Los cimientos para una nueva oleada de construcción en Fuerteventura se están empezando a sentar ahora. Sobre la mesa se encuentra la hoja de ruta: la revisión del Plan Insular de Ordenación (PIO), liderada por la Consejería de Ordenación del Territorio que dirige Blas Acosta (PSOE), que apuesta por aumentar de forma significativa el número camas turísticas y la superficie destinada a oferta industrial y comercial en la Isla.
Fuerteventura tiene en la actualidad más de 62.000 plazas alojativas registradas de forma oficial. En los diez primeros meses del año llegaron a la Isla más de 1,8 millones de turistas, con un incremento del 2,3% respecto al mismo periodo de 2016, según los registros de la empresa pública Promotur, y las perspectivas para 2018 son de continuar incrementando los visitantes. Fuerteventura está considerada la isla con mayor peso proporcional del turismo: por cada 100 habitantes, recibe más de 2.200 turistas al año, por encima de Lanzarote o de Ibiza.
A pesar de las cifras del mercado turístico majorero, la Consejería de Ordenación del Territorio se escuda en “la difícil coyuntura económica que atraviesa la isla” para justificar “la adopción de medidas dirigidas a la ejecución de lo planificado” y “desbloquear la inversión estratégica turística” en Fuerteventura. Así, su punto de partida es que no se ha alcanzado la capacidad de carga insular “para acoger nuevos desarrollos turísticos” e incluso destaca que “está lejos del agotamiento”.
Las principales zonas turísticas de Fuerteventura están perfectamente definidas en la actualidad: Corralejo (La Oliva) en el norte; El Castillo y Caleta de Fuste (Antigua), en el centro, y Costa Calma y Morro Jable (Pájara), en el sur. Sin embargo, el nuevo Plan Insular de Ordenación plantea doce “posibles localizaciones” de zonas turísticas estratégicas. El paraguas bajo el que se quiere cobijar el incremento de camas turísticas en la isla es el de aportar “una mayor calidad” al sector y, además de la construcción para uso alojativo, los promotores deberán disponer de “una superficie mínima de suelo de 400.000 metros cuadrados para equipamientos turísticos” como “medicina holística (sic), golf” o “marinas interiores”, entre otras opciones.
Otra de las condiciones es que la “estructura de la propiedad” de los terrenos debe favorecer “la viabilidad de su ejecución y puesta en marcha inmediata”. Además, “se debe asegurar” el desarrollo urbanístico “mediante convenio y garantías suficientes”, se añade en los documentos preparatorios del nuevo Plan Insular.
La intención de encender la maquinaria del urbanismo más duro, en una isla catalogada como Reserva de la Biosfera, se aprecia en las condiciones que se pretenden fijar en el nuevo Plan Insular: la presentación de la iniciativa de los promotores para urbanizar y el proyecto se debe producir en un plazo de seis meses, mientras que “las obras de urbanización; deben ”estar ejecutadas al menos en un 50% en un plazo máximo de dos años“. Para ello, la Consejería insular de Ordenación del Territorio deja claro que el Plan Insular responderá ”de manera ágil“ facilitando ”la implantación turística de los sistemas generales, dotaciones y equipamientos turísticos estructurantes insulares“.
Construir donde no hay nada
En algunas de las 12 zonas turísticas estratratégicas que define el nuevo Plan Insular no existe ni una sola edificación turística en estos momentos. Es el caso de la urbanización Rosa del Lago, en Puerto del Rosario, cuyos promotores perdieron en el Tribunal Supremo una reclamación de 69 millones de euros tras culpar al Gobierno de Canarias y a la moratoria turística del año 2001 de no haber podido pasar del movimiento de tierras.
Entre esas zonas turísticas estratégicas que el nuevo Plan Insular entrega a la industria turística se encuentra El Cotillo, que todavía mantiene, con apenas 1.200 habitantes, su esencia de pueblo de pescadores. Los vecinos se han levantado en los últimos meses en pie de guerra ante la iniciativa de un grupo de empresas (Jandía Esmeralda y Arcor Plan) de agrupar dos parcelas en medio de la localidad para construir un hotel en primera línea de costa.
También en el municipio de La Oliva se quiere aprovechar la revisión del PIO para facilitar el desarrollo de una nueva urbanización: Costa Ventura, cuyo equipo técnico (EDSA), la define como el “primer resort residencial planificado en la Isla”, con un “pueblo”, puerto deportivo, tres campos de golf de 18 hoyos, dos hoteles, un centro comercial o instalaciones deportivas.
El nuevo Plan Insular también plantea incrementar la oferta turística en la costa de Antigua, en tres zonas: en Nuevo Horizonte, en Las Salinas y en El Castillo. Esta última es la zona turística principal del municipio y, de forma paralela, se está elaborando su segundo plan de modernización que contempla triplicar sus actuales 12.257 camas. Las dos opciones que se barajan apuntan a que la urbanización alcance 32.500 o 37.500 camas turísticas. Además, se quiere declarar como zona turística estratégica a la localidad de Tarajalejo, en Tuineje.
De forma específica, la revisión del Plan Insular incide en el desarrollo turístico en el sur de Fuerteventura. En el municipio de Pájara, gobernado por el PSOE, se dibujan hasta cinco áreas en las que se apuesta por aumentar la construcción. Por ejemplo, en los terrenos próximos a la playa de Matas Blancas, al norte de Costa Calma, donde ahora apenas hay un puñado de edificaciones diseminadas. O en la zona de la playa de La Barca, con una reducida oferta alojativa en la actualidad. O un poco más al sur, en la costa de Los Canarios, donde hay varios esqueletos de hoteles a medio construir. Precisamente el Tribunal Supremo acaba de rechazar una indemnización de 59 millones de euros que pedía la empresa Jandía Devco por la paralización de las obras en el plan parcial Canalbión, anulado por la Justicia y que, seg ún el Cabildo de Fuerteventura, en la etapa del anterior presidente, Mario Cabrera (CC), afectaba al parque Natural de Jandía. En el mismo paquete de zonas turísticas estratégicas, la Consejería de Ordenación del Territorio mete a Morro Jable, la verdadera gallina de los huevos de oro.
Rechazo en Coalición Canaria y críticas a la “especulación”
La Consejería de Ordenación del Territorio que pilota el nuevo Plan Insular está en manos del polémico Blas Acosta, consejero a su vez de Turismo y secretario insular del PSOE. Su socio de gobierno, Coalición Canaria no ha rechazado de forma pública el nuevo planeamiento, con un documento pormenorizado pendiente de presentarse, pero en la cúpula de la organización nacionalista empiezan a surgir voces que se distancian abiertamente de las bases del nuevo PIO y apuntan a que, con estas condiciones, no se aprobará en lo que queda de mandato.
En la oposición, el portavoz de Podemos, Andrés Briansó, considera que con el nuevo planeamiento, que se tramitaría con la Ley del Suelo, se abre “una puerta a la especulación y a los pelotazos”. Briansó aboga por “limitar el crecimiento del monocultivo del turismo” en Fuerteventura y resalta que “se ha comprobado que batir récord de turistas no se traduce ni siquiera en mejores condiciones laborales para los trabajadores del sector”. También resalta que “el modelo de Fuerteventura debe pasar por el respeto y cuidado exquisito de sus recursos naturales, paisajísticos y patrimoniales”.
Alejandro Jorge, portavoz de Nueva Canarias en el Cabildo, critica que “no haya un calendario real” para la elaboración y aprobación del PIO y, en ese sentido, ha presentado una iniciativa en la Corporación insular para que se establezca. Jorge considera que, con los parámetros de aumento de la oferta turística, el documento no saldrá aprobado del Cabildo, y entiende que la ordenación de la Isla no se puede demorar otro mandato más.
El nuevo Plan Insular de Ordenación (PIO) de Fuerteventura no solo pone la alfombra roja al crecimiento turístico sino también al incremento del suelo industrial y comercial que se quiere poner en el mercado, que se pretende multiplicar casi por cuatro. En estos momentos, en Fuerteventura hay 323 hectáreas destinadas a suelo industrial y, según los propios redactores del nuevo planeamiento, se encuentra utilizado por empresa apenas un 35%. A pesar de ello, en la revisión del PIO se plantean 12 zonas industriales estratégicas con una superficie de más de 1.100 hectáreas.
El estudio del nuevo Plan Insular señala que Fuerteventura debe contar con más suelo industrial y comercial para “facilitar la diversificación” e “incrementar la competitividad” de la economía. Además, destaca que se debe aprovechar “la situación estratégica del archipiélago y su papel dentro de la región macaronésica” e incrementar las “relaciones con Europa, África y América”.
El criterio fijado en el nuevo PIO es dividir Fuerteventura en dos comarcas, norte y sur, y concentrar las áreas industriales estratégicas en los municipios de Puerto del Rosario y Tuineje. Además de la zona de Los Estancos, donde se encuentra el Parque Tecnológico, en el municipio capitalino se plantea una zona estratégica en La Hondura. El objetivo es “dar respuesta a la demanda que surgiría necesariamente en caso de que se pusiera en funcionamiento el puerto de La Hondura”, ya previsto en el planeamiento y con declaración de interés general desde hace una década, aunque sin impulso político en los últimos años. Para esta zona se definen unas 120 hectáreas.
Otra zona industrial estratégica sería Zurita, junto al complejo ambiental, con una superficie “orientativa” de 91 hectáreas. “Se trata además”, indica la documentación del PIO, “de una de las posibles localizaciones para la futura central térmica”.
En el entorno del aeropuerto se plantean hasta tres zonas estratégicas en las que desarrollar usos industriales y comerciales, para aprovechar las “ventajas” de la cercanía al aeródromo: El Matorral, al sur del actual polígono, con una superficie de unas 98 hectáreas; más al sur, en el barranco de La Muley, con otras 110 hectáreas; y en Nuevo Horizonte, hacia la costa, con 100 hectáreas más.
En el municipio de Tuineje, el actual polígono de Los Llanos de la Higuera, con planeamiento aprobado desde hace dos décadas, se encuentra ocupado en un 40%. Este espacio “se plantea como un enclave capaz de acoger las actividades relacionadas con el entorno agrícola y ganadero del sur de la Isla”. De tal manera, se indica en el estudio del Plan Insular, que se podría ampliar la superficie actual en unas 85 hectáreas.
También para el polígono de El Cuchillete se baraja “emplear los suelos” ubicados “al norte” de la actual zona industrial para que “cubra las necesidades logísticas, de almacenamiento y distribución de carácter industrial de la zona sur de la Isla”, ampliando la superficie que existe en unas 70 hectáreas. Otra de las posibles zonas industriales estratégicas en el PIO sería el cruce de Gran Tarajal, con una superficie aproximada de 65 hectáreas. En la actualidad, los terrenos son un “erial improductivo cuyo único uso relevante es la existencia de una fábrica de prefabricados”. La intención es vincular su desarrollo a la “reactivación comercial del puerto de Gran Tarajal”.
Con la misma idea se dibuja la posibilidad de una zona industrial estratégica en el Valle del Aceitún, en las proximidades del citado muelle, “puesto que la ubicación del mismo en la estructura insular favorece unas condiciones para la implantación de actividades logísticas ligadas al comercio interinsular e internacional”.
También dentro del municipio de Tuineje, en la Cañada de Agando, entre Gran Tarajal y Giniginámar, se plantea una zona industrial estratégica de 53 hectáreas para dar cabida a empresas de distribución y comercialización “vinculadas con el posible entorno portuario a ubicar en Agando”. Y otra zona, en el valle de Agando, de hasta 170 hectáreas.
Durante cierto tiempo se produjo un debate sobre dónde ubicar el nuevo puerto de interés general del Estado, siendo las alternativas La Hondura y Agando, inclinándose la balanza por el municipio capitalino. Sin embargo, en los estudios previos del nuevo PIO no se descarta del todo esta opción para el desarrollo portuario de la Isla y así se recogen las dos citadas áreas industriales estratégicas.