El Parlamento de Canarias se conforma con la reforma electoral aprobada en 2018

Ni una victoria ni una derrota, más bien un empate que todas las partes aceptan (por el momento). El Parlamento de Canarias convertirá en ley la reforma electoral aprobada en 2018 que acabó, a medias, con la norma de la triple paridad en el Archipiélago, una de las fórmulas de representación política más injustas de Europa. Y la mayoría de los grupos del arco parlamentario parecen compartir la misma postura: esto es lo único que se puede hacer ahora. En el futuro ya se verá.

El próximo 23 de noviembre se llevará al pleno del Parlamento autonómico la toma en consideración de la ley electoral canaria para que pueda ser aprobada de manera definitiva antes de finales de año. La intención es convertir en ley la disposición transitoria que se acordó antes de los comicios de 2019. El presidente de la Cámara, Gustavo Matos, ha asegurado que el borrador de la nueva normativa, la primera que tendrá Canarias desde 1981, ha recibido la conformidad de todas las fuerzas parlamentarias.

La reforma electoral de 2018 cuenta con tres grandes novedades. Por un lado, el número de diputados pasa de 60 a 70 gracias a la creación de la lista autonómica de nueve escaños, que da más peso a las islas más pobladas. Por otro, se otorga un representante más a Fuerteventura (pasa de siete a ocho) debido a su incremento poblacional. Y por último, se reducen los topes electorales, del 30 al 15% la barrera insular y del 6 al 4% la autonómica. Estos cambios apenas tuvieron incidencia en las elecciones del año 2019. El Parlamento canario se conformó prácticamente de la misma forma que lo hubiera hecho sin dichas novedades.

La regla, a fin de cuentas, sigue mostrando una disparidad enorme en el voto. El 17% de la población canaria elige a la mitad del Parlamento y el 83% a la otra mitad. De este modo se explica que la Agrupación Socialista Gomera (ASG), con Casimiro Curbelo a la cabeza, obtuviera tres diputados con poco más de 6.000 votos, todos ellos dentro de la isla de La Gomera. Mientras que Unidas Podemos, con 80.000 papeletas, se hizo con cuatro escaños. Tanto ASG como Coalición Canaria han rechazado una reforma electoral que entierre esta realidad.

El pasado mes de septiembre, los partidos se reunieron por primera vez esta legislatura para discutir qué hacer. El Estatuto de Autonomía fijó en octubre de 2018 un plazo no superior a tres años para elaborar la nueva ley electoral, pero eso ya se ha incumplido. La pandemia y el volcán de La Palma han funcionado como excusas a las que se han agarrado los distintos grupos para justificar por qué se ha actuado tan tarde. Con la presión popular en la nuca, ven este movimiento, el de convertir en ley la disposición transitoria, la única salida plausible antes de que acabe el año. Una modificación más ambiciosa parece improbable para los próximos años. Un paso atrás en la legislación actual, también.

Laura Fuentes, coordinadora general de Unidas Podemos en las Islas, ha afirmado que la formación morada se reunirá la próxima semana con Demócratas por el Cambio, la asociación cívica que impulsó como movimiento popular la reforma electoral en el Archipiélago, para abordar este tema. “Nosotros creemos que esto es un paso, pero no el definitivo. El inmovilismo [que ha habido hasta ahora] es interesado. No puede valer un voto 13 veces más”.

Fuentes defiende que la postura de Podemos es la misma que la de Demócratas por el Cambio. En unas jornadas celebradas este verano en el Parlamento, Vicente Mujica, el presidente de la asociación, propuso potenciar la lista autonómica con 21 escaños y reducir el Parlamento a 69 diputados. La distribución para la circunscripción insular quedaría así: Gran Canaria y Tenerife se harían con 12 representantes cada uno, Lanzarote tendría seis, los mismos que Fuerteventura y La Palma, mientras que La Gomera y El Hierro obtendrían tres cada uno.

Nueva Canarias también considera que hay espacio para una norma más democrática y representativa. Sin embargo, está satisfecho con la transposición a ley electoral que se hará con la disposición transitoria. “Nuestro criterio es que, aunque aspiramos a una reforma más ambiciosa, somos conscientes de que no hay condiciones en este momento para que se produzca. Lo fundamental era tener una ley electoral”, apunta Luis Campos, portavoz del partido nacionalista en el Parlamento.

Para alcanzar un texto que profundice en una mayor equidad en el voto sería necesaria una mayoría de 3/5 en la Cámara autonómica. Eso es inviable en estos momentos por las posturas contrarias que muestran ASG, con tres diputados, y Coalición Canaria, con 19. Campos aclara que Nueva Canarias no ha renunciado a sus pretensiones, pero debido a que el equilibrio de fuerzas no es favorable para una intentona de tales dimensiones, esta ley electoral “de mínimos” que saldrá, en principio, antes de que termine el año, es una buena noticia.

“Nosotros estábamos de acuerdo con esta vía de urgencia, pero con una única condición, no dar ni un paso atrás sobre lo conquistado. Para algunos, [la reforma de 2018] fue el primer paso para una reforma más ambiciosa, pero para otros era un primer paso que no debió darse nunca. Por lo tanto, ya es bastante consolidar la ley. Aunque aquí no se acaba el proceso”, remacha Campos.

La presidenta del Partido Popular en Canarias, Australia Navarro, pone en valor el acuerdo alcanzado porque ya fue todo un “reto” agrupar los diferentes criterios sobre cómo debía ser la nueva ley electoral del Archipiélago. “Está claro que en estos momentos nos conformamos con la reforma porque para eso la consensuamos. Pero es evidente que, si en el futuro se plantea una modificación de la futura norma, el PP (…) estará abierto a estudiar otras propuestas”.

Víctor Cuesta López es uno de los expertos que más está alimentando la bibliografía del sistema electoral canario. En su artículo Reforma electoral en Canarias: génesis, alcance, implementación e incidencia práctica, el doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), considera que, para reducir la desigualdad del valor relativo del voto entre islas, la opción más sensata sería la asignación inicial de un número concreto de escaños a cada circunscripción insular y el prorrateo del resto atendiendo a criterios demográficos.

Esta propuesta no habla de aumentar la lista autonómica, como tampoco quiere hacer el PSOE. Para ellos, según razona Nayra Alemán, portavoz del partido en Canarias, los nueve diputados son suficientes. Y el sistema de representación actual gusta en su mayoría. “El PSOE siempre ha apostado por encontrar el equilibrio entre el territorio y la población, de manera que las islas menos pobladas no se vean sin representación. En ese sentido, la reforma, con la lista regional, le daba bastante forma a lo que el PSOE siempre ha querido”. No hay abandono a una mejora. Pero “cuando se intenta negociar un texto hay que hacer renuncias”, subraya Alemán.

Sobre si ha habido tensiones o no en el Gobierno de Canarias por este asunto, Nueva Canarias y PSOE son tajantes al respecto: la ley electoral no forma parte del pacto que se alcanzó en 2019, como tampoco lo es el puerto de Fonsalía, defendido a rajatabla por Casimiro Curbelo. “A lo largo de la legislatura cada uno ha votado según su criterio. Para nosotros no es ningún problema”, sostiene Alemán. “Cuando firmamos el pacto, ya sabíamos en ese momento que las posiciones no eran unánimes”, agrega Campos.

Coalición Canaria, por su parte, recuerda que rechazó la reforma de 2019, pero que respeta el Estatuto de Autonomía y por ahora no se plantea nada más allá de eso. “Cuestión distinta”, señala, “es que las fuerzas políticas y la sociedad en su conjunto se planteen otras reformas futuras. Y por eso no está encorsetado en el Estatuto el sistema electoral, sino que será el Parlamento a través de una iniciativa legislativa quien pueda decidir otra cosa con las mayorías cualificadas requeridas”. Habrá que ver si, después de las elecciones de 2023, se abre la puerta para seguir discutiendo. Ya sea para fortalecer el modelo de representación o devolverlo al año 1981.