El pleno del Ayuntamiento de Mogán ha votado a favor de la suspensión de las medidas cautelares que dejaban sin empleo y sueldo a cuatro agentes de la Policía Local, que estaban en esta situación desde el pasado 1 de marzo.
Según explican desde la oposición, conformada por el Partido Popular (PP) y Nueva Canarias (NC), a pesar de que habían solicitado la comparecencia de la alcaldesa, Onalia Bueno, y el concejal del área afectada, Mencey Navarro, para que justificaran la apertura de los expedientes disciplinarios y la correspondiente suspensión de empleo y sueldo, la primera teniente de alcalde, la socialista Pino González, salvó a sus compañeros de gobierno de comparecer y dar explicaciones aludiendo a la ley de transparencia.
Según la oposición, querían conocer “las verdaderas razones de la apertura de este expediente, que afecta a un delegado sindical, y que aclare si el concejal Mencey Navarro ha participado activamente en la redacción y preparación de los expedientes sancionadores, tal y como parece afirmar el funcionario de Recursos Humanos que emitió la propuesta sancionadora”. No obstante, el pacto entre Ciuca y PSOE “aplicó su rodillo de la mayoría y dejó sobre la mesa ambos asuntos, para impedir su debate ante el pleno”.
Sin embargo, el gobierno que dirige Onalia Bueno no tuvo margen de maniobra y se vio obligado a acordar la suspensión de las medidas cautelares que dejaban sin empleo y sueldo a los cuatro agentes, ante los argumentos de la oposición y los autos judiciales dictados el pasado martes que dejaban en entredicho la actuación de la alcaldesa Onalia Bueno.
En otro orden de cosas, desde la oposición se incidió en la vulneración del principio de jerarquía normativa, en la imposibilidad de que un auxiliar administrativo pueda emitir informes con propuesta de resolución y en la omisión del trámite de audiencia que la ley impone en estos casos a favor de expedientados para conseguir la revocación de los decretos por ser nulos.
Tanto Maicol Santana (PP) como Isabel Santiago (NC) celebraron haber podido sacar adelante la suspensión de la medida cautelar y ahora esperan “que la Justicia haga el resto, confirme esta decisión y revoque los decretos dictados por Onalia Bueno y debilite así el estado de terror que intenta implantar entre los funcionarios municipales”.
La Justicia vuelve a dar la razón a un agente
Un asesor jurídico del Ayuntamiento de Mogán ha comparecido este jueves ante la magistrada titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Las Palmas de Gran Canaria, María Esperanza Ramírez, para pedir que se mantuviera la suspensión de empleo y sueldo con respecto a uno de los afectados, alegando “interés general”.
Tras escuchar a las partes, la jueza ha dictado un auto en el que ha vuelto a dar la razón al agente demandante. “El interés general que defiende la administración no se ve afectado por el hecho de que no se ejecute una sanción de forma inmediata a su imposición, máxime teniendo en cuenta la gravedad de la misma por cuanto priva de empleo y sueldo al afectado por un periodo de tiempo relativamente largo, seis meses”.
El auto, que mantiene la decisión de paralizar esa suspensión de empleo y sueldo, sostiene que, de mantener la tesis defendida por el Ayuntamiento, se le ocasionaría al agente “un perjuicio grave”, no solo por el trastorno económico provocado por “verse privado de su principal medio de vida, el sueldo, durante seis meses”, sino que también le causaría “un demérito en su consideración profesional que es de difícil reparación”.