Incrementos de hasta el 100% en el precio de las camas concertadas, pliegos y órdenes a la medida de los intereses de las clínicas privadas o una subida del 51% en la derivación de intervenciones quirúrgicas a la empresa de donde procede el consejero de Sanidad. El PSOE ha denunciado este miércoles en el Parlamento de Canarias una serie de actuaciones acometidas por el actual equipo de la Consejería, liderado por José Manuel Baltar, exdirector de Operaciones de Hospitales San Roque, que estarían encaminadas a “beneficiar” a su antigua compañía y al sector privado con fondos públicos.
Patricia Hernández, portavoz socialista, ha explicado en la Cámara que los pliegos del concurso para renovar los conciertos sanitarios de hospitalización de media estancia, publicados el pasado mes de marzo, contemplan en el lote 2, reservado para pacientes convalecientes de baja exigencia, unas subidas de precio con respecto a las tarifas actuales que se sitúan en una media del 60%, aunque en algunos casos llegan hasta el 100%, es decir, a doblar el coste de la cama por día.
En los conciertos vigentes, esos precios oscilan entre los 60,71 y los 128 euros, en función de la categoría de los hospitales y de las especificidades de los contratos, algunos de ellos firmados en la época franquista, y de las sucesivas revisiones de tarifas. En la licitación, la Consejería de Sanidad fija para los dos primeros meses un precio de 130,61 euros por día y, a partir del tercero, de 118,21 euros.
En el lote 1, destinado a la derivación de pacientes agudos de alta exigencia, el incremento es inferior. Los pliegos establecen una tarifa de 161,95 euros para los primeros días y de 146,58 euros a partir del tercer mes, aunque este último precio es de casi imposible aplicación, puesto que implicaría que un usuario debería permanecer hospitalizado más de 60 días con un cuadro agudo que, según expusieron las propias clínicas privadas en sus alegaciones, se suelen resolver en un máximo de 15. En la actualidad, Sanidad paga estas camas a un máximo de 154,8 y a un mínimo de 128 euros por día.
En la sesión de este miércoles, Patricia Hernández ha acusado al consejero Baltar de retrasar un año el expediente del concurso y de convocarlo de forma urgente “para que no le pille” la nueva ley de contratos públicos. La portavoz socialista recordó que el consejero afirmó en el pleno celebrado el 11 de julio de 2017 que los pliegos ya estaban culminados y que, a pesar de ello, no ha sido hasta marzo cuando se han publicado.
También cuestionó el hecho de que en el lote 2, de pacientes convalecientes, se licitaran 390 plazas en Gran Canaria y tan solo 27 en Tenerife, una decisión tras la que, dijo, no había que buscar razones insularistas, sino un interés en plegarse a “las necesidades de las empresas privadas”. “¿Por qué hay más convalecientes en Gran Canaria que en Tenerife? ¿Sacará plazas fuera de concurso en Tenerife? En Gran Canaria coinciden las estancias contratadas con las que saca a concurso. En Tenerife, es evidente que no”, aseveró.
José Manuel Baltar, que se ha abstenido de intervenir en el procedimiento “por razones éticas” (la convocatoria está suscrita por el consejero de Agricultura, Narvay Quintero), ha atribuido la responsabilidad de esa subida de precios al equipo técnico encargado de revisar los conciertos y a un informe elaborado por el área económica del departamento. Según el consejero de Sanidad, ese incremento en el lote 2 (asegura que en el 1 las tarifas se congelan) responde a que se han “cuadruplicado las exigencias” a las clínicas privadas, en apartados como el tratamiento de complicaciones, el farmacológico, la rehabilitación y la fisioterapia o la alimentación según dieta prescrita. “Antes no se exigía prácticamente nada”, ha defendido.
En su turno de réplica, Patricia Hernández ha recordado que Baltar ha firmado recientemente una orden que cambia una anterior, de 2006, que recoge los criterios de calidad exigidos a las empresas para homologarse, uno de los requisitos para poder recibir pacientes de la sanidad pública. Ese documento, que a diferencia del concurso sí está firmado por el consejero, “no modifica para mejorar la de 2006, sino que la empeora”, sostiene la socialista. La orden de 2018 da una prórroga de un año a los hospitales privados para acreditar que disponen de aire acondicionado y de un máximo de dos camas por habitación, condiciones que ya estipulaba la de 2006. Además, elimina el requisito de disponer de licencia de apertura y modifica la redacción de algunos artículos.
Compatibilidad del consejero
Baltar también se ha defendido de las acusaciones y dudas expresadas tanto por el PSOE como por el PP, a través de Zacarías Gómez, sobre su participación en la mencionada orden de homologación. “No intervengo en los pliegos del concurso porque puede participar la empresa de donde procedo, Hospitales San Roque, pero sí regulo las condiciones de calidad (…) porque no solo los pacientes públicos acuden a clínicas privadas”, ha manifestado el consejero, que se ha mostrado convencido de que ha actuado conforme a la legalidad: “No he firmado lo que no me correspondía ni me he inmiscuido en lo que no debía, pero avalaré el resultado que la mesa de adjudicación tenga a bien tener”.
“Trabajé 16 años en la función pública y me tuve que ir. Me fui donde me dieron trabajo, en la privada, pero he trabajado con la misma honestidad. Sugerir otras cosas no me parece correcto”, ha respondido a la socialista Hernández, que minutos antes le había preguntado si no incurría en causa de incompatibilidad al modificar condiciones que afectan directamente a ese concurso y si se había abstenido para “subir las intervenciones quirúrgicas un 51% a San Roque”.
La portavoz del Grupo Nacionalista, Guadalupe González Taño, también ha salido en defensa del consejero acusando al PSOE de “hacer demagogia de la peor, jugando con la Sanidad” y de hablar desde “la envidia política de la buena gestión” del consejero, quien, según la portavoz de CC, tiene “todo el derecho a volver a su empresa privada” de manera inmediata a su salida del Gobierno.