Quince imputados por el caso Emalsa
La coordinadora de la sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, Eva Ríos, ha denunciado a quince personas en relación al caso Emalsa, qpe investiga la comisión de delitos societarios vinculados a una serie de contratos de obras y servicios, operaciones de compra-venta y remuneraciones complementarias de ejecutivos de los socios privados de la sociedad (Saur y Sacyr-Valoriza) que, a juicio de la fiscal, han originado un evidente perjuicio económico a la empresa.
Entre los denunciados se encuentran Rafael González Bravo de Laguna, ex director general de Sercanarias, y Juan Miguel Sanjuán, presidente de Satocan. Estas dos empresas centran buena parte de la denuncia del Ministerio Público. El escrito de Eva Ríos analiza 19 contratos de Emalsa con Sercanarias, empresa participada en un un 50% por Saur y Sacyr-Valoriza, de los que concluye que la operativa contractual entre ambas sosciedades “distaba mucho de llevarse a cabo conforme a unos mínimos parámetros de rigor”.
La fiscal también incluyó en su denuncia la transferencia de 1,3 millones de euros realizada por Emalsa a Sercanarias el 21 de abril de 2010, un día después de la publicación de una sentrencia que avalaba la readjudicación del 66% de las acciones de la sociedad a Saur y Sacyr-Valoriza, para que pudiera pagar una opción de compra sobre una nave de Los Tarahales propiedad de Seguridad Integral Canaria valorada en algo más de 5 millones de euros.
Esta operación fue precisamente la que dio origen a la denuncia presentada en Francia por el expresidente de Saur contra dos directivos de Emalsa, José Luis Rubio Días de Tudanca y Pablo Abril-Martorell Hernández, que son otros dos de los denunciados por la Fiscalía de Las Palmas.
Por su parte, Juan Miguel Sanjuán, presidente de Satocan, es también miembro del Consejo de Administración de Emalsa y dueño de las tres plantas del edificio situado en el Centro Comercial Las Ramblas donde se ubica la sede de Emalsa. El nmueble, por el que la empresa paga 79.000 euros mensuales, no se utilizó durante dos años.
El resto de denunciados por la fiscal son Gerard Thierry, José Manuel Calderoso, Guy Furnier, Jesús Blanco, Laura Rivero, Olivier Brousse, José Luis Pérez, Pierre José Claude, Alfonso Díaz, Pedro José Higueras y José Julio Artiles.
