Los sindicatos de la Policía Local -IC, CCOO, UGT y CSIF- en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria han acordado promover un encierro en un lugar aún por definir para protestar por la “falta de respeto” del gobierno municipal que preside Jerónimo Saavedra “por no cumplir con los acuerdos” firmados en septiembre pasado.
Las reivindicaciones de los agentes se plasman en un documento que se ha hecho público este jueves.
En el documento, los sindicatos firmantes denuncian que el gobierno local de mayoría socialista no ha sido capaz de promover nuevas plazas de agentes “tan necesarios para esta ciudad”, ni tampoco de poner en marcha la segunda actividad, creando plazas para policías mayores de 57 años.
Pero los sindicatos también advierten de la incidencia para la población en general de la falta de medios con que cuentan, como la falta de coches patrulla, un asunto que formó parte del largo conflicto que los guardias mantuvieron durante el pasado mandato, con una fuerte presión contra la entonces alcaldesa, Pepa Luzardo.
En este sentido, la denuncia más grave de los agentes hace referencia a las armas, asegurando que “nos han dejado indefensos ante una actuación policial seria al prohibirnos el uso de elementos de defensa que no causen daños graves”.
Los agentes apuntan su temor de que la falta de ese tipo de armamento traiga consigo que “llegue el día en que no haya más remedio que hacer uso del arma de fuego con sus posibles consecuencias”.
Los representantes de los guardias exigen al gobierno local que “antes de que finalice este mes” se solventen las deficiencias y, a su juicio, los acuerdos incumplidos por parte del gobierno local para evitar el eventual encierro con el que amenazan.
Esta medida del encierro, por otra parte, se ha llevado a efecto en contadas ocasiones en los últimos 30 años, desde que se instauró la democracia en los ayuntamientos españoles. Una de ellas fue en las dependencias municipales, a principios de la década de los 80, cuando la corporación dirigida entonces por el alcalde socialista Juan Rodríguez Doreste,designó a un alto cargo de la Guardia Civil como director general del cuerpo, provocando un fuerte malestar en el colectivo.