El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha presentado este viernes Día del trabajo un pacto de reconstrucción económica y social para la comunicad autónoma, una de las menos afectadas por la crisis sanitaria pero de las más perjudicadas por la económica, debido a su dependencia del turismo y el sector servicios. Se trata de un plan para el que se necesitan 14.250 millones de euros y con el que se pretende que ningún municipio se quede atrás. Por ello, la prioridad será mantener el Estado de Bienestar teniendo en cuenta que se trata de una de las regiones más lastradas por la pobreza.
“La información estadística que empezamos a acumular desde que se declarase el estado de alarma no hace más que corroborar las previsiones adelantadas entonces. La crisis sanitaria, y su manifestación a nivel global en forma de shocks de demanda y de oferta, han repercutido con especial virulencia en la economía canaria, muy dependiente del exterior y con una estructura productiva muy concentrada en la actividad turística”, señala el informe. De él también se destaca que, según datos del ISTAC, la caída del PIB canario para 2020 oscilará entre el 20,4% y el 32,3%.
En el documento se refleja que el objetivo es que la comunidad autónoma contribuya con 8.712 millones de euros (gran parte procede del presupuesto con el que ya contaba la comunidad autónoma), y que el Estado aporte 5.537 millones, entre cantidades ya anunciadas y otras a negociar.
Ángel Víctor Torres subraya que se trata de un pacto necesario en el que albergar a todos los los partidos políticos y que pretende firmarse el 30 de mayo. Está fundamentado en cinco pilares básicos: defensa del estado del bienestar, de los derechos sociales, potenciar la sanidad frente a la COVID-19, defender a las familias más vulnerables, activar mecanismos para que no se pierda empleo y la reactivación económica.
¿Cómo se distribuiría el dinero?
De acuerdo a la propuesta del pacto de reconstrucción, el Estado aportaría 3.600 millones de euros para préstamos a las empresas y autónomos, 984 millones para expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), 283 millones para inversión pública en infraestructuras y 232 millones para la Renta de Ciudadanía en las islas.
Según recoge Efe, el Gobierno debería conceder 84 millones de euros para políticas de apoyo a trabajadores autónomos, 70 millones destinados al apoyo de transporte de mercancías, 42 millones al Plan Integral de Empleo de Canarias y 14 millones para el refuerzo de la capacidad sanitaria, entre otras partidas.
Por su parte, la comunidad autónoma destinaría 5.635 millones de euros al mantenimiento de los servicios públicos fundamentales, de manera que se el nivel del gasto en sanidad, educación y servicios sociales no se reduzca.
También se establece una partida de la administración autonómica de 1.008 millones para inversiones públicas en infraestructuras, 540 millones en concepto de aplazamiento de impuestos, 400 millones para la agilización de la inversión privada y 330 millones para préstamos a las empresas y los autónomos.
Igualmente, se destinarían 44 millones a la Prestación Canaria de Inserción y 6 millones al Ingreso Canario de Emergencia, como fondos más destacados.
¿Cuáles son las prioridades?
El mantenimiento de los servicios públicos fundamentales es la prioridad. Entre ellos, destaca la sanidad, educación y derechos sociales, como la atención a la dependencia y la política de vivienda. Así mismo, se pretende realizar un refuerzo de las capacidades sanitarias y sociosanitarias de las islas, con la relevancia que adquieren ambos aspectos.
En el documento se destaca la necesidad de apoyar a las personas vulnerables, “que serán las principales víctimas de estas crisis y las que requieren mayor dedicación por parte de las autoridades para garantizar que nadie se queda por el camino”, según el Gobierno.
Otro de sus objetivos es el mantenimiento y la recuperación del empleo, “con la intención de limitar que los efectos coyunturales de esta crisis se manifiesten en consecuencias permanentes y se amplíe el colectivo de personas vulnerables”.
Asimismo, se pretende el impulso de la actividad económica, “para devolver cuanto antes a Canarias a la dinámica de prosperidad compartida a la que todos aspiramos”, confía el Gobierno.
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