El Grupo Parlamentario Podemos ha advertido de que en caso de que el Parlamento de Canarias dé este martes luz verde a la Ley de los Barrancos de Güímar, también conocida como Ley Plasencia, los presupuestos de la Comunidad Autónoma se verían comprometidos.
La diputada de la formación morada, Concepción Monzón, ha explicado que tras estudiar esta ley presentada por el Cabildo de Tenerife para regenerar los barrancos saqueados por los empresarios areneros, y tras analizar detenidamente la sentencia del caso Áridos y los informes jurídicos y técnicos, su grupo votará en contra de la propuesta.
“El grupo no puede aprobar esta iniciativa porque consideramos que hay que dar solución al desastre medioambiental pero por otra vía que garantice la ejecución de la sentencia y no comprometa los presupuestos de la Comunidad Autónoma”, sostiene Monzón.
La diputada afirma que su formación comparte el objeto de la iniciativa legislativa, que es rehabilitar los barrancos de Güimar, “pero creemos el Ejecutivo no debe asumir la carga financiera que ocasionaría el cambio del uso del suelo, por la responsabilidad patrimonial que asumiría, por la extinción de los títulos mineros”.
“Que la Audiencia Provincial quiera conocer el trámite de la Ley para saber cómo afectaría a la ejecución de la sentencia nos hace sospechar de que la aprobación de la iniciativa podría condicionar esa ejecución”, recalca Monzón.
Así mismo, la diputada cree que la disposición transitoria segunda abre la posibilidad de aprobar el proyecto anunciado por la alcaldesa del PP de construir infraestructuras turísticas, “premiando así a quienes han ocasionado este desastre”.
Monzón también recuerda que tres Consejerías del Ejecutivo regional han emitido informes desfavorables a esta ley, “sin embargo el Consejo de Gobierno de Canarias dio el visto bueno a su tramitación, condicionándolo a que no genere ningún perjuicio económico para las arcas públicas, algo que no sabemos cómo se va a evitar”.
Los informes jurídicos y técnicos de este asunto detallan que “la extinción de los títulos mineros incluidos en la iniciativa podría ser inconstitucional porque el Tribunal Constitucional ha declarado varias veces que la limitación de la actividad extractiva por normas autonómicas viola la Ley de Minas vigente”.
Éstos también señalan que es excesiva la utilización, por parte del Cabildo de Tenerife, de una herramienta como es una ley autonómica para un asunto que es competencia insular. “Una institución que pide más competencias en otras materias y que no ejerce las que le corresponde, derivando las consecuencias en la Comunidad Autónoma”, opina la diputada.
Por último, Monzón también señala que la propia acusación particular entiende que la iniciativa legislativa podría aprobarse pasados los dos años “que es el tiempo que tienen los empresarios condenados para hacer efectiva la regeneración del terreno”.