Mena avaló el pago de La Mareta sin leer entero el decreto que lo impedía
José Luis Mena, exjefe de Urbanismo y ex director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del municipio grancanario de Telde, ha admitido este martes en sede judicial que avaló con un informe el pago de 13,24 millones de euros al empresario Ambrosio Jiménez con cargo a los fondos del crédito ICO sin haberse leído al completo el Real Decreto 4/2012 (de doce artículos) del Gobierno central sobre el denominado plan de proveedores, que estaba reservado a obras, suministros o servicios y prohibía el pago de intereses.
El Consistorio abonó esa cantidad al conocido empresario grancanario en concepto de indemnización por sentencia judicial, pese a que el plan no lo permitía, según puso de manifiesto el Tribunal de Cuentas en su informe de 2013.
La alcaldesa de Telde, María del Carmen Castellano (PP), y Mena han declarado este martes en calidad de imputados ante la magistrada titular del Juzgado de Instrucción 2 de Telde, Virginia Peña, por el denominado caso La Mareta, que investiga la presunta comisión de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental y desobediencia a la autoridad.
Según ha podido saber Canarias Ahora, Mena ha reconocido que el expediente de La Mareta es el más complejo que ha tramitado y ha afirmado que elaboró el informe a petición del interventor municipal, Enrique Orts (a quien la Fiscalía pide imputar), sin saber si el crédito ICO servía para pagar a Jiménez.
El exjefe de Urbanismo de Telde, condenado por otras dos causas –Grupo Europa y Los Alisios- a más de diez años de cárcel, ha señalado que su única preocupación era ejecutar la sentencia que obligaba a indemnizar al empresario y que su informe se limitaba a valorar si los créditos eran materia de contratación, como le había solicitado Orts.
Por su parte, María del Carmen Castellano ha descargado toda la responsabilidad en el interventor municipal, que era, en su opinión, el competente para decidir si se podía abonar la indemnización a Jiménez con cargo al crédito ICO del plan de proveedores. La alcaldesa ha insistido en que había informes favorables a esta operación y ha asegurado que fue la propia empresa de Ambrosio Jiménez, Promociones Horneras, quien solicitó ser incluida en la lista de acreedores y que sólo leyó el contenido del Real Decreto 4/2012 cuando fue imputada en el procedimiento.
La dirigente popular ha negado ante la juez que estuviera preocupada en particular por la deuda con el empresario, puesto que el endeudamiento del Ayuntamiento asciende a 200 millones de euros.
A su salida de los juzgados tras declarar durante algo más de una hora, Castellano ha manifestado que actuó “conforme a la legalidad” y, por ello, dijo sentirse “absolutamente tranquila” tras responder a las preguntas formuladas por la magistrada y por el Ministerio Fiscal.
“No tengo nada que esconder, todo lo que he podido aclarar lo he aclarado”, ha manifestado a los periodistas la alcaldesa de Telde, que ha insistido en que la decisión del pago a Jiménez se adoptó “conforme a las formas regulares y los informes preceptivos servidos por los diferentes departamentos” de la institución.
Siguiendo los consejos de su abogada, la regidora teldense no ha contestado a las preguntas de la acusación particular, al igual que José Luis Mena.
En el caso La Mareta también están imputados Francisco López, concejal de Urbanismo en 2012, fecha en la que se fraguó esta operación; el secretario municipal, Ángel Sutil, y el empresario Ambrosio Jiménez.
La Fiscalía también pidió la imputación del interventor municipal, Enrique Orts, después de que este declarara como testigo el día 22 de diciembre.
La rama del caso de La Mareta vinculada al pago de 13,24 millones de euros a Ambrosio Jiménez se destapó con el informe de 2013 del Tribunal de Cuentas, que detallaba que el Ayuntamiento de Telde pagó con cargo al fondo para proveedores una indemnización concedida por sentencia judicial a Promociones Horneras, propiedad del empresario. Este pago suponía la mayor factura abonada en España a través de este plan.
El origen del caso se encuentra en la denuncia presentada por el empresario Julián Gómez del Castillo contra la operación por la que, en 2005, el Ayuntamiento gobernado en ese momento por PP y Ciuca vendió una parcela de 6.500 metros cuadrados a Jiménez tras haberle quitado a Gómez del Castilo la concesión para construir, entre otras infraestructuras, un centro comercial y un hotel. Los tribunales dieron la razón a este empresario en 2011 y obligaron al Ayuntamiento a recuperar la parcela y a indemnizar a Jiménez.
El Consistorio recuperó el solar, pero una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canaria ha declarado como no ejecutado el fallo por un defecto formal.
