Los expresidentes Paulino Rivero (CC) y Román Rodríguez (NC) se han sumado a las organizaciones ecologistas, sociales, sindicales y políticas que se han constituido en plataforma para oponerse a la Ley del Suelo promovida por el Gobierno de Fernando Clavijo (CC).
Bajo el lema Canarias no es un solar, los integrantes de esta plataforma exigen que se retire el anteproyecto de Ley del Suelo y se inicie “un proceso amplio de auténtica participación ciudadana que defina el marco legal adecuado para conseguir un modelo territorial más duradero, compartido y sostenible”.
Fernando Gómez Aguilera, director de la Fundación César Manrique, institución tradicionalmente ligada a la protección del medio ambiente, ha asegurado que esta propuesta de nueva Ley del Suelo supone “una alteración drástica del modelo territorial en Canarias y recupera ideas caducas con una economía basada en el cemento y en la burbuja inmobiliaria”.
La norma concibe el territorio “como una mercancía, no como un bien escaso e impulsa negocios especulativos y efímeros” que darán lugar a una nueva burbuja inmobiliaria, ha asegurado Gómez Aguilera durante una rueda de prensa para presentar la plataforma.
Entre los integrantes de la plataforma están los partidos políticos Nueva Canarias, Podemos, Izquierda Unida, Equo y Sí se Puede; los sindicatos UGT, CCOO, Intersindical Canaria, Frente Sindical Obrero de Canarias (FSOC) y Comisiones de Base; organizaciones ecologistas como la Federación Ecologista de Canarias Ben Magec y otras; y federaciones vecinales, además de numerosos profesionales de diversos sectores.
Asimismo, la integran varios diputados del Parlamento de Canarias, diversos consejeros de cabildos insulares y alcaldes y concejales de varios municipios, entre otros.
El director de la Fundación César Manrique ha criticado que el anteproyecto de la Ley del Suelo tiene “una posición política muy ideológica que excluye a amplios sectores de la sociedad” y ha asegurado que tendrá un gran impacto sobre el paisaje y permitirá proyectos de ocio y turísticos en suelo rústico.
Según Gómez Aguilera, la Ley del Suelo conseguirá un efecto inverso al que pretende de lograr de una mayor seguridad jurídica, pues “será fuente de conflictos” y conllevará la paralización de proyectos.
En su opinión, la agilidad administrativa no debe supone menos garantías ni conllevar más desigualdad y discrecionalidad.
El representante de la Federación Ecologista Ben Magec Ecologistas en Acción Eugenio Reyes ha destacado la necesidad de que se pare el proceso de tramitación del anteproyecto de la Ley del Suelo actualmente en marcha, se vuelva al momento inicial, y se abra un debate, con el fin de que todos los ciudadanos puedan participar en él, pues “el territorio es de todos los canarios, no sólo de los empresarios”.
La plataforma publicará un manifiesto en contra de la ley el próximo 30 de mayo, Día de Canarias, y divulgará su oposición a ella coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio.
A juicio de Reyes, el Gobierno de Canarias actúa con celeridad en la tramitación de la ley porque se pretende “un mazazo sobre el modelo, con un golpe rápido y efectivo, para luego aprovechar las plusvalías”, pero la sociedad canaria todavía puede expresar su opinión y oposición a una ley que afectará a toda la sociedad.
El secretario insular de CCOO en Gran Canaria, Antonio Pérez, considera que “hace falta más tiempo, pues está en juego el futuro”, y ha defendido que la Ley del Suelo no generará más empleo, al contrario de lo que asegura el Gobierno.
Pérez ha denunciado que con la nueva norma, la planificación del territorio dejar de ser global y queda a la suerte de cada uno de los municipios.