María del Río, presidenta del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, ha asegurado en sede parlamentaria que “no hay vida digna si el final de vida no lo es”, motivo por el que ha defendido en la Cámara regional una iniciativa para “dar pasos hacia adelante en el ensanchamiento y consolidación de los derechos en el fin de la vida, avanzando desde la teoría a la práctica” para que “con el respaldo y aval de la legislación vigente, ir superando las reticencias y el tabú de hablar de la muerte, difundiendo y dando visibilidad a los derechos subjetivos que tiene la ciudadanía en esta materia”.
Unos derechos que Del Río ha recordado que son “los de elegir, dentro de lo posible, como se quiere que sea el fin de vida, desde los cuidados paliativos al derecho a la eutanasia, ejercer el derecho a decidir la manera en la que cada persona quiere que sea su muerte es también una manera de dignificarla”.
Para ello, la propuesta defendida por Del Río (que contó con la abstención de los grupos de CC y del PP y de la diputada Vidina Espino), insta al Gobierno del Pacto de las Flores a que refuerce las acciones de formación continuada al personal sanitario, en todos los aspectos relacionados con el fin de la vida; no sólo en los referidos a capacitación técnica, sino en habilidades de comunicación, entendiendo el principio de autonomía de las personas pacientes como base de un nuevo paradigma en la relación asistencial.
Y como colofón, con el fin de “reforzar, consolidar y evaluar los avances” en relación a la calidad en el final de la vida, se propone la creación de un Observatorio de la Muerte Digna.
Un “organismo técnico multidisciplinar” que, como explica Del Río, tendrá entre sus objetivos “investigar, desde un punto de vista integral, bio-psico-social, la calidad de la muerte en el territorio, tanto en el ámbito municipal, insular como autonómico, garantizando la difusión de los derechos al final de la vida entre la ciudadanía, especialmente el derecho al alivio al sufrimiento con cuidados paliativos, el derecho a que se respete la voluntad expresada en el testamento vital, Manifestaciones Anticipadas de Voluntad (MAV) y el derecho a la eutanasia”.
“En definitiva, un organismo que sirva para vigilar que se cumplan las leyes que garantizan la dignidad en el proceso final de vida proponiendo medidas para mejorar la calidad de la muerte”, concluye.