La convocatoria de una protesta por parte del colectivo de taxistas de Mogán, en la parada del barranco de La Verga donde se ubica el principal centro hotelero del Grupo Anfi, copropiedad del empresario Santiago Santana Cazorla, se ha saldado este fin de semana con una masiva respuesta de patronos y asalariados.
La práctica totalidad de las 173 licencias municipales se ha manifestado, tanto este viernes como este sábado, contra el intrusismo promovido por la cadena hotelera, ya que no ha podido cerrar un acuerdo con la cooperativa de taxistas para establecer los precios de las carreras que ha de abonar el Grupo Anfi a los profesionales para el traslado de los clientes de sus establecimientos.
Ante la falta de acuerdo, fuentes del sector han denunciado que Anfi promueve el intrusismo en el sector del taxi, con la connivencia del Ayuntamiento de Mogán presidido por el líder local del PP, Francisco Gónzalez. Tanto vehículos particulares sin licencia preceptiva como guaguas sin el permiso reglamentario -camufladas de rutas turísticas, con o sin guías a bordo- se han dedicado en las últimas semanas a cubrir el servicio que los taxistas se niegan a realizar por no estar de acuerdo con los precios fijos establecidos por Anfi.
En la concetración del viernes ante la entrada de Anfi del Mar, las pancartas alusivas a la connivencia entre el Ayuntamiento gobernado por el PP y Anfi, cuyo director general, Juan José Cardona, encargado de la negociación con los taxistas, fue un alto cargo del partido dirigido por José Manuel Soria, tanto en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria como en el Cabildo de Gran Canaria, se repetían como forma de protesta para denunciar también el alineamiento del grupo de gobierno municipal con la cadena hotelera.
El conflicto ha provocado que desde el grupo local de Nueva Canarias se promueva la celebración de un pleno extraordinario para abordar en exclusiva la problemática del sector, que, como rezaba una de las pancartas exhibidas este fin de semana, denuncia que las carreras se deben “pagar con euros y no con bonos”.
La dimensión del enfrentamiento entre los más de 170 taxistas con licencia y sus asalariados, de los que dependen unas 300 familias en el municipio turístico del sur de Gran Canaria, ha alcanzado tal grado que en la concetración del viernes algunos integrantes del grupo de gobierno municipal del PP se acercaron a la misma.
Fuentes presenciales y del sector no supieron aclarar a CANARIAS AHORA si la asistencia de concejales de Francisco González respondía a la solidaridad con las reivindicaciones de los profesionales o a un intento por apaciguar los ánimos que ha dejado sin servicio de taxi al municipio este fin de semana.