Podemos Canarias acudirá a los tribunales para denunciar los incumplimientos de la Consejería de Sanidad del Gobierno regional en relación con las listas de espera y los conciertos con las clínicas privadas. La formación morada presentará el próximo jueves en los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria un recurso contencioso-administrativo contra la “inactividad” del Ejecutivo con respecto a sus obligaciones en estas dos materias.
Según explica Mila Hormiga, responsable del área de Sanidad de Podemos, el partido ha decidido dar este paso tras haber agotado “todas las vías políticas” sin encontrar respuestas por parte de la consejería que lidera desde hace casi dos años José Manuel Baltar, que accedió al cargo en 2017, tras la ruptura del pacto de gobierno entre CC y PSOE, desde la gerencia del principal grupo hospitalario privado de la isla de Gran Canaria, San Roque.
Podemos sostiene que la Consejería de Sanidad ha incumplido su obligación de desarrollar a través de un reglamento el decreto 105/2006, de 10 de julio, que regula la homologación de los hospitales privados, un requisito indispensable para aquellos que aspiren a recibir pacientes de la sanidad pública. El partido recuerda que Canarias mantiene en vigor convenios con clínicas que no cumplen “ni de lejos” las exigencias mínimas (técnicas y económicas) requeridas en esa orden de homologación de 2006, revisada en marzo por Baltar para conceder un año más de plazo a los centros para acreditar esas condiciones que debían cumplir desde hace doce.
La ausencia de desarrollo normativo deja a estos convenios en “un limbo jurídico”, dice Hormiga, que cree que se trata de una actuación “premeditada” de la Consejería de Sanidad. “No sabemos realmente lo que se está gastando en los conciertos. Sabemos lo que se gastan a nivel de presupuestos, pero lo real no lo podemos saber, porque no hay normativa que lo especifique”, señala la también consejera del Cabildo de Tenerife.
A ello se le une, según la formación morada, el incumplimiento de la normativa de aplicación para los conciertos sanitarios que se mantienen en vigor, algunos de ellos firmados en la época preconstitucional, a finales de los años sesenta y principios de los setenta. Podemos alude a la revisión de la Ley de Contratos con la Administración Pública de 1999, que limitó a diez años la duración máximo de los contratos de prestación de servicios sanitarios. A pesar de ello, Canarias sigue manteniendo conciertos de hace más de 50 años.
El área de Salud de Podemos sostiene que en este tipo de convenios no cabe la “prórroga tácita”, puesto que su duración debe ceñirse al plazo que marca el contrato inicial. Por ello, considera que la fórmula utilizada por la Consejería de Sanidad para mantener los conciertos solo puede enmarcarse en dos supuestos: que se trate de prórrogas indebidas, al margen de la normativa de aplicación, sin transparencia económica ni control en el gasto y, por lo tanto, nulas, o que se entiendan como contratos nuevos, en cuyo caso se vulnerarían los principios de igualdad, publicidad y concurrencia al no haberse celebrado procedimiento alguno para adjudicarlos. La formación morada denuncia además que algunas clínicas prestan servicios sin convenio.
En relación con las listas de espera para operarse, Podemos mantiene que el Gobierno de Canarias incumple la orden de mayo de 2003 por la que se establecen los plazos máximos de respuesta para determinadas intervenciones quirúrgicas a cargo del Servicio Canario de Salud (SCS) y un decreto de junio de 2006 que define el sistema de organización, gestión e información de las mencionadas listas. “Por ley está determinado un plazo concreto para cada operación o para que vayas a un especialista, pero constantemente vemos que esos tiempos no se cumplen y que hay pacientes que llevan años en las listas”, explica Hormiga, que ve en estos retrasos un intento de “desmantelar lo público para privatizar la sanidad”.
“Desde Podemos apostamos por un modelo diferente de Sanidad. Este modelo no defiende el patrimonio de todos, que es la sanidad pública. Han inoculado el virus del ánimo de lucro que nos lleva a la descapitalización del sistema, es una privatización obscena”, concluye.
Intersindical Canaria ya presentó el pasado mes de marzo una demanda contra la Consejería de Sanidad por las irregularidades en la concertación sanitaria, aunque en ese caso la acción judicial se dirigía contra el “silencio administrativo” del Ejecutivo regional y no contra la ausencia de desarrollo normativo de la orden de homologación firmada en 2006.