Nueva Canarias (NC) ha mostrado su preocupación por la sentencia dictada el pasado 3 de noviembre por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal canario que tumba el Plan de Modernización de Costa de Mogá, por incurrir “en los mismos errores que supusieron la nulidad tanto del plan de playa de Mogán, como el de Maspalomas”.
En un comunicado, la portavoz de NC Isabel Santiago afirma que la sentencia supone la anulación de todos los planes de Modernización tramitados por los responsables políticos del Ayuntamiento de Mogán y ha recordado que dede su formación ya advirtió “desde 2015 que el plan de costa de Mogán incurría en errores de tramitación que podrían suponer la nulidad del mismo”.
Antes de la aprobación del documento por parte del Gobierno de Canarias, la formación nacionalista solicitó al pleno celebrado el 27 de marzo de 2015 que fuese revisado, para subsanar posibles defectos formales, que ahora se confirman, y que suponía pasar de los 64.000 metro cuadrados de suelo comercial a los más de 133.000 metros cuadros. “Lo que era una liberalización brutal del suelo”.
En este sentido, cabe recordar que el 8 de abril de 2015, NC presentó alegaciones ante el Gobierno de Canarias, dirigidas al entonces consejero de Política Territorial, al que advertía sobre estos extremos, pero también fueron rechazadas.
Ahora, con esta sentencia, la portavoz de NC recuerda que ya advirtió a la alcaldesa en abril de 2017 cuando prestó aprobación a los convenios suscritos con Mercadona, Mogan Mall y Tourin Europeo. Por ello, Santiago se muestra preocupada por la inseguridad jurídica en la que quedan los convenios urbanísticos aprobados, y las posibles consecuencias económicas que pueda suponer para el ayuntamiento y los inversores.
NC recordó que los recursos presentados contra este acuerdo plenario no perseguían otro objetivo que garantizar la seguridad jurídica de todas las partes, el Ayuntamiento y los promotores, de cara a evitar posibles consecuencias mayores de carácter indemnizatorio. Además, recuerda que se advirtió la falta del informe del secretario y el del del interventor, hecho reconocido por el propio secretario municipal, quien admitió errores materiales en los tres convenios.
“El grupo de gobierno de ese momento, integrado por Ciuca-Psoe optó por no resolver los recursos y aplicar el silencio administrativo negativo. Esta decisión no les exime de su obligación de responder, y genera a su vez un enorme problema a las arcas públicas y a los promotores de los nuevos centros comerciales, pues este hecho supondría que ni los convenios ni las licencias sean firmes, lo que abre la puerta a una inseguridad jurídica de la que son responsables Onalia Bueno y su entonces socia de gobierno, la actual Diputada Regional por el Psoe, Pino González”; concluye Isabel Santiago.
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