El Grupo Parlamentario Podemos Canarias, ha conseguido el apoyo unánime de la Cámara regional para ordenar al Gobierno regional a “paralizar el proyecto de decreto que regula el reconocimiento de la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones y del sistema para la autonomía y atención a la dependencia de las personas” y “establecer un Plan”, dotado con 100 millones de euros, “para que el procedimiento sea ágil, garantista y ofrezca una respuesta real a las necesidades de las personas dependientes en Canarias”.
Concepción Monzón, diputada regional de la formación morada que ha defendido una moción consecuencia de la interpelación que hizo al Gobierno en la sesión plenaria del pasado 12 de diciembre con el fin de “dar soluciones a todos los problemas que actualmente tiene el sistema de dependencia”, ha insistido en la necesidad de “dotar de los medios humanos para mejorar los ratios y, por tanto, los tiempos de resolución y de medios materiales suficientes para mejorar y facilitar la gestión de los expedientes” y acabar con la actual lista de espera.
Precisamente, la diputada de la formación morada había incidido en que a la carencia de medios humanos había que unir el déficit en medios materiales, más agudizados en las islas no capitalinas, y que son necesarios para agilizar cualquier procedimiento a fin de “evitar embudos o al personal obligado a dedicar mucho tiempo a cuestiones que podrían resolverse más ágilmente con los medios necesarios”.
La iniciativa de Podemos Canarias aprobada este miércoles, cuyo contenido final ha sido negociado con todos los grupos de la oposición, también incide en que “el procedimiento garantice la objetividad en el reconocimiento de grado, con un uso válido, objetivo y fiable de las escalas de valoración, y que se mantenga la valoración como primera fase del procedimiento dentro de las funciones” de la Comunidad Autónoma.
Servicio propio de información
Asimismo, el Gobierno deberá “crear un servicio propio de información de dependencia, dotarlo de un gestor de expedientes” y desarrollar dotación presupuestaria “con carácter específico y continuado a nivel municipal”, para poder “asumir las competencias en materia de dependencia, y así poder hacer frente a la elaboración de los Informes Sociales, para que éstos se hagan en coordinación con los Servicios de Dependencia y una vez haya sido dictaminado el Grado de Dependencia”.
“Lo que se requiere es que se implanten todas las piezas del engranaje del sistema de dependencia, que se analice la actual situación desde el debate con todos los agentes y entre todos los sectores implicados para mejorar el sistema de dependencia, pero garantizando los derechos de las personas en todo el procedimiento”, ha defendido Monzón.
Para la diputada, “no se puede decir que la implantación del Decreto de 2008 requiere de una revisión”, como pretendía el Gobierno, “porque el mismo realmente no se ha implementado”, pero sí que “necesitamos un plan real que contenga soluciones a todos los problemas que actualmente tiene el sistema”.