El principal municipio turístico de la isla de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, cierra un ciclo en materia de Urbanismo. Su hasta ahora jefe de servicio, el funcionario Víctor Pérez, ha pedido el traslado a otra área del Ayuntamiento, en concreto a Sanidad, después de una serie de desencuentros con el actual concejal del ramo, Alejandro Marichal, de Coalición Canaria (CC). El abogado experto en Derecho Urbanístico se marcha un mes y medio después de advertir por escrito a la alcaldesa, Concepción Narváez (PSOE), de la “ilegítima injerencia” del edil en la tramitación de procedimientos de su competencia relacionados con la concesión de licencias.
Este pulso con la nueva corporación, constituida hace apenas medio año, ha acabado con la salida voluntaria de un funcionario clave en la historia reciente del municipio sureño, donde genera opiniones confrontadas. Sus informes le han granjeado la admiración de sectores vinculados con la protección del territorio como ejemplo de funcionario riguroso, garante de la legalidad y parapeto contra los excesos urbanísticos, pero también el rechazo de grandes empresarios que lo sitúan como el máximo responsable del bloqueo de importantes inversiones turísticas para impulsar el desarrollo económico y la renovación de la zona.
El último capítulo antes de su marcha se ha saldado con una victoria simbólica para el funcionario, que ha visto cómo el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Las Palmas de Gran Canaria ha avalado en una reciente sentencia la tesis que defendía para negarse a conceder la licencia de edificación a dos hoteles de lujo en la exclusiva zona de Pasito Blanco. Se trata de una inversión de 120 millones de euros para la construcción de dos complejos de cinco estrellas con capacidad para cerca de 1.500 camas. El promotor es la cadena Seaside, propietaria también del Gran Hotel Residencia, que linda con el espacio protegido del oasis de Maspalomas.
Este grupo empresarial, que tiene al alemán Theo Gerlach como referente y que en los últimos tiempos ha recibido asesoramiento del exministro José Manuel Soria en gestiones urbanísticas para la adquisición de suelo en San Bartolomé de Tirajana, pretende erigir el complejo en una parcela de 160.000 metros cuadrados en Pasito Blanco. Se trata de un terreno cedido por el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento sureño como contrapartida al derribo en el año 1989 del hotel que una de las sociedades de la cadena, el Centro Helioterápico de Canarias, estaba construyendo en el singular ecosistema de las Dunas de Maspalomas.
Después de once años de tramitación administrativa, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana aprobó el pasado 26 de diciembre las licencias para la construcción de estos hoteles de la cadena Seaside. La Junta de Gobierno local dio luz verde al proyecto con un informe técnico favorable firmado por el funcionario a quien el concejal de Urbanismo encargó la tramitación del expediente en detrimento de Víctor Pérez, que había sido apartado con anterioridad.
Ese mismo día, el aún jefe de Urbanismo remitía un escrito a la alcaldesa del municipio en el que, además de denunciar esas “injerencias ilegítimas” del concejal, expresaba su discrepancia con la decisión adoptada. Pérez advertía en ese documento de que la concesión de estos permisos infringe la normativa urbanística de aplicación, ya que el promotor no ha concluido aún las obras previas previstas en el proyecto de urbanización, una de las exigencias para poder otorgarlo, al no haber ejecutado la conexión de las redes exteriores de suministro eléctrico y de saneamiento para evacuar las aguas negras.
El propio técnico que avaló con su informe la concesión de la licencia para los dos hoteles expuso en este documento que las obras de urbanización estaban “en ejecución”. También el gerente de la empresa promotora, Pablo González-Haba, reconocía en una entrevista en el periódico La Provincia que su grupo estaba trabajando junto a Lopesan, propietaria de los terrenos colindantes, para conectar la urbanización a la red de saneamiento, al tiempo que celebraba el desbloqueo de los dos hoteles por parte del nuevo equipo de gobierno y sugería que las inversiones “interesantes y beneficiosas” para la isla se miraran “con otros ojos”.
La tesis del ya exjefe de Urbanismo ha sido finalmente respaldada por una sentencia dictada por la magistrada Sagrario Tovar de la Fe el pasado 21 de enero. Esa resolución concluye que las obras de urbanización no se pueden recepcionar, es decir, no se pueden entregar la administración, si no se han concluido y si no se pueden poner en funcionamiento porque falta una pieza fundamental, la conexión a las redes exteriores de saneamiento y electricidad.
A pesar de ello, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana sostiene que esta resolución judicial llega “a destiempo”, puesto que “resuelve una situación que ya no existe, dado que el promotor desistió del recurso en vista del acuerdo al que llegó la administración y la propiedad” para autorizar una conexión alternativa a la red de saneamiento a través de la carretera GC-500, según ha afirmado Alejandro Marichal, que discrepa de la interpretación de su ya exjefe de Urbanismo y entiende que con el simple compromiso de la empresa para acometer los trabajos pendientes es suficiente para otorgar licencia de edificación.
Otros frentes
La salida de Víctor Pérez abre una nueva etapa en el área de Urbanismo que también podría repercutir en otros proyectos turísticos que llevan años empantanados y que el concejal de Urbanismo, Alejandro Marichal, se ha propuesto desatascar. Uno de ellos es el parque acuático Siam Park que el grupo Loro Parque pretende abrir en el barranco de El Veril, un proyecto que aún debe sortear el obstáculo de la doble inmatriculación de una parte de la finca en el Registro de la Propiedad. Mientras se dilucida quién es el propietario de los terrenos, si el Estado o Loro Parque, Marichal ha anunciado una bonificación del 95% de la licencia de obra mayor para la empresa que lidera Wolfgang Kiessling, una medida que ha generado serias dudas en cuanto a su legalidad y el recelo de la Asociación de Empresarios Hoteleros de Las Palmas.
El adiós del jefe de Urbanismo también puede allanar el camino a Lopesan para la construcción de un nuevo hotel en Meloneras. El grupo turístico mantiene desde hace años un litigio con el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y, más en concreto, con Víctor Pérez, en relación con la obligada cesión por parte del promotor del 10% del aprovechamiento del suelo para destinarlo a viales, espacios libres, zonas verdes y dotaciones públicas de carácter local.