tumba política ha sido el caso Mascarillas. Y, más en concreto, las declaraciones realizadas el pasado 27 de octubre ante el juez instructor por el empresario investigado por estafa, Rayco Rubén González, que desveló unos contactos con Conrado Domínguez que el dimisionario director del SCS siempre había negado. A partir de ahí, los acontecimientos se precipitaron. El portavoz del Gobierno regional expresó su sorpresa por esa revelación y el presidente citó a Domínguez para abordar el asunto. Un día después de esa reunión, el 3 de noviembre, el alto cargo presentó su dimisión alegando que, tras la declaración del secreto de sumario, quería centrarse en su defensa y no interferir en el SCS.
Ángel Víctor Torres ha defendido esta última semana la gestión de Domínguez al frente del organismo autónomo y ha achacado su salida a la “repercusión de lo que dijo ante el juez”.
Domínguez se va, pero su equipo se mantiene. De hecho, fue el dimisionario director del SCS quien propuso el nombre de su sustituta, la médica de familia Elizabeth Hernández, la misma a la que había rescatado en septiembre para que ocupara la Dirección General de Programas Asistenciales. Se habían barajado otras opciones, entre ellas la de otro veterano gestor, José Julián Isturiz. El principal valedor del actual director general de Patrimonio, con experiencia en gestión sanitaria (fue el artífice del sistema de emergencias 1-1-2 del Gobierno de Canarias), era Nueva Canarias, el partido del vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez.
Sin embargo, el Gobierno de Canarias ha optado por la línea continuista en el SCS con la designación de Elizabeth Hernández, que también ha sido alto cargo con gobiernos de CC y que cuenta con el beneplácito de las principales organizaciones sindicales.