Del primer sistema público de cultura a la Ley de Presidencia: retos al final de legislatura del Parlamento canario

El Parlamento de Canarias afronta la recta final de legislatura con el reto de sacar adelante un total de siete leyes, así como el posible trámite de dos iniciativas legislativas populares. Entre las más ambiciosas de las normas se encuentra la de garantizar un sistema público de cultura, que sería la primera comunidad en promoverlo, pero también se recoge la ley de accesibilidad universal o la de universidades populares. Otras han llevado su tramitación con cierta polémica, como la Ley de Presidencia o la de Bienestar Animal. No obstante, la Cámara Regional reinicia en unos días su actividad de 2023 después de haber sido referencia nacional en cuanto a nivel de consenso en una legislatura que además finalizará con metas logradas y habiendo sacado adelante importantes leyes por unanimidad, como la Renta de Ciudadanía o la ley trans y otras por amplio consenso o que son clave para el Archipiélago, como la de cambio climático. También, destaca por ser una institución que no cerró durante la pandemia y por su rápida adaptación telemática para que continuara la celebración de comisiones. 

Tres de las normas que tiene pendientes el Parlamento han sido propuestas por el Gobierno de Canarias. La primera es una modificación de la polémica Ley del Suelo de Fernando Clavijo (CC), que ya ha sufrido cambios esta legislatura con el objetivo de agilizar trámites. Además, contempla la Ley de Presidencia, cuya finalidad es regular “el estatuto y atribuciones del presidente o presidenta, así como de la organización, régimen jurídico y funcionamiento del Gobierno de Canarias y de sus relaciones con el Parlamento”. Así mismo, prevé corregir las deficiencias, insuficiencias y carencias de la Ley 1/1983, en vigor desde hace cuarenta años e impulsada durante el Parlamento provisional. Su tramitación ha estado acompañada de acusaciones de supuestos sueldos vitalicios a expresidentes, algo que ha sido desmentido por el presidente regional, Ángel Víctor Torres, que ha aclarado que está “absolutamente en contra” y que las personas que hayan ocupado este cargo cobrarán siempre que presten un servicio a la sociedad. 

Otro de los proyectos que emanan del Gobierno es la ley de Políticas de Juventud, cuya finalidad es garantizar que las personas jóvenes dispongan “de la autonomía necesaria para llevar a cabo, en igualdad de condiciones, su proyecto de vida” y garantiza el presupuesto para esta área en todos los niveles institucionales. La norma incorporará la ejecución del Primer Plan Integral de Políticas de Juventud, que tendrá carácter transversal. 

El primer sistema público de cultura y otras proposiciones

Un total de cuatro proposiciones de ley también se recogen entre las cuentas pendientes de la Cámara Regional. Entre ellas destaca el Sistema Público de Cultura, ya que Canarias se convertirá así en la primera comunidad en articularlo y con él pretende blindar el presupuesto cultural autonómico hasta llegar al 2% en 2030. El texto recalca “la función social de la cultura asumida como gran principio jurídico”, lo que implica reconocer la trascendencia de la cultura en la construcción de las personas y en la construcción social. Una de sus máximas es la de crear una red de colaboración, cooperación y coordinación entre entes públicos e instituciones. 

En diciembre de 2021 comenzaba el trámite parlamentario de otra de las futuras leyes, la de Protección Animal, que llega casi al mismo tiempo que la estatal. En Canarias, las críticas de expertos ambientalistas han resaltado sobre todo la protección de colonias de gatos, por considerar que va en detrimento de la conservación de la biodiversidad. Los animalistas como PACMA también presentaron alegaciones como reconvertir zoológicos y prohibir la caza. En marzo de 2021, el Gobierno de Canarias tuvo que aclarar que la ley no permitirá cazar gatos, como había denunciado un senador de Compromís. 

Otra de las leyes ambiciosas es la de accesibilidad universal, que pretende configurar un marco normativo más ágil para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad. Establecerá mecanismos para hacer más accesible edificios, espacios, transporte… de manera que se garantice la autonomía de las personas con discapacidad. Así mismo, en estos meses se terminará de tramitar la Ley de Universidades Populares de Canarias, con el objetivo de regular su desarrollo en las Islas. 

Iniciativas legislativas populares

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la protección del arbolado urbano fue defendida en el Parlamento el pasado verano. Logró más de 18.000 firmas, frente a las 15.000 que se requerían para tener en cuenta esta propuesta en la Cámara regional. Domingo Afonso (portavoz de la promotora que impulsa esta ley) destacó entonces que lo fundamental de ella es prohibir las talas, de manera que únicamente se efectúen por razones justificadas de seguridad. En el resto de casos, defiende que la alternativa debe ser trasplantar.  

En el texto se recuerdan muchas de las ventajas de los árboles como el hecho de que aportan sombra y beneficios para la salud, producen oxígeno, capturan CO2, regulan las temperaturas… También se aboga por la creación de un catálogo de árboles protegidos así como la prohibición de la poda drástica que altere más de un tercio la longitud de las ramas del árbol. Durante el pleno en el que se acordó tramitar esta iniciativa, el presidente del Parlamento, Gustavo Matos, recordó que han sido escasas las ocasiones en las que las ILP “se hacen hueco en la vida parlamentaria”.  Otra ILP pendiente es la del Turismo, promovida por afectados por la ley turística y que en diciembre se pidió prorrogar la recogida de firmas.